Temer intenta que el Congreso vote leyes fundamentales que él impulsa con carácter urgente; investigación puede frenarlas

Acorralados por las sospechas de corrupción, el Gobierno del presidente Michel Temer y el Congreso de Brasil confían en que el terremoto político que estremece a Brasil como consecuencia de las investigaciones de pagos indebidos a los partidos políticos no retrasen la aprobación de unas polémicas reformas económicas que, por el momento, han mantenido calmados a los mercados.

La autorización de la Corte Suprema para abrir 76 investigaciones contra casi un centenar de políticos aforados ha sacudido al sistema político y ha puesto en duda la pronta aprobación que exigía el sector privado para las reformas en trámite tanto del sistema de pensiones y jubilaciones, como la laboral. que impulsa el presidente Michel Temer.

“La lista (de implicados) aumenta las dudas en la economía, lanza dudas sobre la capacidad del Congreso para adoptar medidas que afectan directamente el desempeño económico”, explica a Efe Mauro Rochlin, economista y profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

Las consecuencias políticas que ha traído esta nueva “turbulencia política” se notaron la misma noche del martes pasado, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, uno de los implicados en la trama corrupta destapada en Petrobras, suspendió la votación del proyecto sobre la renegociación de las deudas de los estados.

Temer acordó con el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Maia, plantear el próximo martes que la reforma laboral y la renegociación de deudas con los estados se consideren en régimen de urgencia.

“Esa divulgación de la lista, al paralizar el Congreso y al dificultar en cierto sentido la aprobación de esas reformas puede perjudicar a la economía en el corto plazo”, puntualiza Rochlin.

No obstante, el propio Maia salió a la palestra a los pocos minutos de suspender la sesión para decir que no cree que el escándalo vaya a “dificultar” votaciones futuras.

“Ahora, la Justicia y la Fiscalía comienzan a cumplir su papel y el Congreso precisa cumplir el suyo, legislar”, comentó el diputado casi con las mismas palabras que utilizó Temer para referirse al asunto.

La reforma laboral planteada por el Gobierno “puede ayudar a reducir el costo de las empresas”, sostiene Rochlin, mientras que la del sistema de pensiones propone los 65 años como edad mínima, tanto para hombres como para mujeres, para acceder a los beneficios de la jubilación, además de imponer la obligatoriedad de cotizar durante al menos 25 años.

Para el profesor, la aprobación de esas dos medidas “ahuyentaría fantasmas” y mostraría al sector privado que “el Gobierno es capaz de hacer el ajuste fiscal necesario” para superar la profunda crisis en la economía del país, que en los dos últimos años se desplomó más de un siete por ciento.

En opinión del especialista económico Nelson Marconi, también de la FGV, “el Gobierno va a intentar junto con el Congreso aprobar las reformas lo más rápido posible” para seguir manteniendo el crédito del mercado financiero y del sector privado, sus dos principales avalistas.

Una de esas polémicas medidas, aplaudidas todas ellas por las patronales y criticadas por los sindicatos, ya fue aprobada por el Congreso, la que permite a las compañías externalizar su mano de obra, es decir, contratar a terceras empresas para realizar determinadas tareas. También extiende de 90 a 180 días el periodo de prueba de un empleado.

Pese a que se produzca una mayor presión sobre el Congreso para aprobar las reformas, Marconi no ve su trámite en serio peligro, aunque las consecuencias del escándalo sí podrían notarse a largo plazo.

“Para el año que viene vamos a tener un escenario muy inestable, no tengo dudas de eso”, afirma.

Desde su punto de vista, el “incierto” escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2018 “aumentará la tensión económica” y provocará una mayor “presión en el mercado de cambio”.

Rochlin, sin embargo, espera que, en el futuro, las investigaciones de la Fiscalía y la Policía Federal ayuden a crear en Brasil “un ambiente para los negocios muy diferente donde la corrupción no tiene lugar y lo que vale es la eficiencia”, sin “favores políticos o el pago de sobornos a autoridades”.

En paralelo, la bolsa de São Paulo parece haber absorbido el terremoto político, el cual no ha tenido “un impacto como para generar pánico”, sostiene a Efe el corredor Raphael Figueredo, de la empresa Clear. “El mercado ya tenía conocimiento. Esa lista solo se oficializó”, añade.

Los inversores respiran, sabedores de que la agenda de Temer aún habla “la lengua del mercado”, como expresó el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, en una de sus primeras declaraciones públicas hace ya casi un año.

A Padilha, mano derecha de Temer en el Gabinete, se le acusa de supuestos delitos de corrupción.

En los últimos días, los ciudadanos conocieron varias grabaciones que pasan a ser parte del escándalo que conmueve al país, en las que el máximo protagonista es Marcelo Odebrecht -el ex presidente de la empresa familiar hasta su detención en 2015 en el marco de la megaoperación anticorrupción conocida como Lava Jato-, uno de los empresarios más prestigiosos de Brasil. Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión en 2016.

Al ex CEO de la poderosa constructora se le escucha decir que suministró ilegalmente unos 144 millones de dólares a los políticos investigados. Relata los problemas de las donaciones que se hicieron a través de la llamada “caja dos”, que según los fiscales era una forma de soborno generalizado para comprar influencias en todo el ámbito político.

“Ese era un problema que teníamos en todo Brasil, se creaba un círculo vicioso. Estimo que tres cuartos de las campañas en Brasil eran de la caja dos”, afirma Odebrecht a los procuradores en Paraná, donde se encuentra preso.

Admite que era una manera de resguardarse del apetito de otros candidatos, debido a que si se revelaba el monto total entregado a uno, otro buscaría a la empresa para que le diera lo mismo o una suma superior.

Sostiene que le hubiera gustado “hacer donaciones más oficiales”, pero, por ejemplo, si se entregaba un monto determinado a un candidato a una de las gobernaciones más importantes, “imaginen cuánta expectativa crearía eso para el candidato”.

“Uno tenía varias maneras de pagar, además de la oficial”, explica. “Uno podía usar a terceros y después remunerar a los terceros”, aunque señaló que la mayoría de los pagos se hizo mediante la “caja dos”.

“Eso no pasó. Ni en esa reunión, ni en cualquier otra que tuve a lo largo de mi vida pública con cualquier persona física o jurídica. Jamás colocaría mi biografía en riesgo”, afirmó el presidente Michel Temer en respuesta a la acusación que hizo el ex ejecutivo Marcio Faria, de que Odebrecht sobornó al PMDB, en 2010, en un encuentro con el ahora presidente. “La mentira es que en la reunión yo habría escuchado referencia a valores financieros o negocios ilícitos de la empresa con políticos”.

Los brasileños viven pegados a una hipnotizante nueva versión de telerrealidad: los videos emitidos casi sin interrupción de poderosos exejecutivos encarcelados acusando de corrupción al presidente Michel Temer, así como a casi todos los políticos relevantes de Brasil. Por encima de las tórridas telenovelas y del BBB, como se conoce al Gran Hermano en Brasil, un drama mucho más grande y serio domina ahora la televisión.

Las estrellas del nuevo show, que aparecen en todas las cadenas, son en su mayoría grises hombres de mediana edad. Pero, su historia, es la más explosiva que ha vivido Brasil en décadas.

Son los 77 exejecutivos de Odebrecht, la constructora más importante de América Latina, que se han declarado culpables de haber participado en la mayor red de sobornos de la historia del país.

Con la esperanza de reducir sus sentencias, los exdirectivos se abrieron a los fiscales, explicándoles cómo la empresa gestionaba un departamento especial para comprar a cada partido y a la mayoría de los políticos. Durante meses, todos esos testimonios -en forma de declaraciones grabadas y documentos escritos- permanecieron bajo secreto. Pero el martes, el juez de la corte suprema Edson Fachin autorizó investigar a alrededor de cien políticos basándose en sus relatos. Poco después, las “delaciones premiadas” se hicieron públicas.

Los políticos no pueden evitar que la TV siga emitiendo los testimonios, ahora que la corrupción es un espectáculo casi en vivo. Fuente: AFP

EFE, AFP, O GLOBO / GDA

BRASILEFE, AFP, O GLOBO / GDA