Quedó establecida la comisión que estudia el juicio político contra Dilma.

El Senado brasileño dio ayer el primer paso hacia un posible juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con la confirmación de los 21 miembros de una comisión que decidirá si se abre un proceso que pudiera poner fin a su mandato.

Los miembros de la comisión, que tiene mayoría opositora, tendrán su primera reunión hoy, cuando comenzará a correr un plazo de diez días en el que deberán debatir un informe sobre la acusación que pesa contra Rousseff, que se apoya en unas maniobras contables con las que el Gobierno maquilló sus resultados de 2014 y 2015.

Dicho informe será votado por la comisión y, si fuera aprobado, llegará dentro de unos 15 días al pleno del Senado, que por mayoría simple entre sus 81 miembros decidirá si se abre el juicio contra la presidenta, que en ese caso sería inmediatamente separada del cargo durante los 180 días que pudiera durar el proceso.

Si Rousseff fuera enjuiciada, durante ese período su cargo sería ejercido por el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria y a quien la mandataria considera como "uno de los jefes" de la "conspiración" que supuestamente buscar recortar su mandato.

El vicepresidente ha negado que trabaje por la caída de Rousseff, pero en las últimas semanas ha mantenido constantes consultas con personalidades de la política y la economía, al parecer con miras al eventual Gobierno que pudiera encabezar desde mediados de mayo.

La comisión, que durante las próximas sesiones escuchará a los representantes de la acusación y a la defensa de la mandataria, fue formada en forma proporcional, en función de los escaños que cada fuerza política tiene en el Senado.

El mayor número de miembros (cinco) recayó en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), primera minoría en la Cámara alta y liderado por el vicepresidente Temer.

El opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) tendrá tres miembros, igual que el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff y que articula las fuerzas oficialistas, que han quedado en minoría en la comisión de senadores.

A los tres miembros del PT, el arco oficialista sólo suma en la comisión otros tres senadores de los partidos de la República (PR), Democrático Laborista (PDT) y Comunista do Brasil (PCdoB), con un miembro cada uno.

Los otros siete cargos en la comisión han quedado distribuidos entre cinco partidos que, al menos en el paso previo de la Cámara de Diputados, votaron en favor de que se inicie el juicio político a Rousseff.

En el Gobierno ayer hubo silencio y Rousseff dedicó la jornada a consultas políticas con miembros de su gabinete.

La defensa de la presidenta la asumió su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, quien participó en un encuentro de la Alianza Progresista, formada por partidos de izquierdas de una decena de países, en el que insistió en su tesis de que en Brasil se forja un "golpe" contra Rousseff.

Brasil "resistirá el golpe del impeachment" contra su sucesora Dilma y "no reconocerá" un gobierno que no emane del "voto popular", expresó Lula. "Anular el mandato de Dilma es una necesidad para anular al Partido de los Trabajadores (PT)", puntualizó.

El exmandatario brasileño, que superó un cáncer de laringe diagnosticado en 2011, sólo leyó fragmentos de su discurso porque tenía la voz desgastada. Fue ayudado en la tarea por un exministro.

En el mismo acto, celebrado en Sao Paulo, el presidente del PT, Rui Falcao, advirtió que, si Rousseff finalmente cae, "no habrá tregua ni respeto a un Gobierno usurpador", al que calificó de antemano de "ilegitimo e ilegal". "Habrá lucha. Viviremos momentos de mucho combate democrático", agregó Lula.

Ante esta creciente tensión política, la ciudadanía quiere cambios. Un 62 % de los brasileños apuesta por una nuevas elecciones presidenciales para superar la crisis en el país, según un sondeo divulgado ayer.

De acuerdo con el estudio, realizado por el Instituto Ibope, más de la mitad de los encuestados quiere que tanto Rousseff como Temer renuncien y que se celebren unos nuevos comicios.

Por el contrario, el 25 % de las respuestas fue a favor de que la jefa de Estado permanezca en el cargo, pero a cambio de que el Ejecutivo llegue a un pacto con la oposición. Sólo el 8 % contestó que la mejor vía para resolver la crisis política es la destitución a Dilma a favor de Temer.

El sondeo reveló que el 15 % considera que un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Un 40% opina lo contrario.

Casi 40% de los senadores que ahora deberán analizar las denuncias contra la presidenta son investigados por sospechas de que cometieron algún delito, de acuerdo con el sitio Congresso Em Foco, especializado en el poder legislativo brasileño. Uno de ellos es Collor de Melho.

"El tratamiento del impeachment en el Senado no repetirá el histrionismo, la ópera bufa, que se vio en Diputados que perjudicó la legitimidad del juicio", afirmó el investigador y politólogo Marco Aurelio Nogueira.

"El espectáculo dado por los diputados en la aprobación del impeachment fue algo que avergonzó al país, esto seguramente no se repetirá en el Senado", señaló Nogueira.

El especialista se refirió así a la sesión especial de Diputados, realizada el domingo 17 de abril, en la que decenas de parlamentarios al pronunciarse por el "impeachment" dedicaron el voto a sus familiares y hasta hicieron comentarios de carácter religioso.

"Varios enviados de la prensa internacional estaban ese domingo en el Congreso, quedaron espantados ante ese espectáculo y ante la actitud controvertida del presidente de Diputados Eduardo Cunha", agregó Nogueira, doctor en ciencia política en la Universidad de Roma.

El presidente del Senado Renán Calheiros anticipó que la tramitación del "impeachment" en la Cámara Alta no repetirá lo sucedido en la Cámara baja.

JUICIO SIN OBSTÁCULOSEFE, AFP Y ANSA