Completan allanamientos

Completan los tres allanamientos autorizados por el Senado y logran datos para cotejar con testimonios.

Los allanamientos a las residencias de la expresidenta Cristina Kirchner, investigada en un caso de sobornos millonarios que sacude a la política y el empresariado en Argentina, se completaron ayer viernes con la inspección de su casa de descanso en El Calafate, situado en el extremo sur del país.

Este allanamiento comenzó a mitad de la tarde, a cargo de los mismos peritos de la Policía Científica que el jueves revisaron otro de sus domicilios en Río Gallegos, a 300 kilómetros de distancia, a los que por la tarde se unieron tres camionetas de Gendarmería, con efectivos y un escáner. Llegaron directamente desde Buenos Aires.

Es una casa de dos pisos con jardín, ubicada frente al glaciar Perito Moreno.

Los investigadores fueron recibidos por el abogado Jorge Cabezas, quien llegó a a la residencia acompañado por la custodia permanente de la Policía Federal, que tiene una guardia frente a la residencia, a pocas cuadras de la avenida principal de El Calafate.

Realizados a pedido del juez Claudio Bonadio y con gran despliegue policial, los allanamientos buscan contrastar los espacios interiores de las viviendas con relatos de imputados arrepentidos de este proceso judicial de lugares donde pudieron tener lugar los denunciados pagos de sobornos por parte de empresarios para obtener contratos de obras públicas en los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. También sirven para comparar con los planos y se escanean paredes y techos.

La otra residencia allanada fue el departamento de Cristina en el elegante barrio Recoleta, de Buenos Aires, en un procedimiento que se extendió por 13 horas y terminó en la madrugada de ayer viernes. La Policía Federal y los expertos de la Policía Científica, con equipos para detectar lugares ocultos y perros entrenados para descubrir dólares, euros y billetes de otras monedas, revisaron paredes, techos y pisos e hicieron una valuación de cuadros y "artesanías". En la inspección no dieron con dinero ni con otros objetos de valor.

El allanamiento en Buenos Aires atrajo la atención de decenas de periodistas, que durante horas transmitieron las incidencias a las puertas del edificio, y también la movilización de partidarios de la expresidenta que fueron a expresarle su respaldo.

Los tres allanamientos fueron autorizados por el Senado, en una votación unánime de los 66 legisladores presentes. En una carta que había enviado a la bancada de su partido Frente para la Victoria, Cristina pidió a sus legisladores que votaran a favor de los allanamientos.

En la exposición que hizo en el Senado, Cristina calificó de títere al juez Bonadio y denunció una persecución contra ella instigada por el presidente Mauricio Macri.

Cristina, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, es la persona de más alto rango investigada en el caso conocido como los Cuadernos de la corrupción, en los que el chofer del ministerio de Planificación, Óscar Centeno hizo detalladas anotaciones de movimientos de dinero para el supuesto pago de sobornos. Los cuadernos fueron revelados por el diario La Nación. Las anotaciones implican a una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios.

Según esos apuntes que también abarcan el gobierno de Néstor Kirchner, empresarios de la construcción entregaron incontables bolsos con dólares en efectivo a cambio de obtener contratos en la obra pública. Y la pareja de Kirchner habría sido la principal beneficiada.

Los cálculos iniciales apuntan a coimas por unos 160 millones de dólares. En la lista de implicados figuran los nombres de los más conocidos empresarios, desde Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, hasta Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

En un momento de crisis económica, con una inflación proyectada de 30% este año y caída de la actividad económica, los relatos sobre millones de dólares escondidos irritan a la opinión pública.

El presidente Macri se refirió indirectamente al caso ayer viernes, durante un acto en Tucumán (norte) en el que dijo que "viendo todo lo que pasó, entendemos por qué nos faltan las rutas que necesitamos, los puertos o más energía. La plata de la corrupción explica las cosas que nos faltan y los desafíos que tenemos", añadió el mandatario, que aplica un ajuste fiscal en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El juez federal Claudio Bonadio homológo el acuerdo al que habían llegado el exsecretario de Obras Pública José López —el hombre de los bolsos con nueve millones de dólares— y el fiscal Carlos Stornelli para reducir su condena a cambio de los aportes que prestó para la investigación de corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner.

López se convirtió así oficialmente en imputado colaborador y sus revelaciones ya tienen valor en el expediente judicial que se inició con los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio de Vido. Los cuadernos mencionaban un circuito de recaudación ilegal de dinero de empresarios vinculados con las obras públicas. Los empresarios corroboraron esas acusaciones y confesaron pagos indebidos y López, al declarar como arrepentido, explicó cómo funcionaba el mecanismo de recaudación.

Él mismo se reconoció como uno de los recaudadores del dinero que terminaba en manos de Néstor Kirchner en un principio, y en las de Cristina Kirchner tras la muerte del expresidente.

López admitió que el dinero llegaba hasta la exmandataria y se despegó de los 9 millones de dólares que le fueron encontrados en su poder cuando fue detenido en la puerta de un convento en General Rodriguez en 2016.

El exfuncionario, que vive protegido al amparo de un programa de protección del Gobierno, sigue preso, aunque lo sacaron de la cárcel de Ezeiza por su seguridad.

López declaró una vez y luego hizo una ampliación. En sus relatos mencionó a dirigentes de la Cámpora como destinatarios de fondos.

Ayer también declaró ante Bonadio el empresario Alberto Taselli,dueño de empresas alimenticias y de la metalúrgica Aceros Zapla, y de Materfer, una empresa que fabrica vagones ferroviarios y ómnibus, fue mencionado en las anotaciones que tomó Centeno. Habría entregado dinero en 2013 a Nelson Lazarte, entonces secretario privado de Baratta. FUENTE: LA NACIÓN-GDA