La exmandataria pide que se repita votación y el PMDB que se la inhabilite.

La crisis política que derivó en la destitución de Dilma Rousseff esta semana, se ha judicializado y pasó al Tribunal Supremo de Brasil tras la denuncia presentada por la defensa de la expresidenta y la respuesta de los aliados del nuevo Gobierno de Michel Temer.

Rousseff fue destituida por el Senado el miércoles pasado por supuestas maniobras para maquillar las cuentas públicas, pero la Cámara Alta, en una votación diferenciada, decidió no inhabilitarla para ocupar cargos públicos por ocho años, al contrario de lo que ocurrió en 1992 con el expresidente Fernando Collor de Mello, destituido e inhabilitado.

La decisión de admitir dos votaciones —una sobre la destitución y otra sobre la inhabilitación— fue adoptada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, que moderó el proceso en el Senado, a petición del Partido de los Trabajadores (PT).

A pesar de la presencia de Lewandowski en la etapa final del juicio político, la defensa de la expresidenta ha recurrido precisamente al Supremo Tribunal Federal de Justicia para pedir la nulidad de la destitución de Rousseff, argumentando "gravísimas" irregularidades en el procedimiento.

El equipo de abogados de Rousseff, encabezado por el exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, planteó que Temer vuelva a su condición de presidente interino hasta que se celebre un nuevo juicio político en el Senado.

En respuesta, miembros de la formación de Temer, el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y varios de sus aliados, han anunciado que recurrirán también al Supremo, pero para pedir la nulidad de la votación que permite a Rousseff mantener sus derechos políticos.

Una reacción que desde sectores del PMDB se intenta frenar no sólo porque varios de los senadores del partido votaron en contra de inhabilitar a Rousseff —entre ellos Renán Calheiros, el propio presidente del Senado—, sino porque las denuncias cruzadas podrían llevar al Tribunal Supremo a revisar todo el proceso, aunque, según analistas locales, tendrían pocas posibilidades de prosperar.

Al menos cuatro de los 11 magistrados que integran el pleno del Tribunal Supremo habían adelantado ya esta semana que no tratarían el tema si llegara a esta instancia por considerar que es una cuestión que corresponde al Poder Legislativo. Mientras la crisis política se judicializa, se multiplican en Brasil las hipótesis sobre la actuación del Senado y sus posibles consecuencias.

La clave está en la decisión de no inhabilitar a Rousseff, que podría beneficiar a aliados de Temer con procesos abiertos, como el expresidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, unos de los cerebros de la destitución de la expresidenta, ahora alejado de la primera línea política por acusaciones de corrupción.

El precedente de Rousseff podría repetirse en el caso de Cunha, que será juzgado por el la Cámara de Diputados en septiembre y que podría ser destituido pero mantener sus derechos políticos.

Los aliados de Cunha ya han adelantado que pedirán también votaciones por separado.

En el ojo del huracán está el titular del Senado, Calheiros, que apoyó la destitución de Rousseff pero defendió públicamente que no fuera inhabilitada. Calheiros tuvo que salir ayer a rechazar las teorías sobre una supuesta "maniobra" para beneficiar a Cunha y a otros legisladores salpicados por escándalos de corrupción, y defender la decisión del presidente del Tribunal Supremo de aprobar votaciones separadas sobre la destitución y la inhabilitación de Rousseff. "Fue correcto y absolutamente defendible", dijo, convencido de que la "judicialización" puede ayudar a despejar dudas sobre procedimientos similares: "Es el mejor momento para que podamos decidir sobre eso de una vez por todas".

Mientras, Temer, que se ha estrenado como presidente de Brasil en la escena internacional en la Cumbre del G20 que se celebra en China, ha restado importancia a la polémica.

El presidente ha asegurado que, antes de viajar, conversó con sus aliados y "la cuestión está superada. No habrá la menor dificultad".

Para Temer, se trata de "pequeñas cuestiones embarazosas" similares a otras que ha logrado resolver en sus 34 años de carrera política.

Los simpatizantes de la ahora ex presidenta brasileña Dilma Rousseff volvieron a salir ayer a las calles de San Pablo, la mayor ciudad del país, en otra jornada de manifestaciones contra la decisión del Senado de destituir a la mandataria por irregularidades fiscales en su gestión.

La céntrica Avenida Paulista, conocida como el "corazón financiero" de Brasil y que se ha convertido en el escenario de las principales manifestaciones sociales y celebraciones deportivas del país, fue este jueves, por cuarto día consecutivo, el epicentro de una concentración a favor de Rousseff.

Al igual que las tres protestas anteriores, que terminaron con la intervención policial para dispersar a los manifestantes y evitar que ellos se encontraran con un grupo de contrarios a Rousseff, que estaban acampados desde hacía varios meses, la de este jueves fue más grande y terminó en incidentes. Con camisetas rojas y carteles de apoyo a Rousseff se movilizaron con los ya acostumbrados gritos de "Fuera Temer".

El embajador español en Brasil, Manuel de la Cámara Hermoso, confió ayer en que la nación suramericana puede usar su "poder de inteligencia" para estrechar las relaciones con "países amigos" como España, con el que su aproximación histórica del pasado se "firma en presente". "Brasil es una gran potencia mundial, pero tiene que utilizar no sólo su poder como territorio y población, sino también lo que llamamos poder de inteligencia, buscando alianzas", afirmó el embajador durante un seminario.

En un reflejo del inevitable cambio de era, Luiz Alberto Figueiredo celebró hace una semana en Washington una fiesta de despedida como embajador de Brasil en Estados Unidos. No esperó a la destitución de Dilma Rousseff como presidenta por parte del Senado. El nuevo presidente de Brasil, Michel Temer, ya acordó hace dos meses el baile de embajadores. Figueiredo, un exministro de Exteriores que ahora va a Lisboa, es sustituido por Sérgio Amaral, un veterano político con experiencia en la diplomacia y el comercio. La elección de Amaral ejemplifica el foco comercial que el nuevo Gobierno de Brasilia quiere dar a la relación con Washington. Superado el culebrón del impeachment a la ex presidenta brasileña, las dos mayores democracias y economías de América quieren impulsar la relación bilateral dejando atrás la inestabilidad política del último año y el clima tirante entre Rousseff y el presidente estadounidense, Barack Obama.

Las promesas de buenas intenciones, de que es la hora de dar el impulso definitivo a la relación acorde al peso de los países, son recurrentes entre ambos gigantes, cuyo entendimiento ha transitado en una especie de montaña rusa en los últimos años.

"El que haya un nuevo presidente es definitivamente una oportunidad para restablecer la relación bajo algunos puntos, objetivos e iniciativas importantes que hasta hoy no se podían hacer por la tormenta política que había", dice Peter Schechter, director del centro latinoamericano del Atlantic Council, un laboratorio de ideas en Washington. El experto cree que la colaboración puede abarcar desde la crisis en Venezuela hasta un mayor entendimiento en asuntos tecnológicos, educativos y comerciales. El Departamento de Estado reaccionó con pragmatismo a la salida de Rousseff, y evitó secundar las críticas de la expresidenta y de algunos países latinoamericanos que sostienen que fue víctima de un golpe de Estado. EL PAÍS DE MADRID

LA GUERRA EN LOS TRIBUNALES