La presidenta presenta mañana su defensa a la comisión parlamentaria.

La comisión parlamentaria de Brasil que analiza si existen méritos jurídicos para someter a la presidenta Dilma Rousseff a un proceso político que lleve a su destitución, entra esta semana en una fase decisiva al presentar su informe final, que todavía tendrá que recibir la aprobación del Congreso.

La comisión, que inició hace dos semanas las sesiones para estudiar el pedido de apertura del juicio político, espera que la Abogacía General de la Unión entregue mañana la defensa de la mandataria.

Antes de que el grupo, formado por 65 diputados, dé su parecer, serán debatidos los alegatos presentados por la defensa y los de la acusación durante cinco reuniones más.

El trámite contra Rousseff se basa en unas irregularidades fiscales en las que incurrió el Gobierno entre 2014 y 2015 para maquillar sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

De acuerdo con las acusaciones, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, la presidenta incurrió en un "delito de responsabilidad", uno de los motivos que recoge la Constitución brasileña para deponer a un mandatario.

No obstante, el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, negó el jueves pasado ante la comisión que Rousseff realizara operaciones ilegales, y aseguró que el maquillaje fiscal fue cancelado en 2015, lo que anularía los argumentos que sustentan el proceso, que no pueden referirse a faltas cometidas en mandatos anteriores.

El titular de Hacienda argumentó también que las maniobras fiscales por las que se pretende abrir el juicio no alteraron el presupuesto aprobado para la gestión de Rousseff en los años referidos.

Tras las cinco sesiones de la comisión, se prevé que el diputado instructor del caso presente su informe definitivo, que será votado entonces por los parlamentarios que conforman la comisión, lo que podría ocurrir el próximo 11 de abril.

Si le dan luz verde al documento, este pasará al pleno de la Cámara de Diputados, donde deberá contar con el respaldo de una mayoría calificada de dos tercios (342 votos) para llegar hasta el Senado.

La Cámara Alta decidirá por mayoría simple si archiva la causa o inicia el propio juicio político, en cuyo caso la presidenta estará obligada a apartarse de su cargo durante 180 días, plazo que tendrá el Senado para concluir el proceso.

A lo largo de ese tiempo, Rousseff sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, que completaría el mandato hasta el 1º de enero de 2019 si la jefa de Estado es finalmente depuesta. Como se trata de un proceso netamente político, la correlación de fuerzas es crucial en un Congreso totalmente fragmentado y en el que Rousseff cada día cuenta con menos respaldo. El martes, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país y liderada por Temer, decidió romper con el Gobierno, lo que dio una sacudida al Ejecutivo e hizo tambalear a la coalición que sustenta al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

La esperada salida del PMDB fue interpretada como un claro apoyo al eventual juicio contra la presidenta, que se encuentra en horas bajas, con la popularidad bajo mínimos y tratando de asegurar los menguantes apoyos que todavía le quedan. El PMDB siguió la estela de los partidos Republicano Brasileño (PRB) y Laborista Brasileño (PTB), que ya habían abandonado la alianza oficialista y saltado a la oposición con los 40 diputados que suman entre ambos.

El ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva confió ayer en que el Supremo Tribunal Federal (STF) avalará su nombramiento como ministro de la Presidencia del Gobierno de Dilma Rousseff, que se encuentra suspendido y a la espera de que la corte se pronuncie al respecto. "El próximo jueves, si todo sale bien y la Corte Suprema lo aprueba, estaré asumiendo el ministerio", afirmó Lula durante una manifestación en Fortaleza, la capital del estado de Ceará, en la región noreste del país. El exmandatario asumió el pasado mes la titularidad del ministerio más influyente del gabinete, pero una retahíla de medidas cautelares dictadas por magistrados de primera instancia dejaron en el aire su nombramiento, que fue suspendido por orden de un juez del Supremo y que debe ser refrendada o no por el pleno de la corte. El magistrado Gilmar Mendes decidió anular la designación al considerar que Rousseff le ofreció el cargo a Lula para que este pudiera gozar de fuero privilegiado, lo que lo blinda ante la Justicia común en un momento en el que está siendo investigado por la trama de corrupción en Petrobras. Durante su discurso Lula también cargó contra el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea de sucesión si prospera el juicio político que enfrenta Rousseff en el Congreso y que busca destituirla del cargo. "Como constitucionalista, como profesor de Derecho, Temer sabe que el impeachment es un golpe", dijo el expresidente, quien agregó que "la forma más vergonzosa de llegar al poder es intentar derrumbar un mandato legal". Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), rompió con el Gobierno, lo que fue interpretado como un claro apoyo al eventual juicio político. Lula reiteró además que Rousseff "no cometió ningún delito" ni "ninguna irregularidad", de modo que "defender el impeachment hoy es ser un golpista en este país". EFE

CRECE LA INCERTIDUMBRE