La seguridad en Buenos Aires

Martín Ocampo deja el cargo a cuatro días de la cumbre G20 en Buenos Aires.

EFE, REUTERS, LA NACIÓN (GDA)

BUENOS AIRES

El partido River Plate-Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores todavía no se sabe cuándo se jugará, pero desde ayer lunes tiene a su primera víctima política. El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, presentó su renuncia tras los incidentes del sábado en el estadio Monumental, que dejaron varios jugadores de Boca heridos y una treintena de detenidos por los disturbios. Ocampo (Unión Cívica Radical) renuncia además a solo cuatro días de la histórica cumbre del G20 que se celebrará en Buenos Aires desde el viernes.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aceptó la renuncia de Ocampo y designó en su lugar al vicealcalde, Diego Santilli. "Es un gesto de continuidad", dijo.

Los disturbios hicieron que la segunda final de la Copa Libertadores entre los dos equipos más populares de Argentina fuera aplazada sin fecha por las heridas que sufrieron algunos jugadores de Boca cuando el autobús que los trasladaba al estadio fue atacado por hinchas del River.

Al respecto, Rodríguez Larreta reconoció que el operativo de seguridad "podía haber sido mejor, pues no hubiera sucedido lo que sucedió". Sin embargo, reiteró que la responsabilidad fue de los ultras de River Plate, que arrojaron piedras al autocar xeneize.

Tras los incidentes, se levantó una polémica respecto a si la responsabilidad de la falta de seguridad fue del Gobierno de la Ciudad o del nacional, ya que ambos aportaron agentes policiales de su competencia.

Ayer lunes efectivos policiales registraron el estadio Monumental para buscar posible información en torno a la reventa ilegal de entradas, después de que el viernes, un día antes del partido, se registrara la casa de Héctor "Caverna" Godoy, uno de los líderes de la barra brava de River Plate, donde se encontraron 7 millones de pesos argentinos (unos 180.000 dólares) y 300 entradas para el encuentro del sábado en el Monumental.

"No tengo ninguna duda que los hechos del sábado están relacionados con el allanamiento en que se encontró dinero y entradas en manos de barrabravas", afirmó Rodríguez Larreta, convencido de que se hay "mafias" que están "enquistadas" en el fútbol argentino desde hace más de 50 años. "Esperemos que la justicia vaya a fondo", espetó.

Por su parte, Santilli, que acompañó al jefe de gobierno en la conferencia de prensa, agregó: "Quiero ratificar el plan integral de seguridad, para nosotros es la principal preocupación y ocupación".

Por su parte, el presidente Mauricio Macri impulsó ayer lunes una ley que endurecerá las penas contra los barrabravas.

"Ante este bochorno, hemos incluido en (sesiones legislativas) extraordinarias" el tratamiento de una ley que "tipifica el tipo de delito (de barrabrava) en este campo y en este aspecto podamos actuar con mayor claridad y contundencia", dijo Macri a periodistas en referencia a los incidentes en torno a la final de la Copa Libertadores.

"¿Cómo puede ser que (...) la policía detuvo a 23 personas después de todos los desmanes del sábado, (y que) en horas esas personas estén libres?", agregó el presidente exaltado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que el proyecto de ley contempla tipificar las conductas violentas en los estadios de fútbol y sus alrededores como delitos penales.

En este marco, el Gobierno argentino aseguró ayer lunes que trabajará para que las protestas previstas contra la cita del G20 "sean en paz" y pidió que "todos los sectores políticos" respalden esa idea.

"Nosotros estuvimos en Hamburgo (Alemania, en 2017) y vivimos lo que fue la conflictividad callejera. Es natural, siempre en estos eventos hay protestas y se trabajará para que esas protestas sean en paz", remarcó el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

Un total de 22.000 efectivos de fuerzas policiales velarán por la seguridad de la cumbre, para la que llegarán los jefes de Estado o de Gobierno de las 19 mayores economías en desarrollo o emergentes y los altos representantes de la Unión Europea, así como las máximas autoridades de organismos como la ONU y el FMI.

El objetivo del Gobierno es evitar actos terroristas y protestas violentas en las calles, como las que se produjeron en la anterior cumbre, en Hamburgo en 2017, bajo la presidencia alemana del G20.

Para Peña es un "enorme desafío y un orgullo para los argentinos" acoger esta reunión.

"Es una enorme oportunidad para mostrar lo mejor de nosotros", añadió en la conferencia "La nueva Argentina", organizada por el diario La Nación.

La Confluencia Fuera G20-FMI, que reúne a varias oenegés, ya avanzó las actividades que realizará en esta "semana de acción" contra la cumbre, que tendrá su punto álgido con una marcha el día 30, durante la primera jornada de la reunión.

Por ello, el pasado 16 de noviembre el Ejecutivo convocó mediante una carta al diálogo a esas organizaciones —encabezadas por el Servicio de Paz y Justicia, que preside el premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel—con el fin de garantizar "los derechos constitucionales" de quienes desean manifestarse en un marco de "paz y no violencia".

La organización internacional Human Rights Watch presentó ayer lunes ante la Justicia una denuncia contra el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, quien estará en Buenos Aires para la cumbre del G20.

La denuncia fue presentada ante un fiscal federal argentino, a quien pidió investigue al príncipe saudí por presuntas violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto armado en Yemen. Según Human Rights Watch, Bin Salmán "sería penalmente responsable" como ministro de Defensa de Arabia Saudita. "Las autoridades judiciales deberían evaluar el papel de Mohamed bin Salmán en posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen desde 2015", afirmó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.

El escrito presentado también hace alusión a la posible complicidad de Bin Salmán en graves denuncias de tortura y otros malos tratos de ciudadanos saudíes, incluyendo el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, perpetrado a inicios de octubre en la embajada saudí en Turquía.