CRISIS POLÍTICA

Militares anuncian que no reprimirán y los obispos insisten con el diálogo.

El gobierno de Daniel Ortega sigue enfrentando fuertes protestas al tiempo que está perdiendo apoyo entre los uniformados, en medio de una crisis que ya ha causado 51 muertos en menos de un mes en Nicaragua.

A la espera de que se concreten las conversaciones, el Ejército tomó distancia del mandatario al anunciar que sus efectivos no reprimirán a los manifestantes. "No tenemos por qué reprimir (…) creemos que el diálogo es la solución" para resolver la actual crisis, dijo el portavoz del Ejército, el coronel Manuel Guevara.

Luego, las fuerzas armadas emitieron un comunicado en el que llamaron a "detener la violencia", al tiempo que se solidarizaron con las familias de las personas fallecidas en las protestas. "Somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio y consecuentes con esto, hacemos un llamado a detener la violencia y acciones que nos desestabilizan", exhortó el Ejército.

Las protestas comenzaron el 18 de abril en rechazo de una reforma del seguro social, pero rápidamente se redireccionaron para reclamar democracia y libertad y el fin del gobierno de Ortega.

Este sábado los choques más violentos se produjeron en la ciudad de Masaya (sur), donde la Asociación Nicaragüense de Protección de Derechos Humanos (ANPD) reportó más de 100 heridos.

"Invito a todos a buscar cómo parar esta situación que está llevando más dolor" al pueblo, pidió el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal.

En el barrio indígena de Monimbó de Masaya —antiguo enclave de la lucha sandinista contra la dictadura de los Somoza (1934-1979)— los manifestantes levantaron barricadas. "Condenamos la represión contra el pueblo de Masaya", declaró el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que acusó a la policía de "disparar contra la gente".

La intensa jornada de protestas se produce en medio de los esfuerzos que realiza la Conferencia Episcopal para calmar los ánimos y convocar a un diálogo, en el que serían mediadores. Ante el nuevo empuje represivo del gobierno, los obispos urgieron a Ortega a frenar la violencia y permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la situación, como paso previo al diálogo.

También instaron a Ortega a dar "señales creíbles de su voluntad de diálogo", suprimiendo "los cuerpos paramilitares y fuerzas de choque".

"Estamos de acuerdo en trabajar cada uno de los puntos allí planteados (por los obispos), tomando en cuenta que en todos se recoge su buena voluntad como mediadores y testigos", respondió Ortega, aunque no especificó cómo ni cuándo procederá a cumplir las demandas.

Ortega gobernó tras la victoria de la revolución sandinista (1979-90) y retornó al poder en 2007. "La gente exige un cambio porque llegó a la convicción de que el régimen (de Ortega) no tiene nada que ofrecer", advirtió el exdiputado de la disidencia sandinista, el abogado y economista Enrique Sáenz.