Por primera vez desde el fin de la dictadura chilena en 1990.

Por primera vez un grupo de represores de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile pidió perdón por las muertes, torturas y desapariciones provocadas entre 1973 y 1990. Se trata de diez ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Los represores participaron ayer viernes en una ceremonia ecuménica en el penal de Punta Peuco donde cumplen condena por crímenes de lesa humanidad. En las afueras, familiares de las víctimas del régimen de Pinochet protestaron porque consideran que ese acto propicia la impunidad y busca obtener beneficios carcelarios.

El sacerdote Mariano Puga, ex torturado y perseguido por la dictadura, fue enfático a su salida del penal que habían sido testigos de un hecho inédito. Con la misma fuerza, dijo que con la lectura del Evangelio sobre Zaqueo quedó claro que "no basta pedir perdón, hay que reparar, cinco veces el daño causado como Jesús" al cobrador de impuestos del Imperio Romano.

La ceremonia en la cárcel contó con la participación del excapellán anglicano de La Moneda, Alfred Cooper, y el sacerdote jesuita Fernando Montes.

Entre aquellos que pidieron perdón en la ceremonia privada, a la que no tuvo acceso la prensa, destacan el ex jefe operativo de la DINA en el exterior, general Raúl Iturriaga, condenado por los atentados a Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires y la desaparición de la directiva del Partido Socialista.

Asimismo, el oficial de ejército Carlos Herrera, autor del degollamiento del líder sindical Tucapel Jiménez; Miguel Estay, dirigente de las juventudes comunistas que se convirtió en represor y que junto al oficial de Carabineros, Basclay Zapata, participaron en el secuestro y degüello de tres profesionales comunistas.

También pidió perdón el general Fernando Torres Silva, condenado por el asesinato del químico y también agente de la DINA, Eugenio Berríos, cometido en Uruguay en 1995.

El gesto de estos represores es inédito en democracia y ha reabierto el debate sobre la posibilidad de otorgar medidas de gracia a quienes han sido condenados por violar los derechos humanos en Chile.

Si bien los involucrados han descartado que detrás de su interés por ofrecer las disculpas públicas exista una motivación para poder optar a beneficios carcelarios, los familiares de las víctimas creen que se trata de una puesta en escena.

"Se trata de disfrazar una burda campaña que busca obtener excarcelaciones de violadores de los derechos humanos, de ejecutores de crímenes de lesa humanidad con argumentos que obvian las leyes existentes, nacionales e internacionales", sostuvo Ignacio Vidaurrázaga, hermano de Gastón Vidaurrázaga, profesor y militante del MIR que fue asesinado en 1986 por agentes de la dictadura.

La cárcel de Punta Peuco, en la que cumplen condena un total de 120 represores del régimen de Pinochet, fue construida en 1995 para albergar a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile.

La dictadura del general Augusto Pinochet fue de las más sangrientas de América Latina. Comenzó en septiembre de 1973 con el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende, y terminó en marzo de 1990 cuando asume el presidente Patricio Aylwin. En ese período hubo más de 3.200 muertos o desaparecidos por efecto del régimen y más de 28.000 torturados. La justicia chilena mantiene abiertas 1.184 causas penales por crímenes contra los derechos humanos, de acuerdo a un informe anual de la Universidad Diego Portales. Las agrupaciones de víctimas afirman que solo un 5% de los casos ha logrado ser resuelto. Pinochet murió en diciembre de 2006 con centenarias de denuncias pendientes.

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