En medio del escándalo de corrupción, los partidos trazan sus estrategias.

Brasil inició ayer el receso de Semana Santa en medio del intenso cabildeo en que se han sumergido tanto el Gobierno como la oposición ante el juicio político con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

El proceso que puede desalojar a la mandataria del poder comenzó ya en la Cámara de Diputados, el primer paso un engorroso trámite que, como juicio político, dependerá de la correlación de fuerzas en el Parlamento y del correspondiente número de votos, sobre el cual el Gobierno y la oposición hacen y rehacen sus cuentas. Si el pleno de los diputados se pronuncia en favor del proceso, el Senado decidirá si inicia el juicio político en sí mismo y, en ese caso, Rousseff debería separarse del poder durante los 180 días que la Constitución prevé para ese trámite.

La mayor preocupación del Gobierno en el paréntesis que abrió ayer la Semana Santa radica en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), formación de centroderecha que representa la mayor fuerza política del país y que ha sido hasta ahora el principal pilar de la coalición que sostiene a Rousseff.

El PMDB, que lidera el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea de sucesión en caso de una destitución de Rousseff, alberga a sectores disidentes que exigen una ruptura con el Gobierno y que han forzado a que el partido se pronuncie al respecto.

La decisión de continuar junto al Gobierno o no será tomada en una reunión de la dirección nacional del PMDB el martes próximo, cuando para muchos analistas estará en juego la propia supervivencia política de Rousseff.

Con 69 de los 513 diputados, el PMDB es la primera minoría en la Cámara baja y también lo es en el Senado, en el que ocupa 18 de los 81 escaños.

Gobierna además en siete de los 27 estados del país, pero su mayor base está en el plano municipal, en el que cuenta con 1.041 de las 5.570 alcaldías del país. Mucho de los dirigentes del PMDB han dicho en los últimos días que no se puede arriesgar ese capital político en las elecciones municipales de octubre, por apoyar a un Gobierno cuya tasa de aprobación se sitúa en torno al 10 %, según todos los sondeos. Por esa misma tesis, el Gobierno ya ha sido abandonado en las últimas dos semanas por los partidos Republicano Brasileño (PRB) y Laborista Brasileño (PTB), que se fueron a la oposición con los 40 diputados que suman entre ambos.

En los próximos días, tanto el Gobierno como el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, han admitido que la tarea primordial será evitar que prosiga la desbandada y mantener unida a una base en la que las únicas fidelidades las ofrecen los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT).

El problema está en que el PT cuenta con 58 diputados, el PDT suma 20 y el PCdoB otros 11, mientras que el Gobierno necesita al menos 172 votos para impedir que la Cámara baja decida avanzar en el proceso. Otra formación que le quita el sueño al Gobierno es el Partido Progresista (PP), formación oficialista de derecha que tiene 49 diputados y, como el PMDB, alberga sectores que exigen romper con Rousseff.

La articulación que pueda intentar el Gobierno, así como toda la crisis política brasileña, estará contaminada por el impacto de las investigaciones sobre los escándalos de Petrobras, que ya salpican a casi todos los partidos del país. La prensa local obtuvo una lista de presuntos favorecidos por la corrupción petrolera que incluía a por lo menos 200 políticos, tanto del oficialismo como del arco opositor.

Cerca de 17.000 manifestantes, según los cálculos de la Policía, se congregaron ayer en una plaza pública de San Pablo para protestar contra el trámite que corre en el Congreso para el eventual juicio político para destituir a Dilma Rousseff. "Nosotros no queremos incendiar el país, pero tampoco tenemos sangre de cucaracha. No va a haber golpe", declaró en su discurso el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, una de las organizaciones convocantes. La concentración convocada por el Frente Povo Sem Medo (Frente Pueblo Sin Miedo) tuvo lugar en el céntrico barrio de Pinheiros.

Varios magistrados de la Corte Suprema de Brasil han salido al paso a las declaraciones de la presidenta, Dilma Rousseff, para aclarar que un juicio político "no es un golpe" y está contemplado en la Constitución nacional. "No se trata de un golpe. Todas las democracias tienen mecanismos de control y el juicio político es uno de ellos", dijo ayer al canal de televisión Globo José Antonio Dias Toffoli, uno de los miembros del Tribunal Supremo. Dias Toffoli aclaró que, en el proceso iniciado contra Rousseff, "el juez primario es la Cámara de Diputados y luego el Senado" y que "cualquier cosa que pueda estar fuera de las normas legales puede apelarse ante el Supremo, para que lo enmarque en la Constitución". Rousseff, en los últimos días, ha insistido en que el trámite iniciado en el Parlamento de cara a un posible juicio con miras a su destitución intenta alterar el orden democrático y supone un "golpe" contra el mandato que le dieron las urnas.

LA CRISIS DE BRASIL