El tribunal electoral investigará a Temer por financiamiento de la campaña.

Las alarmas han vuelto a sonar en Brasil, que podría perder a su segundo presidente en menos de un año. Ahora es Michel Temer el que podría terminar en un juicio político como el que destituyó a Dilma Rousseff en agosto de 2016. El destino de ambos vuelve a unirse con la investigación que se abrirá la próxima semana sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2014 de la fórmula Rousseff-Temer. Y si la justicia electoral comprobasen irregularidades, el triunfo en las urnas sería anulado y con ello se pondría fin al mandato de Temer.

La acusación contra la fórmula Rousseff-Temer fue presentada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en 2015 y trata sobre supuestos hechos de corrupción y abuso económico en la campaña del año anterior.

Uno de los puntos sostiene que la campaña que llevó a Rousseff a la reelección en 2014 fue financiada en parte con recursos desviados de la vasta red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, lo cual ha sido ratificado en declaraciones que han dado a la justicia exdirectivos del grupo Odebrecht.

Rousseff y Temer, que rompieron todas sus relaciones desde que se inició el proceso que llevó a la destitución de la exmandataria, se defienden por separado en este caso, aunque coinciden en negar las acusaciones.

Los abogados de Temer, además, pidieron que el Tribunal Superior Electoral los juzgue individualmente, pues sostienen que cada uno tuvo sus propias finanzas. Según los valores declarados tras las elecciones de 2014, el comité de campaña de Rousseff gastó para esos comicios un total de 318 millones de reales (hoy unos 102 millones de dólares). A ese total, Temer dice haber aportado solo unos 20 millones de reales (6,4 millones de dólares), que recaudó por su cuenta.

El juicio comenzará el próximo 4 de abril, pero el abogado de Temer consideró que, en las primeras sesiones, alguno de los siete miembros del Tribunal Superior Electoral solicitará prolongar los plazos procesales, para analizar mejor el asunto.

El instructor del caso, Herman Benjamin, debe presentar en las primeras sesiones su informe, que ha sido volcado en un total de 1.032 páginas acompañadas por unos 10.000 documentos.

Según la prensa local, el informe dice haber constatado diversas irregularidades en la recaudación de recursos para la campaña, por lo cual estaría inclinado a recomendar la anulación de la victoria de Rousseff y Temer en 2014.

Temer ya ha admitido tácitamente que eso puede ocurrir, pero ha descartado que una sentencia desfavorable lo obligue a abandonar el poder de inmediato.

"Todo fallo puede ser y será apelado", con lo que frente a una condena "habría recursos y más recursos", que llegarían incluso a la Corte Suprema, dijo Temer cuando comenzó el proceso, e insinuó que para una sentencia definitiva pudieran pasar más de dos años.

El mandato de Temer concluye el 1º de enero de 2019, pero en caso de que sea interrumpido por la justicia electoral y el país vuelva a perder su presidente, el Congreso deberá elegir quién cumpla el período.

Para enrarecer más la situación en Brasil —que en lo económico pasa por una de las peores recesiones de su historia— la policía desencadenó ayer miércoles una operación contra el poderoso jefe de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Jorge Picciani, y la mayoría de los integrantes del Tribunal de Cuentas de ese arruinado estado, por desvío de fondos públicos.

La Policía Federal cumplió una orden de conducción forzada para interrogatorio de Picciani, y de detención de cinco de los siete miembros del Tribunal de Cuentas.

La Policía, sin identificar a los investigados, señaló que todos son sospechosos de formar "parte de un esquema de pago de ventajas indebidas que puede haber desviado de forma regular valores de contratos con organismos públicos para agentes del Estado".

La operación, bautizada "O Quinto do Ouro", movilizó a unos 150 agentes de Policía en Río de Janeiro.

Las informaciones sobre esa red fueron dadas por dos de sus miembros, en el marco de un acuerdo de delación premiada, precisó la Policía Federal.

Picciani, de 62 años, es miembro del partido de centroderecha PMDB, que gobierna Río desde hace una década y al que pertenece el presidente Temer.

Esta operación es una ramificación lejana de la investigación Lava Jato, sobre pagos de sobornos por parte de grandes constructoras a partidos y políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.

Picciani era hasta ahora uno de los pocos mandamases de Río de Janeiro que habían esquivado la marea de denuncias que arrasa Brasil desde el lanzamiento en 2014 de Lava Jato.

El exgobernador Sergio Cabral (2007-2014), con quien mantuvo una estrecha alianza, está encarcelado desde noviembre pasado, bajo cargos de corrupción, formación de banda criminal y lavado de dinero. Otro exgobernador, Anthony Garotihno, fue brevemente detenido el noviembre, acusado de compra de votos.

Menos de un año después de los Juegos Olímpicos, el estado de Río de Janeiro acumula meses de atraso en el pago a sus funcionarios. En enero, negoció una ayuda del gobierno federal, a cambio de medidas de austeridad y de la promesa de privatizar su servicio de aguas.

Ese pacto fue denunciado en marchas multitudinarias, que en muchos casos derivaron en enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El Gobierno de Brasil prepara fuertes recortes presupuestarios y otras medidas para cumplir con su objetivo fiscal. El ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, pospuso el jueves el anuncio de los recortes necesarios para cumplir con un objetivo de déficit presupuestario primario de 44.250 millones de dólares. Las opciones del presidente Michel Temer son limitadas en su intento por equilibrar las demandas del mercado de austeridad con el temor de los legisladores a que las subidas de impuestos debiliten a una economía que lucha con la peor recesión de su historia.

Odebrecht SA busca un acuerdo judicial en Argentina para aliviar las eventuales penas que podría sufrir por sobornos, aunque hay dificultades para cerrar un trato por las limitaciones que impone la ley argentina, dijo ayer miércoles un fiscal que investiga la red local del caso Lava Jato. Tras alcanzar un acuerdo amplio en Brasil, que implica su colaboración con la Justicia, la firma intenta negociar con varios países de América Latina en los que es investigada por sobornos. Argentina es uno de ellos.

"Odebrecht ha intentado contactarse. Hay intención de la empresa de alcanzar un acuerdo. Pero no hay mecanismos previstos para las personas jurídicas (como empresas). Hay dificultades por la falta de legislación", señaló a Reuters el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Sergio Rodríguez.

A diferencia de Brasil, no hay en Argentina una legislación vigente que establezca sanciones a empresas o permita reducir las penas en caso de que colaboren con la Justicia. Por lo tanto, el fiscal señaló que sería más sencillo lograr un acuerdo con Odebrecht bajo el marco de la "ley del arrepentido", que reduce las penas de las personas que aportan datos para las investigaciones.

Según fuentes consultadas por Reuters, Odebrecht podría vender 2.100 millones de dólares en participaciones de proyectos y en licencias de operaciones en la región y en Angola para fines de año.

EN ZONA DE REPECHAJEEFE, AFP, REUTERS