POLÉMICA MIGRATORIA

El presidente afirmó que el sistema judicial es “injusto”.

Cuando todavía no había aplacado su ira por el libro Fuego y Furia que cuestiona su capacidad para gobernar, Donald Trump se despachó ayer miércoles contra el sistema judicial después de que un juez bloqueara su decisión de ponerle fin al programa DACA, que protege a unos 700.000 jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos ilegalmente siendo niños. Se los conoce como "dreamers" (soñadores).

Según Trump, este fallo muestra "cuán malo e injusto es nuestro sistema judicial".

El juez federal William Alsup, de San Francisco, dictaminó que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), debe seguir en vigor hasta que se resuelvan los recursos legales.

Trump anunció en septiembre pasado el fin del DACA y dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para solucionar la situación de los "soñadores", pero la Casa Blanca ha condicionado esa medida a la aprobación de varias prioridades de Trump, como un refuerzo de la seguridad fronteriza (léase el muro con México), y cambios al sistema de inmigración legal.

A menos de que una corte de mayor rango anule la decisión del juez Alsup, los beneficiarios del DACA podrán renovar sus permisos de residencia en Estados Unidos.

El dictamen podría complicar las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre el estatus legal de los 700.000 jóvenes inmigrantes amparados por el programa.

El fallo podría endurecer las posiciones.

Trump había presidido el martes un debate sobre el tema con legisladores, en el que sugirió una estrategia en dos etapas pero sin abandonar uno de los pilares de su campaña: el controvertido muro fronterizo con México.

Trump dijo apostar primero por una ley que contemple la cuestión de los jóvenes sin papeles y la seguridad fronteriza, y luego lograr una reforma migratoria más amplia.

El presidente se dijo incluso dispuesto a asumir el reto político de plantear un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Una "reforma migratoria integral (...) es adonde me gustaría llegar eventualmente", explicó el mandatario, aclarando que esto puede no estar tan lejos si se hace "la ley correcta" ahora.

Pero la "solución permanente" para los "dreamers" tiene condiciones vinculadas a la seguridad. El presidente ha pedido durante mucho tiempo al Congreso fondos para levantar un muro en el sur del país, con el que se propone detener la inmigración irregular y parar el tráfico de drogas.

"Necesitamos un muro", señaló a los legisladores el martes sin detallar la magnitud de la obra, aunque señaló que ya existen obstáculos naturales, como montañas o ríos, que pueden aprovecharse.

Los líderes republicanos quieren que la autorización para el muro sea una ley independiente, mientras hay demócratas que buscan adjuntarla al paquete sobre el gasto federal que debe aprobarse antes del 19 de enero para evitar el cierre del gobierno.

El tema del DACA "no será parte de ningún acuerdo general del gasto", aseguró el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, optimista sobre lograr un resultado antes de marzo.

En medio de este clima tenso entre Trump, los jueces y los demócratas, legisladores republicanos presentaron ayer miércoles un proyecto de ley de reforma migratoria que garantiza fondos para la construcción del muro en la frontera con México pero blinda de deportación a centenas de miles de inmigrantes jóvenes.

Bob Goodlatte, titular de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes y responsable principal por el proyecto de ley, dijo que tenía el apoyo de la Casa Blanca.

De acuerdo con el legislador, el proyecto de ley "garantiza recursos para construir el muro y brinda seguridad a nuestra frontera sur. También aumenta el personal", limita la capacidad de inmigrantes legales de traer familiares y pone punto final al sorteo de visas permanentes.

El texto, sin embargo, incluye ideas fundamentales al movimiento conservador estadounidense, como el fin de las llamadas "ciudades santuario" (que no cooperan con las autoridades migratorias) y cierra las puertas a un camino de los inmigrantes legales a adquirir la ciudadanía estadounidense.

Aun si este proyecto resulta aprobado en la Cámara de Representantes, tendrá un camino difícil en el Senado.

Los siete países del sur de Europa (Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Chipre y Malta) pidieron ayer miércoles desde Roma al bloque comunitario que comparta la “carga” de la protección fronteriza ante la presión migratoria. “La gestión de los flujos migratorios será un reto fundamental para los países de la UE en los años que están por venir. Los países sureños están particularmente afectados e implicados al estar en primera fila”, dice la declaración de los presidentes de esos países.

Para Italia, 2017 ha sido un año de cambios: el país pasó de un flujo masivo de migrantes a una inmigración controlada, gracias a controvertidos acuerdos con Libia que limitaron las llegadas de inmigrantes a 119.000, un 35% menos que en 2016. En España, en cambio, argelinos y marroquíes han engrosado las llegadas a las costas del país, que pasaron de 6.000 en 2016 a 23.000 en 2017.

Paralelamente el número de migrantes muertos o desaparecidos en el mar Mediterráneo pasó de cerca de 5.000 en 2016 a 3.116 en 2017, la mayoría frente a las costas de Libia. Pero este principio de año tiene estadísticas macabras. Entre 90 y 100 migrantes desaparecieron en el Mediterráneo tras el naufragio de su lancha neumática frente a las costas de Libia. (EFE, AFP)