CONGELACIÓN DE BIENES

Suiza aplicará sanciones contra siete altos cargos venezolanos, que no podrán entrar ni pasar por el territorio helvético, anunció el miércoles la Secretaría de Estado para la Economía (SECO).

Entre los responsables están el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado como el número dos del régimen venezolano; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior, Néstor Riverol. Los otros sancionados son Gustavo Enrique González, jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia; Tarek William, procurador general; Antonio José Benavides, actual jefe del Distrito Capital y Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral.

La entrada en vigor de las medidas, que siguen el ejemplo de las sanciones adoptadas en febrero por la Unión Europea, es inmediata. Todos sus posibles bienes en Suiza quedan también congelados.

El Consejo Federal suizo también decretó un embargo sobre los equipamientos militares que puedan ser utilizados para represión, o para vigilancia o intercepción de comunicaciones telefónicas o internet. El Consejo Federal se declaró "gravemente preocupado por las repetidas violaciones de las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de separación de poderes está muy cuestionado y cuyo proceso electoral en ciernes sufre de un fuerte déficit de legitimidad".

Por su parte, el gobernador de Florida, Rick Scott, firmó este miércoles una ley que prohíbe a este estado estadounidense invertir en compañías que hagan negocios con el régimen de Venezuela.

La norma había sido aprobada el 8 de marzo por los legisladores estatales y era de esperarse la firma del gobernador, quien fue uno de sus principales promotores. "Juntos, arrojaremos luz sobre la inaceptable tiranía política y violencia infligida por (el presidente Nicolás) Maduro y sus despiadados matones", dijo Scott al proponer la medida.

La ley 359, que entra en vigor el 1º de julio, prohíbe a la Junta de Administración Estatal "invertir en acciones, títulos de deuda u otras obligaciones" con cualquier compañía en Estados Unidos que haga negocios con el gobierno de Venezuela.

La propuesta fue diseñada luego de que el banco de inversiones Goldman Sachs comprara bonos venezolanos a menos de la tercera parte de su precio.