Brasil está envuelto en el escándalo de la empresa petrolera Petrobras desde marzo de 2014, cuando la llamada Operación Lava Jato llegó al gran público, con la detención de 24 personas en varios estados.

En realidad había comenzado en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba, Paraná, descubrió una red de lavado de dinero de tamaño mediano que operaba desde Brasilia y San Pablo. Después de meses de actuaciones, el hilo llevó a los investigadores de vuelta a Paraná donde vivía el cambista Alberto Youseff. Tras su detención, llegó a un acuerdo de delación premiada con la Policía: sus testimonios y los de otro "colaborador" de la Justicia, el ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, hicieron explotar el caso. Posteriormente, surgieron otros acuerdos de delación premiada.

Hubo más detenidos en el caso, entre los que se encuentran algunos de los principales empresarios constructores de Brasil, que según diversos testimonios de delatores, se repartían los contratos de la petrolera y pactaban hasta los porcentajes de los sobornos.

La Fiscalía estima que la cantidad total de dinero desviado entre 2004 y 2012 asciende a U$S 8.000 millones.

De acuerdo con lo que surge de las investigaciones, Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas, en aplicación de la política "Compre Nacional" establecida por la presidenta Dilma Rousseff cuando se desempeñó como ministra de Energía, con la finalidad de estimular la creación de empleo. De los presupuestos se desviaba en sobornos un monto cercano al 3% para empresarios y políticos. El dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de estaciones de servicio, lavanderías y hoteles. Los presuntos involucrados transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de más de cien empresas de "fachada" y centenares de cuentas bancaruias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong. Las empresas simulaban importaciones y exportaciones con el único propósito de recibir o mandar dinero, sin comercio alguno de productos o servicios.

La trama de financiación irregular de partidos políticos afecta, en principio, a todo el arco parlamentario, aunque señaladamente al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados PDMB y PP.

La Fiscalía determinó que no hay ningún mérito para juzgar a la presidenta Rousseff ni al líder del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña, el senador Aécio Neves.

A mediados de marzo de este año, después de la masiva movilización contra la corrupción que se realizó a lo largo de Brasil con la participación de más de dos millones de personas en las calles de las principales ciudades, la presidenta Rousseff anunció siete medidas de combate a un mal que ya es endémico en Brasil.

Las medidas incluyen penas de 3 a 6 años para el delito de adulteración u ocultamiento de información ante los organismos de fiscalización electoral, y de 3 a 10 años por ocultar o disimular el origen, la localización y movimientos de valores o bienes para fines electorales provenientes de fuentes prohibidas por la ley.

Asimismo, estipula la confiscación de los bienes, propiedades o valores que provengan de actos criminales o de improbidad administrativa o que su naturaleza los haga incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de la persona en cuestión. Esto requiere una enmienda constitucional.

Otra medida es el pedido de urgencia para permitir la enajenación anticipada de bienes.

El gobierno también planteó la tipificación del enriquecimiento ilícito, que castiga la posesión, adquisición o el uso de bienes incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de los funcionarios. La pena será de 3 a 8 años.

Otro proyecto reglamenta la ley anticorrupción, fijando multas de 0,1% al 20% para desvíos de fondos contra la administración pública. Los montos surgirán de la ecuación que se aplicará sobre la facturación bruta. La ley anticorrupción fue aprobada en la legislatura pasada y busca procesar a empresas privadas que cometan ilícitos contra la administración pública. (Fuentes: El País de Madrid y AFP)

"Hay un agravamiento de la crisis política, que es cada vez más próxima del gobierno y de la presidenta", dijo el senador Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien fue derrotado por la presidenta Dilma Rousseff en las elecciones de octubre. Puntualizó que, si bien todavía no se puede hablar de un juicio político contra la mandataria, ello no significa que esté prohibido mencionar el asunto.

Asimismo, dijo que uno de los organismos fiscalizadores determinó que el gobierno cometió "un delito de responsabilidad" fiscal al usar recursos de bancos públicos para inflar sus resultados y mejorar las cuentas del Estado en 2014. "Precisamos establecer de quién fue la responsabilidad de ese maquillaje que se suma a los delitos que ha cometido el partido de la presidenta", indicó. El PSDB pidió que el Congreso investigue los negocios del Banco Nacional de Desarrollo, la mayor institución de fomento del país, por préstamos otorgados a empresas involucradas en el escándalo de Petrobras.

El monto desviado entre 2004 y 2012 se situaría en US$ 8.000 millones