Tres renuncias en gobierno regional; Rajoy denuncia que está ganando el radicalismo.

El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció la salida de tres miembros de su ejecutivo, claves en la organización del referéndum de autodeterminación previsto para el 1 de octubre y declarado ilegal por la justicia española.

El largo conflicto político se agudiza entre los dirigentes independentistas y el gobierno conservador de Mariano Rajoy, a menos de ochenta días de una controvertida votación que también genera tensiones internas en Barcelona.

En una rueda de prensa convocada de urgencia, el viernes, Puigdemont informó que la portavoz del gobierno y consejera de la presidencia, Neus Munté, el consejero de Interior, Jordi Jané, y la consejera de Educación, Meritxell Ruiz, "han decidido dar un paso al lado" sin dar explicaciones claras.

A estas bajas hay que sumar la destitución a principios de mes del consejero de Empresa, Jordi Baiget, que había dudado de la celebración del referéndum y reconoció tener miedo ante las repercusiones personales y familiares.

Los tres renunciantes estaban en el núcleo de los preparativos del voto: Munté en tareas de coordinación del ejecutivo, Jané al mando de la policía regional y Ruiz como responsable de las escuelas que acogerán parte de los circuitos.

Los sustituirán dos independentistas convencidos y leales del partido nacionalista conservador de Puigdemont, Jordi Turull como portavoz y Joaquim Forn en Interior, y una economista independiente próxima al separatismo, Clara Ponsatí.

"Hoy se purga a los dudosos, triunfando el radicalismo. ¿Qué diálogo quieren con esta forma de comportarse?", criticó Rajoy.

Su gobierno está dispuesto a impedir esta votación a toda costa. En los últimos meses se multiplica la presión judicial, con interrogatorios a funcionarios y empresas que colaboran con el gobierno y repetidas advertencias, e incluso algunas imputaciones a dirigentes independentistas. Aun así, habrá referéndum, insistió Puigdemont. "Se nos hace difícil ver (...) cómo se puede impedir que millones de personas que quieren votar no vayan a votar", manifestó.

Rajoy cuenta con el respaldo de los grandes partidos españoles, a excepción de la izquierda radical de Podemos, pero también le exigen una salida a años de tensión y auge independentista en Cataluña.

"Hay que reivindicar la ley, pero también la política y los puntos de encuentro", reclamó el líder socialista Pedro Sánchez, que presentó en Barcelona una propuesta de reforma constitucional para dar más autonomía a la región y buscar una solución intermedia entre "ruptura o inmovilismo".

A menos de ochenta días de la fecha clave, las tareas se acumulan: todavía no disponen de urnas, la ley para regular la votación no ha sido aprobada, tampoco cuentan con una junta electoral, y se desconoce cuál será el censo de la consulta.

Puigdemont anunció la centralización de estas tareas en el vicepresidente Oriol Junqueras, quien consiguió imponer que las decisiones relativas al referéndum se tomaran y se asumieran "de manera colegiada" por todo el ejecutivo, ante sus dudas por el compromiso de algunos compañeros.

Los intentos de secesión de Cataluña —una región mediterránea de 7,5 millones de habitantes, que representa la quinta parte del Producto Interno Bruto de España— tienen fuerte repercusión más allá del territorio español.

Mientras los catalanes están divididos —48,5% se opone a la secesión y 44,3% está a favor, según revela la última encuesta que hizo el gobierno— en el ámbito de la Unión Europea (UE) ya se hizo la advertencia sobre las consecuencias que tendría la independencia regional.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker reiteró en una respuesta parlamentaria que una Cataluña independiente saldría automáticamente de la UE. En ese sentido, citó la doctrina establecida por el ex presidente del brazo ejecutivo de la UE, Romano Prodi, en 2004: "Cuando un territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a ese Estado".

Juncker recordó que una vez declarada la independencia, el nuevo Estado debe presentar la solicitud de ingreso a la UE y el proceso de acceso debe estar totalmente en línea cion las reglas y procedimientos previstos en los tratados. El jerarca ha rechazado reunirse con el presidente catalán Carles Puigdemont. Fuentes: AFP Y EL PAÍS DE MADRID.

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