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San Pablo y Río anuncian mano de hierro al crimen

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Brasil está pasando por una crisis en el sistema carcelario, controlado por los organizaciones de narcotraficantes. Foto: Reuters

eL COMBATE A LA VIOLENCIA EN bRASIL

En Ceará el gobernador pide refuerzo por ola de ataques.

Los gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro siguen los pasos del presidente Jair Bolsonaro y anuncian mano de hierro contra la delincuencia. Con un lenguaje directo y alejado de lo “políticamente correcto”, Joao Doria en San Pablo y Wilson Witzel en Río, han prometido no dar tregua a las organizaciones criminales.

“Si el bandido reacciona no va a la comisaría o a la prisión. Va al cementerio”, dice Doria, un rico empresario y exalcalde de la capital paulista.

Doria endureció su tono y dio un paso más a la derecha del Partido Social de la Democracia Brasileña (PSDB), al cual se afilió hace pocos años para pelear por la alcaldía de la mayor ciudad de Brasil.

“La Policía va a disparar para matar”, dijo durante la campaña electoral, en un discurso similar al empleado por el gobernador de Río de Janeiro, quien también pretende combatir con firmeza la escalada de la violencia que asfixia el estado más emblemático de Brasil

La guerra entre grupos criminales y parapoliciales y la violencia policial han sumido a Río en una grave crisis de seguridad pública que tan solo en 2017 dejó 6.731 muertos, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP).

Para combatir la delincuencia, Witzel, un exjuez federal, del Partido Social Cristiano (PSC), defiende que los francotiradores de élite de la Policía maten a criminales que porten fusiles en las favelas o en centros comerciales.

La semana pasada Bolsonaro cumplió una de sus principales promesas al firmar un decreto que facilita la compra de armas. El objetivo de la medida, según resaltó, es “iniciar el proceso para asegurar el derecho inviolable a la legítima defensa” en el país, que en 2017 registró un récord de 63.880 homicidios, con una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes. La flexibilización en la posesión de armas, advirtió Bolsonaro, es solo el comienzo en su lucha por “ofrecer medidas eficientes para la seguridad pública”.

Ceará violenta.

En tanto, la ola de ataques urbanos ordenados desde las prisiones en el estado de Ceará es un reflejo del colapso del sistema carcelario en todo Brasil, dominado por facciones narcotraficantes.

Sublevados frente al endurecimiento de las medidas de seguridad dentro de las prisiones, las principales bandas rivales de Ceará se aliaron tras las rejas para orquestar explosiones e incendios en viaductos, bancos, torres de transmisión de energía eléctrica, ómnibus y automóviles, incluyendo la turística capital, Fortaleza.

Con 720.000 personas tras las rejas, Brasil ostenta la tercera mayor población carcelaria del mundo, detrás de Estados Unidos y China.

“Precisamos mostrar que quien manda es el estado”, justificó el gobernador de Ceará, Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores (PT), tras reunirse el jueves en Brasilia con el ministro de Seguridad, Sergio Moro, a quien solicitó el envío de unos 400 hombres de la Fuerza Nacional y 90 agentes penitenciarios.

Investigan depósitos a hijo de Bolsonaro

Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, dijo a la cadena Record que no tiene “nada que esconder”, tras detectarle unos depósitos sospechosos en su cuenta bancaria, en el marco de una investigación contra un exempleado suyo.

Según un informe del Consejo de Control de Actividades Fiscales (Coaf), al que tuvo acceso TV Globo, las autoridades identificaron 48 depósitos realizados en un mes a una cuenta del hijo del mandatario.

Los ingresos se produjeron entre junio y julio de 2017 en una agencia bancaria situada dentro de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. De acuerdo con la entidad, fueron además siempre del mismo valor, 2.000 reales (530 dólares), hasta totalizar 96.000 reales (25.500 dólares). Flavio Bolsonaro fue elegido senador en las elecciones de octubre.

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