BRASIL

GDA O GLOBO/LA NACION

Con el fallo del Tribunal Supremo Federal (STF), que revirtió ayer la jurisprudencia imperante hasta ahora que preveía la ejecución de condenas de prisión luego de un fallo de segunda instancia, el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva podría quedar en libertad y abandonar la superintendencia de la Policía Federal (PF) en Curitiba, donde está en reclusión desde el 7 de abril del año pasado.

Sus abogados primero deben presentar una solicitud de liberación -posiblemente hoy, como anticiparon- ante el Tribunal Federal del estado de Paraná. La decisión, sin embargo, no tiene plazo legal para ser dictada. E incluso si el expresidente dejara la prisión, no podrá postularse para un cargo público. En este contexto, Lula enfrenta distintos escenarios posibles.

La defensa de Lula ya informó que hará hoy una solicitud para que sea puesto en libertad de inmediato. Para los abogados, es muy probable que el documento se envíe a la jueza Carolina Lebbos, del 12° Tribunal Penal de Paraná. Sin embargo, la solicitud no tiene plazo legal para ser respondida.

Lula ha dicho en entrevistas que no querría volver a vivir en São Bernardo do Campo, ubicado en el estado de San Pablo, pero es posible que organice un mitin allí. Sin embargo, el salir de prisión, el plan es que inicialmente participe en un acto frente a la Policía Federal en Curitiba para rendir homenaje a los seguidores que permanecieron en el lugar durante un año y siete meses (tiempo que lleva encarcelado). Además, la expectativa de la militancia del PT es que reanude su acción política, incluso si no puede ser elegido para un cargo público.

De ser liberado, Lula sería libre de involucrarse en política, pero no sería elegible bajo la ley de Ficha Limpia de Brasil para buscar un cargo electo durante ocho años después de su primera condena en junio de 2017. Para que Lula sea elegible nuevamente, la Corte Suprema también debería desestimar una solicitud de su defensa que exige la supresión del exjuez y actual ministro Sergio Moro, que actuó en los casos en los que ya ha sido condenado.

Lula podría regresar a prisión si la Corte Suprema lo declara culpable en el caso del triplex, como ya lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia. También puede ocurrir un nuevo arresto en caso de res iudicata (es el efecto impeditivo que, en un proceso judicial, ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto) en otros casos en los que él es el acusado; sin embargo, el más avanzado de ellos puede volver pronto a la primera instancia.

El expresidente también puede ser objeto de órdenes de detención preventiva, pero dependen de razones específicas que se emitirán como un riesgo para las investigaciones o el orden público.

Las demandas en las que Lula está acusado involucran cargos de recibir sobornos de Odebrecht, incluido el presunto favoritismo relacionado con el Instituto Lula, y el tráfico de influencia sobre los contratos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) y la compra de cazas para la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).

Además, Lula puede ser arrestado si el Congreso aprueba una Enmienda Propuesta a la Constitución (PEC) que rectifica el texto constitucional sobre la necesidad de enjuiciamiento antes de los arrestos. Un grupo de senadores ya articula el voto del PEC en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJ).

En el fallo de ayer, el presidente del STF, Dias Toffoli, enfatizó que los parlamentarios tienen la autonomía para cambiar la regla.