EN BREVE se definirá si se da luz verde a pedido de “impeachment” contra Dilma

Tensión por la amenaza de juicio a Rousseff

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil postergó hasta la semana próxima su decisión acerca de si acepta o no un pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por irregularidades en las cuentas públicas del 2014.

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La mandataria brasileña, Dilma Rouseff, es acusada por la oposición. Foto: Reuters.

Eduardo Cunha "va a esperar hasta la semana que viene para poder tomar la decisión", informó un asesor de la Presidencia de la Cámara, luego de que la Corte Suprema ordenara cambiar la forma en que deben ser tratadas esas solicitudes.

La mandataria había puesto en alerta a todo su gabinete para cohesionar su base de apoyo en el Congreso y bloquear la iniciativa que impulsa el opositor PSDB (centro), derrotado ajustadamente por Rousseff en las elecciones de hace apenas un año.

Cunha es el rival político más poderoso del gobierno de Dilma. De gran predicamento dentro del PMDB, partido de centro aliado de Rousseff, se declaró opositor después de ser denunciado por la justicia por cobrar un soborno de 5 millones de dólares para facilitar un negocio en el megaescándalo de la estatal Petrobras.

El diputado evangélico adujo entonces que detrás de esa denuncia estaba la mano del gobierno para desprestigiarlo.

Como presidente de la Cámara, Cunha es el encargado de dar luz verde o archivar los pedidos de juicio político contra la presidenta.

La Corte declaró inviable ayer que, en caso de que el presidente de la Cámara rechace la solicitud, la oposición pueda presentar un reclamo para tratar la cuestión en el plenario.

Por tanto, Cunha deberá decidir en soledad.

De dar lugar a un proceso de impeachment (como se le conoce al juicio político) se debe pasar por la evaluación de una comisión y luego lograr el apoyo de dos tercios de los diputados. Recién ahí Rousseff sería apartada del cargo y será la Cámara de Senadores —donde el gobierno tiene mayoría— la encargada de juzgarla.

"El impeachment es una cuestión jurídica. Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con la ruptura institucional. El impeachment sólo se justifica si hay fundamento jurídico, y no hay fundamento jurídico", indicó el ministro portavoz de Rousseff, Edinho Silva, tras una serie de reuniones en Brasilia.

Motivos.

La iniciativa apoyada por el PSDB para desbancar a Rousseff se basa en un análisis de la auditoría de la República, que considera que el gobierno maquilló las cuentas públicas para dar idea de una mejor gestión a la población.

Según esa auditoría, el Gobierno omitió en sus balances deudas por 106.000 millones de reales (27.894 millones de dólares), con lo cual justificó políticas expansivas insostenibles a pesar de que los números imponían contener el gasto, que en contra de lo recomendado se expandió en medio de la campaña de Rousseff a la reelección.

De acuerdo con el tribunal, el Gobierno incurrió en un "delito de responsabilidad fiscal", que la Constitución contempla como un motivo suficiente para abrir un juicio político para destituir a un jefe de Estado.

Abogados vinculados al gobernante PT, de Rousseff, sostienen que una "falta administrativa" cometida en el mandato anterior no puede esgrimirse para juzgar al actual Gobierno y pidieron que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso, lo cual aún no ha ocurrido.

Sin embargo, la situación de Rousseff se ha agravado en la última semana, con la sospecha de que las maniobras fiscales realizadas por el Gobierno durante 2014, ya rechazadas por el Tribunal de Cuentas, se mantuvieron en los últimos meses, por lo que corresponden al segundo mandato que la presidenta inició el 1º de enero.

Maduro y Morales defienden a Dilma.

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, expresaron ayer su gran preocupación ante lo que consideraron un intento de "golpe de Estado" en contra de su colega brasileña, Dilma Rousseff, y anunciaron que iniciarán un proceso de consultas.

Los gobernantes hablaron del tema durante una reunión bilateral en el pueblo de Tiquipaya, en la región de Cochabamba, donde ambos asistieron a la clausura de un foro social sobre cambio climático organizado por el Gobierno de Bolivia.

Maduro señaló que ven "con preocupación y alarma" la situación en Brasil. "Tanto el presidente Evo Morales como mi persona manifestamos nuestra preocupación y vamos a iniciar un conjunto de consultas porque parece anunciarse en Brasil, con una nueva modalidad, un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff y contra el movimiento popular", sostuvo el mandatario venezolano.

Según Maduro, ha costado "que se levanten los movimientos populares y sean gobiernos del pueblo y para el pueblo" en los países latinoamericanos y ahora "hay una arremetida contra todos los procesos progresistas" en la región. Y agregó que los presidentes del "bloque bolivariano" no se callarán.

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