MADRID

En España acaban de aprobar una nueva reforma educativa, esta vez gracias a un acuerdo entre la alianza de izquierda gobernante -Partido Socialista y Podemos- y los nacionalista catalanes. Así, en un gesto al independentismo catalán la reforma eliminó la mención explícita al castellano como lengua vehicular del sistema educativo.

La educación en España es competencia de los gobiernos de las regiones, algunas de las cuales tienen otra lengua cooficial, como Cataluña, País Vasco y Galicia.

En el caso de Cataluña se ha venido aplicando la llamada “inmersión lingüística”, desde hace décadas y bajo gobiernos centrales tanto de derecha como de izquierda. El método consiste en que las materias se imparten en catalán, y al castellano se le reservan apenas dos horas semanales en la mayoría de centros públicos.

El nacionalismo en Cataluña defiende el modelo alegando que el castellano, por su caudal de hablantes y su potencia mediática y cultural, mantiene un uso social preponderante en la región, mientras que el catalán es una lengua vulnerable que debe preservarse con el máximo esfuerzo institucional.

Los no nacionalistas denuncian que el modelo no garantiza un aprendizaje óptimo del español, e impide a los niños que tienen el castellano como lengua materna ser educados en la misma.

Sobre todo esto se debatió a propósito de la “ley Celaá” -en alusión a la ministra de Educación, Isabel Celaá-, objeto de manifestaciones de repulsa por parte de la oposición este domingo en Madrid y Barcelona.

El texto, aprobado definitivamente ayer miércoles en el Senado, retira al castellano el calificativo de “vehicular” en el conjunto del país, al tiempo que revalida el modelo de inmersión en catalán.

El adjetivo había sido añadido por el Partido Popular (PP) en 2013, en una ley que no fijaba un número de horas de castellano y que en los hechos no alteró un ápice la inmersión lingüística en Cataluña.

Ahora, el gobierno del PSOE y Podemos, sin mayoría en el Parlamento, acordó la retirada del término “vehicular” con los separatistas catalanes de ERC, de los que dependía para aprobar los Presupuestos de 2021.

Fuentes del gobierno español aseguran a AFP que la retirada del adjetivo “vehicular” es un giro apenas cosmético, que en el fondo “no cambia nada” en cuanto a la política lingüística practicada hasta ahora.

La cuestión encendió el debate cuando se avecinan las elecciones regionales en Cataluña el 14 de febrero, en las que separatistas y partidarios de la unidad de España medirán fuerzas.

ERC, que gobierna Cataluña, presumió de que la ley “blinda” la inmersión lingüística, mientras el líder de la oposición, Pablo Casado, avisó que el PP recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.

El Nobel de Literatura, el hispanoperuano Mario Vargas Llosa se sumó al debate, denunciando en un reciente video una “conjura” contra el español en Cataluña, que según él se está convirtiendo allí en “una lengua oculta o clandestina” merced a este pacto entre gobierno y ERC.

Los detractores del modelo lingüístico catalán encontraron un aliado en una reciente decisión judicial que obliga al ejecutivo regional a garantizar “de manera efectiva e inmediata” al menos un 25% de enseñanza en castellano.

En la sentencia, que no es firme, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña constató que el empleo del castellano en las escuelas catalanas es “residual”, lo que supone “una infracción del marco jurídico vigente”.