A la espera de que una nueva ola de acusaciones de corrupción impacte en Brasilia de un momento a otro, el presidente Michel Temer busca protegerse del impacto que las confesiones de la cúpula de Odebrecht pueden tener sobre su gobierno.

Los fiscales están investigando si Temer y muchos otros políticos participaron en la red de sobornos y desvíos multimillonarios de fondos públicos desde la estatal Petrobras para financiar sus campañas electorales. El presidente y algunos de sus aliados están entre los implicados en las confesiones de los 77 exejecutivos de Odebrecht, la constructora que armó un departamento secreto para sobornar a políticos, a cambio de que se reduzcan sus penas.

"La cercanía del tsunami llevó al gobierno a poner en marcha el plan de emergencia", afirmó Bernardo Mello Franco, columnista del diario Folha de Sao Paulo.

La semana pasada el presidente nombró a una figura de perfil muy político, su hasta entonces ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, para ocupar el puesto de Teori Zavascki, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) que murió en enero en una accidente aéreo. "Temer no está siendo sutil", afirmó la columnista del diario O Globo Miriam Leitao, para quien el mandatario "quiere asegurarse al menos un voto (en la Corte) a su favor".

Poco antes, Temer había elevado al rango de ministro a uno de sus colaboradores más cercanos, Wellington Moreira Franco, designándolo al frente de la Secretaría General de la Presidencia.

El ascenso fue inmediatamente criticado como una maniobra para darle fueros a este veterano político y alejarle así del alcance de los tribunales.

Pero el gobierno no es el único que se está poniendo nervioso. Los recién elegidos presidentes del Senado, Eunicio Oliveira, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, también han sido implicados en la Operación Lava Jato, como también lo fueron sus predecesores, Renan Calheiros y Eduardo Cunha. Maia atrajo los focos esta semana por haber intentado tramitar una ley para reducir el castigo a los partidos que acepten donaciones sospechosas.

El magistrado de la corte suprema Gilmar Mendes -visto en ocasiones como más reticente que otros a la Operación Lava Jato- acusó al Congreso de elaborar una ley que "dará impunidad a los partidos políticos que malversen fondos públicos" y Maia acabó dando marcha atrás rápidamente.

David Fleischer, profesor emérito de la Universidad de Brasilia, describe la situación en los centros políticos de la capital como "a la espera del fin del mundo". Y "todo el mundo está construyendo cortafuegos", añadió.

EL EFECTO ODEBRECHT