Tribunal decide si el Parlamento proeuropeo avala el Brexit.

La justicia británica examinará a partir de hoy jueves una demanda para que el Parlamento, de mayoría proeuropea, tenga la última palabra sobre la salida de la Unión Europea, al contrario de lo que quiere la primer ministra Theresa May.

Los más altos jueces de Inglaterra escucharán los alegatos de varios demandantes, entre ellos un gestor de fondos de inversiones, un peluquero y un británico afincado en Francia.

May rechaza que el Parlamento se pronuncie y ha tildado la demanda de intento de "subvertir" el resultado del referéndum del 23 de junio en que 52% se pronunció a favor de la salida de la UE.

Pero los demandantes aseguran que el referéndum fue sólo "consultivo", que tiene que ser validado por los diputados.

"El Parlamento nos llevó a la Unión Europea y sólo el Parlamento puede sacarnos de ella", argumentó el abogado John Halford, del bufete Bindmans, uno de los defensores de la demanda.

Ante el creciente malestar de muchos diputados, incluyendo de su Partido Conservador, por el misterio y el rumbo del Brexit, May dijo que el Parlamento podrá "discutir, debatir y cuestionar" asuntos relacionados con las negociaciones, pero se negó a hablar de una votación, tal y como le había preguntado la diputada laborista Angela Eagle.

Más tarde, la portavoz de la primera ministra insistió en que será el gobierno el que decida cuándo invocar el Artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa, puerta de salida de la UE, y que el Parlamento no podrá "malograr la voluntad del pueblo británico" o dañar la estrategia negociadora del gobierno.

May hizo estas declaraciones en la sesión de control semanal de la Cámara de los Comunes, un día antes de que llegue a los tribunales la demanda de ciudadanos que reclaman que el Parlamento tenga la última palabra sobre la salida y que el referéndum del 23 de junio fue meramente "consultivo".

El temor a un divorcio puro y duro con la Unión Europea, que dejaría al Reino Unido sin acceso al mercado único por su anhelo de controlar la inmigración, se ha extendido entre los partidos de la oposición.

El líder de los laboristas británicos, Jeremy Corbyn, se lanzó ayer a un decidido e insólito "ataque" al Brexit durante el "Question Time" en la Cámara de los Comunes.

Corbyn, dirigiéndose a la premier May, afirmó que el proceso de divorcio con la UE llevado a cabo por su gobierno es "caótico" y que "no hay respuestas" a demasiadas preguntas, como las relativas a la permanencia del país en el mercado único europeo.

May, obligada a la defensiva, intentó replicar afirmando que quiere mantener "el máximo acceso posible" al mercado comunitario y al mismo tiempo quiere controlar la libre circulación hacia el Reino Unido.

También se dijo "confiada" en las perspectivas de Gran Bretaña fuera de la UE y cerró con un tono más bien despectivo subrayando que al final se logrará "el mejor acuerdo" para los británicos con Bruselas.

May ha anunciado que quiere invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa en marzo de 2017 como muy tarde. El gobierno argumenta que su derecho a conducir el Brexit como quiera es una "prerrogativa real".

Tras tres días de audiencias —jueves, lunes y martes—, los tres jueces a cargo del caso se retirarán a deliberar y darán su veredicto en las pocas semanas. Dado el nivel de los magistrados a cargo del caso, cualquier apelación iría directamente a la Corte Suprema.

En las primeras semanas tras el referéndum, se especuló mucho con las posibilidades legales de frenar el resultado.

Aunque ahora se cree que es improbable, May ve el desafío en los tribunales como una tentativa de detener la salida de la UE. "Esta gente que argumenta que el Artículo 50 sólo puede invocarse con el acuerdo de las dos cámaras del Parlamento, no están defendiendo la democracia, tratan de subvertirla", sostuvo May. "No tratan de que el Brexit salga bien, tratan de matarlo a base de retrasarlo. Están insultando la inteligencia del pueblo británico", dijo.

La demanda en contra del Brexit fue planteada inicialmente por un peluquero del Reino Unido, Deir Dos Santos, cuya nacionalidad, británica o no, no ha sido revelada, y Gina Miller, cofundadora del fondo de inversiones SCM Direct, a los que se sumaron un grupo de "ciudadanos ordinarios".

Dos Santos mantiene un perfil bajo tras ser insultado y amenazado en las redes sociales.

Un tercer grupo de demandantes está encabezado por Grahame Pigney, un británico jubilado que vive en Francia. Junto a su hijo Rob, de 22 años, que vive en Gibraltar, un jardinero de Gales y un estudiante de Londres, han recolectado casi 150.000 libras de más de 4.000 contribuyentes. "El Parlamento dio a los británicos ciertas libertades fundamentales, ... y sólo el Parlamento puede quitarlas", dijo Pigney.

EL PROCESO PARA INSTRUMENTAR EL BREXIT