La Cámara de Diputados, con 30% de sus miembros cuestionados, abre en comisión el debate para decidir si autoriza el juicio penal al presidente.

Una Cámara de Representantes desprestigiada y con cerca de un 30% de sus miembros en problemas jurídicos, será el escenario en que el presidente de Brasil, Michel Temer, librará la batalla definitiva por el poder que se le escurre de las manos.

Debido a imperativos constitucionales, la Cámara baja tendrá la última palabra sobre la aceptación o no de la denuncia por corrupción pasiva que la Fiscalía General presentó el lunes pasado contra Temer ante el Supremo Tribunal Federal. El mandatario hasta ahora es respaldado por una importante base parlamentaria, que, sin embargo, ha menguado al calor del escándalo.

Una comisión de la Cámara de Representantes comenzará a debatir esta semana la denuncia por corrupción que acorrala a Temer, quien fue notificado, el jueves, del inicio de un trámite que puede despojarlo del poder.

Los cargos fueron formulados por la Fiscalía sobre la base de unas confesiones de directivos del grupo JBS, —el mayor procesador de carne del mundo—, cuyo valor legal fue ratificado por el Supremo Tribunal Federal, con lo que se eliminó el último de los factores que pudieran haber detenido el proceso.

Como es de rigor, el texto de la denuncia fue remitido por el tribunal a la Cámara de Representantes, donde por imperativos legales fue leído en una sesión con el plenario que lució casi vacío, debido a una suerte de "boicot" hecho por la poderosa base parlamentaria oficialista, que defiende la inocencia del mandatario.

Temer fue notificado oficialmente del inicio del trámite, pero no recibió personalmente el documento y le encargó esa responsabilidad a su subjefe de Asuntos Jurídicos, Gustavo Rocha.

"Cumplo este papel con mucha tristeza", dijo el diputado Fernando Giacobo, secretario de la Cámara, responsable por la entrega de la notificación y miembro de uno de los partidos que apoya a Temer.

El documento de 64 páginas que contiene la denuncia fue remitido también a la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Representantes, cuyos 66 miembros contarán con un plazo máximo de quince sesiones para decidir si los cargos deben ser acogidos.

Esa comisión elaborará un informe que, al margen de su resultado, será encaminado luego al plenario de los 513 diputados, donde la denuncia será admitida si contara con el respaldo de al menos dos tercios, que representan 342 votos.

Si así fuera, el Supremo Tribunal abrirá un juicio penal contra el mandatario, quien sería suspendido de sus funciones durante los 180 días de duración del proceso y su vacante sería cubierta por el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.

El presidente de la comisión que hará el primer análisis, Rodrigo Pacheco, dijo que la sesión inicial deberá realizarse el martes próximo, cuando será elegido el diputado que actuará como instructor del caso, un cargo que ya pleitean el oficialismo y la oposición. El oficialismo tiene amplia mayoría en la comisión, pero la designación será hecha en forma autónoma por Pacheco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD) que lidera el mandatario, lo cual despierta suspicacias entre sus adversarios.

Sin embargo, Pacheco reiteró que su decisión se tomará sobre criterios técnicos y que escogerá a un diputado con una relativa independencia, aunque admitió que la polarización que genera el caso dificultará ese segundo objetivo.

Una vez instalada la comisión, los abogados de Temer tendrán un plazo de diez sesiones para presentar su defensa, pero han dicho que quieren hacerlo cuanto antes para acelerar el proceso.

En el plenario de la Cámara, Temer cuenta con el respaldo de su propia fuerza política, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que con 64 de los 513 legisladores representa la primera minoría, aunque existen alas díscolas que se oponen al mandatario.

También tiene hasta ahora el respaldo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que suma 46 diputados pero que desde el estallido del escándalo debate su permanencia en el Gobierno.

Esa falta de unidad en el PMDB, el PSDB y en los otros partidos oficialistas abre una incógnita sobre la verdadera fuerza de Temer frente a una minoritaria oposición que necesita reunir al menos 342 votos, hoy improbables, para darle curso a la denuncia.

En la Cámara baja pueden pesar otros factores, como el hecho de que entre los 513 diputados hay 155 que responden en algún tipo de proceso penal o son al menos investigados por corrupción por el Supremo Tribunal Federal, en casos que en su mayoría están vinculados a Petrobras.

Esa situación ha llevado en los últimos años a que la imagen de los diputados sea tan mala como la que hoy tiene el propio Temer.

Una encuesta difundida el fin de semana pasado por el instituto Datafolha, reveló que el 65% de los brasileños no cree en el Congreso, el 31% confía poco y solo el 3% lo respeta como institución.

La misma encuesta señaló que para el 83% de los brasileños, Temer "tuvo participación directa" en los escándalos de corrupción que han llevado a la Fiscalía a presentar la denuncia, en tanto el 6% cree que es inocente.

Temer sostiene que cuenta con el apoyo de los 172 diputados necesarios para frenar la resolución que pretende dejarlo suspendido en sus funciones y habilitar las actuaciones del Supremo Tribunal Federal, según informó el diario O Globo. Si así fuera, habría 341 votos en favor de avalar la denuncia y faltaría solo uno.

Más allá del respaldo que reciba entre los diputados, la imagen del presidente frente a la sociedad es pésima, de acuerdo con lo que reveló una encuesta reciente que le adjudicó solo 7% de apoyo.

El caso se origina el 26 de junio, cuando el fiscal Rodrigo Janot denunció a Temer por recibir un soborno de 500.000 reales (equivalentes a US$ 150.000) de parte de JBS. La Policía fotografíó a Rodrigo Rocha Loures, exdiputado y estrecho asesor de Temer, recibiendo una maleta de dinero y lo detuvo. El fiscal sostiene que el dinero estaba destinado a Temer, quien recibió ventajas ilícitas de JBS. "La maleta ya lo dice todo", señala Janot.

El magistrado Edson Fachin autorizó, el viernes, a Rocha Loures a salir de la cárcel, aunque deberá permanecer en su casa entre las 20:00 y las 6:00 horas y también los fines de semana y feriados, informó O Globo.

Janot considera que Temer "recibió ventajas ilícitas" de JBS.

La Policía Federal va en el mismo sentido, debido a que en un informe preliminar que entregó al Supremo Tribunal Federal señaló que existen indicios serios de que el mandatario incurrió en prácticas corruptas.

Los ejecutivos de JBS acusaron a Temer de recibir coimas desde 2010.

El presidente rechaza la denuncia por estimar que solo se basa en supuestos y no en pruebas y afirmar que la finalidad es justificar el generoso acuerdo de colaboración que el Supremo Tribunal Federal hizo con los propietarios de JBS para reducir sus condenas.

Asimismo, critica al fiscal Janot por reinventar el Código Penal para presentar una acusación sobre la base de suposición y deducción. Afirma que nunca recibió ningún valor ni dinero, ni participó de hecho delictivo alguno y que todo el caso es una infamia de naturaleza política, sin fundamento jurídico, que tiene el propósito de paralizar al gobierno, al Congreso y al país, mediante denuncias "frágiles y precarias".

A diferencia del proceso que el año pasado llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por maquillar las cuentas públicas, ahora los brasileños solo se han expresado en las calles en protestas minoritarias. El viernes, los sindicatos realizaron un paro general de 24 horas contra las reformas laboral y jubilatoria que impulsa Temer, pero la movilización no logró paralizar a Brasil. La negativa de los sindicatos del transporte de São Paulo y Río de Janeiro a participar fue determinante en el resultado final del paro.

Temer aprovechó la jornada para difundir un mensaje por las redes sociales en el que destacó la gestión económica del gobierno, que se traduce en la caída de la inflación, y las dos reformas fundamentales que promueve. "Brasil está caminando, a pesar de que algunos pretender detenerlo. Vamos hacia una economía moderna", aseveró.

A los 77 años, pragmático y con el apoyo de los mercados, apostó por una reforma económica que, de resultar exitosa, le permitiría quedar en la historia como el presidente que sacó a Brasil de la peor recesión de su historia. Ahora busca salvarse a sí mismo ante el juicio.

Asumió la Fiscalía General en 2013, cuando Brasil descubría la punta de la corrupción institucionalizada. Ha emitido pedidos de prisión contra varias figuras de la política. Ahora, acusa a temer de corrupción pasiva y podría hacerlo por obstrucción a la Justicia.

Rodrigo Maia - Presidente de Diputados.

Tiene 47 años, inició la legislatura como diputado de un partido de derecha y puede terminarla como Presidente de Brasil. Desde julio de 2016 preside la Cámara baja y es investigado por corrupción. Si Temer cae, puede completar el mandato hasta fines de 2018.

Joesley Batista - Propietario de JBS.

Sacudió a Brasil cuando se difundió una grabación de una conversación con Temer en la que éste parecía consentir el pago de sobornos para mantener en silencio a un exdiputado. Acusa a Temer de promover la corrupción y de ser el jefe de la mafia más grande de Brasil.

UN PAÍS EN INCERTIDUMBRE