Hubo 105 muertes violentas en el estado de Espírito Santo en seis días.

El Ejército brasileño decidió ayer jueves enviar paracaidistas y tanques blindados al estado de Espírito Santo, donde la ola de violencia desatada por una huelga de policías ha dejado más de cien muertos desde el sábado.

"A partir de ahora, determiné el refuerzo en ES (Espírito Santo) con tropas de paracaidistas, blindados y aviación del Ejército. La misión será cumplida", anunció en Twitter el general Eduardo Villas Boas, comandante del Ejército brasileño.

Desde el sábado, cuando los uniformados se cruzaron de brazos para reivindicar un aumento salarial y se desató una descomunal ola de violencia, este estado del sureste de Brasil prácticamente se paralizó, pues comercios, escuelas, puestos de salud, supermercados y universidades cerraron sus puertas, en tanto que los propietarios de los autobuses los retiraron de las calles.

Los líderes sindicales de los conductores avisaron que solo volverán a trabajar cuando les garanticen la seguridad.

"El gobierno nos prometió seguridad. En algunas terminales de autobuses había tropas del Ejército pero en otras no. Algunos de los conductores fueron amenazados con armas. No podemos trabajar de esa forma", afirmó el presidente del Sindicato de Conductores de Espírito Santo, Edson Bastos.

El gobernador en ejercicio de este estado fronterizo con Río de Janeiro, César Colnago, ya había estimado el miércoles que el contingente de 1.200 hombres desplegados desde el comienzo de la semana "no era suficiente" para garantizar el orden público. Poco después, el Gobierno anunció el envío de 550 militares más.

Desde el sábado, familiares de agentes de la Policía Militar (PM) bloquean la salida de los cuarteles de varias ciudades del estado —y de su capital, Vitória, de 2 millones de habitantes— en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales para los uniformados, que por la Constitución no tienen derecho a hacer huelga.

La ausencia de las patrullas derivó inmediatamente en una escalada de agresiones, asaltos y asesinatos en las calles de este estado situado 500 km al norte de Río de Janeiro.

Aunque las autoridades no han dado un número oficial, el sindicato local de la Policía Civil informó que Espírito Santo registró 105 muertes violentas entre el sábado y ayer jueves a mediodía. Esta cifra es más de seis veces la tasa de asesinatos en el mismo período de 2016.

El canal Globo TV reportó, citando a fuentes de seguridad, que en un día se robaron 200 autos en Vitória, cuando el promedio estatal es de 20. La asociación de minoristas del estado indicó que los negocios han perdido 90 millones de reales (28,87 millones de dólares) desde el inicio de la huelga.

El gobierno del estado, por su parte, lanzó un llamamiento para que la población done sangre, explicando que las reservas "fueron reducidas al mínimo en estos últimos días".

Los policías iniciaron la huelga en demanda de mejoras a un sueldo de base mensual de 2.643 reales (847,96 dólares), que no ha sido reajustado en cuatro años. Espírito Santo, como muchos estados en Brasil, tiene graves problemas para asegurar los servicios básicos.

Y mientras el sentimiento de inseguridad persiste en Espírito Santo, la inquietud crece en Río de Janeiro por los rumores de que podría producirse una huelga similar en la segunda ciudad más grande del país.

El gobierno del estado carioca explicó, sin embargo, que el pago de los salarios atrasados a sus funcionarios estaba en curso y que ninguna huelga estaba prevista, aunque los rumores que circulan por las redes sociales mantienen en alerta a la población.

El gobernador, Luis Fernando Pezao, afirmó ayer jueves a Radio Gaucha que pidió a las autoridades federales que el ejército esté listo para intervenir.

Al borde de la quiebra, el estado de Río no paga al día los salarios de sus funcionarios desde hace meses y violentas manifestaciones ocurrieron recientemente contra las medidas de austeridad del gobierno.

Una jueza brasileña suspendió ayer jueves el nombramiento de un aliado clave del presidente Michel Temer para un cargo ministerial, poco después de que una corte revocara un fallo previo para frenar la designación. La jueza federal Regina Coeli Formisano dijo que la promoción de Wellington Moreira Franco, actual secretario de inversiones en infraestructura, a un cargo ministerial, parecía pensada para protegerlo de juicios en todos los tribunales excepto la Suprema Corte. No se puede ignorar, escribió Formisano, que Moreira Franco ha sido vinculado a la gigantesca trama de corrupción en Petrobras. La decisión de la jueza se dio poco después de que otra corte revocó la resolución de un magistrado federal que suspendía el nombramiento de Moreira Franco al cargo ministerial, en el que supervisará infraestructura, comunicaciones y ceremonias.

AFP, REUTERS, EFE

CRISIS “NAO TEM FIM”AFP, REUTERS, EFE