ESTADOS UNIDOS

Superado el juicio político a Donald Trump, el presidente Joe Biden se centra ahora en impulsar su agenda, donde tiene prioridad la lucha contra la pandemia y el deterioro de la economía, con sus esfuerzos enfocados en aprobar un nuevo paquete de estímulo por 1,9 billones de dólares.

Tras meses de drama y posdrama electoral en los que Trump ha estado omnipresente en los medios de comunicación, Biden, que se encontraba ayer lunes en la residencia de Camp Davis pasando el festivo que conmemora el nacimiento del primer presidente de Estados Unidos, George Washington (1789-1797), dejó claro que toca hablar de la pandemia, la economía y de las medidas de su Gobierno.

En ese sentido, anunció en un comunicado la activación de la página web HealthCare.gov, donde pueden apuntarse todos aquellos que no tengan asistencia sanitaria y quieran acogerse a la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés), conocida popularmente como Obamacare, que en su día Trump intentó eliminar.

Biden hizo, además, un alegato para defender el rescate económico: “Conforme más estadounidenses reciben cobertura (médica), es motivador ver al Congreso moverse rápidamente para aprobar el Plan de Rescate Estadounidense, que redoblará los tests, el rastreo y nuestro programa de vacunación para lograr que se administre el mayor número de dosis posibles tan rápido como podamos”, dijo.

El plan de estímulo logró a principio de este mes un gran avance en el Congreso, donde las dos cámaras dieron el visto bueno al borrador, aunque sin el apoyo bipartidista que anhelaba el mandatario, y que podría ser aprobado de manera definitiva en las próximas semanas.

La propuesta engloba la distribución de cheques de 1.400 dólares a los contribuyentes, una prestación semanal por desempleo de 400 dólares y 350.000 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y municipales a afrontar los efectos de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, contempla un aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora para todo el país, y más fondos para el cuidado infantil, la financiación de las escuelas y la distribución de las vacunas.

En marzo de 2020, el Congreso aprobó un rescate de 2,3 billones de dólares -el mayor de la historia de Estados Unidos- y en diciembre otro de 900.000 millones, con cheques para los contribuyentes, protecciones ante los desahucios y aportes para prolongar las ayudas al desempleo.

Desde su investidura el pasado 20 de enero, Biden se ha esforzado por imprimir un tono distinto al de su predecesor en la lucha contra la pandemia en el país, el más afectado del mundo por el COVID-19, con más de 27,6 millones de casos y más de 485.000 muertos.

A diferencia de Trump, que tardó meses en llevar mascarilla en público, el presidente ha emitido un mandato federal para el uso del tapaboca, entre otras medidas.

Pero Biden no solo está adoptando un enfoque distinto para afrontar la pandemia, sino que también ha revertido muchas de las políticas de Trump, emitiendo decenas de órdenes ejecutivas para dar marcha atrás a medidas en distintos ámbitos, como la inmigración, la crisis climática, la sanidad y política exterior.

Todo esto ha sido mientras se desarrollaba en el Congreso el proceso para celebrar un juicio político contra Trump, acusado de “incitar a la insurrección” por el asalto al Capitolio del mes pasado, donde murieron cinco personas.

Donald Trump: absuelto pero bajo amenaza de juicios

Absuelto por el Senado, Donald Trump aún podría ser responsabilizado por el asalto del 6 de enero al Capitolio. Aunque votó por la absolución porque sintió que el Senado carecía de competencia para juzgarlo, el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, planteó tras el juicio político la amenaza de acciones legales. “No hay duda, no, de que el presidente Trump es, de hecho y moralmente, responsable”, dijo. “Todavía es responsable de todo lo que hizo mientras estuvo en el cargo. Aún no ha escapado de nada”.

Pero en realidad, una condena en un tribunal parece difícil, dado que el discurso de Trump del 6 de enero podría estar protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, el fiscal general del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, Karl Racine, advirtió que podía apoyarse en una ley local que permite el enjuiciamiento “contra personas que obviamente fomentan” la violencia. En este contexto, Trump se arriesgaría a seis meses de prisión.

Son numerosos los legisladores que han pedido la formación de una comisión especial para estudiar en detalle los hechos del 6 de enero, que dejaron cinco muertos. Invocaron el modelo de la comisión creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Una comisión como la del 11 de septiembre permitiría exponer “a la luz del día cómo el presidente Trump es responsable y ha violado abyectamente su juramento presidencial”, dijo el domingo en la cadena ABC el senador demócrata Chris Coons.