Partido Popular decide si acepta planteo de Ciudadanos para que España tenga gobierno.

Después de dos elecciones —en diciembre de 2015 y junio de este año— en las que resultó ganador el Partido Popular (PP, centroderecha), pero que no permitieron la formación de gobierno al no haber alcanzado la mayoría absoluta, el diálogo abierto entre el presidente en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy y el joven abogado y conductor de Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, parece abrir el camino para evitar una tercera convocatoria a comicios generales antes de fin de año y sacar a España de ocho meses de parálisis política.

Rajoy puede estrenar septiembre como el reelegido presidente del gobierno, si concluye con éxito su búsqueda de apoyos para la investidura. A pesar de que Rajoy no ha querido desvelar la fecha de la investidura, el PP y Ciudadanos ya manejan un calendario, según el cual la primera votación se celebraría el 30 o 31 de este mes. Tras ese pleno, en el que el candidato del PP no obtendría mayoría absoluta, la segunda votación, ya con mayoría simple, se realizaría el 1° o 2 de septiembre.

Rajoy se reunió el miércoles pasado con Rivera, quien le planteó que para negociar su reelección al frente del gobierno, primero debe fijar la fecha del debate de investidura en el Congreso de los Diputados y también aceptar seis reformas en materia de regeneración democrática y contra la corrupción. (ver aparte).

El presidente del gobierno elogió la iniciativa de Rivera como "una buena decisión para España", y explicó a la prensa que ha dado instrucciones para que el Comité de Dirección del PP se reúna el próximo miércoles 17 y estudie esas condiciones. De esa manera, ganó tiempo para que su fuerza política decida si admite esas propuestas, que chocan con algunos planteamientos defendidos hasta ahora por el PP, que gobierna a España desde diciembre de 2011.

El tema de la corrupción es espinoso para el PP, debido a que entre los escándalos que los afectan hay uno de presunta financiación ilegal, el llamado "caso Bárcenas".

Rivera pide una comisión parlamentaria para investigar el caso que debe su nombre al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y en el que la formación está procesada por presuntamente haber borrado los discos duros utilizados por éste. Así, una comisión parlamentaria podría ser una caja de resonancia contra el PP, que al carecer de mayoría en el Congreso no podría paralizar algunas iniciativas, en un momento en el que el nombre del partido se ve envuelto en varios casos judiciales.

Rajoy comentó a la prensa que ve bien las propuestas de Ciudadanos, que intenta labrarse una imagen de partido que favorece la gobernabilidad del país. Aseveró que el PP "hará cuanto esté en su mano para que pueda abrirse la negociación con Ciudadanos", debido a que "es urgente tener un gobierno en España y sería un disparate que tuviéramos que celebrar unas terceras elecciones en el mismo año". Sostuvo que la formación rápida de gobierno "es el interés de los españoles y ese interés lo anteponemos a cualquier otra consideración". Asimismo, explicó que él y Rivera coincidieron "en la necesidad de empezar a negociar con la mayor celeridad posible" los temas más urgentes, es decir, fijar el techo del gasto público, aprobar los presupuestos y cumplir con los compromisos de déficit pactados con la Comisión Europea.

Entre las seis condiciones planteadas por Ciudadanos aparece también una reforma de la ley electoral, limitar a dos los mandatos del presidente del gobierno y eliminar los aforamientos, un sistema por el que los diputados nacionales y regionales y otros altos cargos públicos gozan de un trato diferenciado ante la Justicia.

Rajoy señaló que las medidas serán estudiadas con detalle por su partido porque implican reformas constitucionales que tendrían que ser apoyadas por otras fuerzas políticas, en especial el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que lidera Pedro Sánchez, y que reitera su rechazo a la reelección de Rajoy al frente del gobierno.

En cuanto a la limitación de mandatos, Rajoy ya tuvo uno, por lo que aceptar la propuesta de Ciudadanos supondría previsiblemente poner fecha a su salida de la política.

Desde las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, de las que surgió un Parlamento muy fragmentado al haber cuatro grandes partidos (PP, PSOE, el izquierdista Podemos que encabeza Pablo Iglesias y Ciudadanos), no existió capacidad de forjar una alianza mayoritaria, debido a las profundas discrepancias de esos partidos en grandes temas.

El 26 de junio, se realizaron nuevas elecciones y el panorama volvió a ser de fragmentación. El PP triunfó otra vez y obtuvo 137 bancas en el Congreso de los Diputados, seguido por el PSOE con 85, Unidos Podemos con 71 y Ciudadanos con 32.

En una cámara que tiene un total de 350 miembros y en la que la mayoría está fijada en 176 diputados, un acuerdo entre PP y Ciudadanos no sería suficiente y requeriría en una primera votación el apoyo expreso de otros grupos o, en una segunda votación, la abstención de varios legisladores para que España tenga gobierno. Entre el PP y Ciudadanos suman 169 bancas, siete menos de la mayoría.

Las miradas se dirigen al PSOE, que está firme en su rechazo a un nuevo mandato de Rajoy, lo que impediría su investidura.

En las últimas semanas, varias figuras históricas del socialismo invitaron al partido a plantearse un cambio de posición para que España pueda salir de la parálisis política. Por ejemplo, el ex presidente del gobierno, Felipe González (1982-1996) expresó a El País de Madrid que las propuestas presentadas por Rivera son "el primer acto de responsabilidad política" desde las elecciones.

El diálogo entre el PP y Ciudadanos —si finalmente desemboca en un acuerdo— determinaría que los españoles no tengan que concurrir a votar por tercera vez en un año, ya que en esa eventualidad el panorama político y electoral no tendría cambios significatuivos.

Una encuesta difundida la semana pasada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que si se tuviera que convocar a una tercera elección general el resultado sería similar al del 26 de junio.

El Partido Popular (PP) sería una vez más el triunfador de una eventual tercera elección en España, con el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la cabeza, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), —la principal fuerza política de oposición— mejoraría sus resultados, según se desprende de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La encuesta también revela que las formaciones emergentes Ciudadanos y Unidos Podemos, responsables del fin del bipartidismo español hace siete meses, obtendrían un peor resultado que en la última elección.

Si hoy se celebraran nuevos comicios, el PP ganaría de nuevo con el 32,3 por ciento de los votos (0,5 décimas menos que en las elecciones del 26J) y el PSOE obtendría medio punto más, hasta el 23,1 por ciento. Le seguirían Unidos Podemos con el 19,6 por ciento (21,1por ciento en junio) y Ciudadanos, con el 12 por ciento (13,05 por ciento en anteriores comicios).

La preocupación de los españoles por la falta de gobierno aumentó en casi dos puntos en el último mes y se consolida entre los principales problemas que advierten los ciudadanos. El desempleo y la corrupción se mantienen como los mayores motivos de preocupación, de acuerdo con lo que surge de la encuesta. (Fuente: EFE)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, planteó a Mariano Rajoy como precondición que el PP debe fijar fecha y hora para la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, expuso seis condiciones para un acuerdo: 1. Expulsión inmediata de cualquier cargo imputado por corrupción política. 2. Eliminar los aforamientos, lo que implica que los cargos públicos imputados sean juzgados por los tribunales ordinarios. 3. Aprobar una nueva ley electoral. 4. Acabar con los indultos por corrupción política. 5. Limitar los mandatos presidenciales a ocho años o dos legislaturas. 6. Crear una comisión parlamentaria para investigar el caso Bárcenas.

La aprobación del Presupuesto general determina que la investidura no pueda demorarse mucho más. La ley prohibe al gobierno en funciones aprobar el Presupuesto, por lo que Rajoy necesita ser investido para no tener que prorrogar el de 2016. El gobierno advierte que el 15 de octubre debe enviar a Bruselas los compromisos presupuestales actualizados o de lo contrario España se arriesga a una multa millonaria de la Unión Europea. La cuentas públicas tienen que presentarse en el Congreso antes del 1° de octubre y en caso de no hacerse así, estas se prorrogarán de manera automática.

ESPAÑA SIN GOBIERNO DEFINITIVO