La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, lanzó este miércoles una campaña contra la corrupción para contrarrestar el descontento por un escándalo de sobornos que involucra a Petrobras.

Las propuestas contra la corrupción de la mandataria Rousseff -contenidas en proyectos de ley presentados al Congreso- incluyen la criminalización de los fondos ilícitos, que son ampliamente usados para financiar las campañas de los partidos políticos.

Otras medidas acelerarían la incautación de activos de personas y funcionarios del gobierno culpables de corrupción y que hayan acumulado riquezas desproporcionados respecto de sus ingresos.

Como parte de la campaña anticorrupción, Rousseff también firmó un decreto que implementa una ley contra los sobornos aprobada hace más de un año para endurecer las multas a las empresas. La ley no había sido aplicada porque no se habían finalizado sus detalles.

Rousseff dijo que no ocultaría el más reciente escándalo de corrupción ni buscaría esquivar las críticas.

"Estoy seguro de que todos los brasileños de buena fe, incluso aquellos que no votaron por mí, saben que la corrupción en Brasil no fue inventada recientemente", dijo en un discurso.

Muchos brasileños, sin embargo, consideran que ella es responsable. El domingo, cerca de un millón de personas salieron a las calles de las mayores ciudades de Brasil para participar en protestas contra el Gobierno provocadas por el escándalo en Petrobras y el descontento por el estancamiento de la economía.

Algunos manifestantes pidieron que se inicie un proceso de destitución en su contra.

Rousseff era presidenta de Petrobras durante los años en que ocurrieron la mayor parte de los hechos de corrupción. Pero ha negado haber tenido conocimiento de la trama multimillonaria en la que se pagaban sobornos a políticos y ejecutivos de Petrobras con dinero de contratos sobrevalorados con algunas de las principales empresas de ingeniería y construcción de Brasil.

Sondeos de opinión muestran que la mayoría de los brasileños cree que ella sí conocía la trama.

A menos de tres meses del inicio de su segundo mandato, la popularidad de Rousseff se ha hundido al mínimo que haya tenido un líder brasileño desde 1992, poco después de que el presidente Fernando Collor de Mello renunció mientras enfrentaba un proceso de destitución, según un nuevo sondeo publicado el miércoles.

La investigación, que se ha prolongado durante un año, ha motivado hasta el momento la imputación de 103 personas por cargos de latrocinio, soborno y lavado de dinero, incluidos tres ex gerentes de alto rango de Petrobras y ejecutivos de seis constructoras. Cuarenta y siete políticos, la mayoría de la coalición de Rousseff, están bajo investigación también.

Líderes de la oposición han dicho que el proceso de destitución es poco probable ya que Rousseff no ha sido acusada personalmente de algún ilícito en el escándalo de Petrobras.

No obstante, la investigación se acercó el lunes a la presidenta cuando los fiscales acusaron al tesorero del Partido de los Trabajadores de corrupción por solicitar donaciones de ejecutivos imputados por desviar dinero desde la petrolera.

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