CRISIS

Protestas se extienden a las puertas de barrios más ricos de Santiago de Chile

Las protestas, con extremos de violencia, ahora se extienden a nuevas zonas de Santiago. Piñera ya actúa ante denuncias de abusos policiales.

Siguen las protestas en Chile. Foto: Reuters
Siguen las protestas en Chile. Foto: Reuters

Las protestas sociales llegaron ayer al centro comercial Costanera Center, la puerta de entrada al distrito financiero y las zonas acomodadas de Santiago, hasta ahora indemnes de las manifestaciones que sacuden a Chile.

A dos semanas y media del estallido social, cientos de personas -en su mayoría jóvenes- llegaron hasta el centro comercial más grande de Sudamérica y que alberga la torre más alta de la región, para protestar por reformas sociales y en contra del gobierno. Hubo fogatas, saqueos a una farmacia y al menos dos bancos y enfrentamientos con la policía en varios puntos cercanos al Costanera Center y el barrio de Providencia.

Desde temprano, la policía había acordonado el lugar y la administración decidió cerrar las puertas después del mediodía. Locales comerciales aledaños resguardaron con madera y latones sus vitrinas y durante toda la jornada se vivió un ambiente de tensión en todo el sector que lo rodea.

“Estamos viviendo un nivel de violencia y destrucción nunca antes vistos en la comuna”, dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Llamado

A través de mensajes anónimos en redes de sociales se convocó a trasladar durante esta jornada a los barrios ricos las protestas que se iniciaron el 18 de octubre y que se han concentrado en el centro de Santiago.

“Llegó la hora de llegar al oriente”, el este acomodado de la capital, decía una de las convocatorias, en la que se explicaba que era el momento “de que el empresariado sienta el descontento del pueblo” y “las clases se unan”.

La policía antimotines usó chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que se concentraron en varios puntos alrededor del centro comercial, un ícono del progreso económico de Santiago.

“La gente está más bien triste y asustada por cómo retomar la normalidad del país”, dijo a la AFP Andrea Ortega, una abogada de 43 años, que dejó su oficina para buscar a sus hijos antes de la hora habitual por miedo a disturbios.

Para Arturo Donoso, un padre de 40 años, “todos entendemos que hay una demanda justa, no porque vivamos aquí no lo sabemos”.

Horas después, miles de manifestantes volvieron a congregarse en Plaza Italia, principal escenario de las protestas desde su estallido, donde se registraron incidentes aislados.

Chile sigue afectado por las violentas protestas. Foto: Reuters
Chile sigue afectado por las violentas protestas. Foto: Reuters

También hubo llamados a protestar en las afueras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, cuya sede en la exclusiva comuna de Vitacura representa uno de los mayores íconos arquitectónicos de la ciudad.

“Esto tenía que pasar y me conmueve que sean nuestros nietos los que hayan tomada la posta de luchar por un Chile que no merece estas injusticias”, relató ahí con un megáfono Rebeca Pemjean, una jubilada de 64 años, exiliada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Junto con las protestas, crecen las denuncias sobre abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.

El martes, dos estudiantes de secundaria resultaron heridas con perdigones disparados por policías que ingresaron a su liceo. Uno de ellos fue detenido y se le imputará el delito de apremios ilegítimo, informaron medios locales.

Acusación

La Fiscalía informó que 14 policías serán acusados por “tortura” contra dos personas, uno de ellas menor de edad, durante el estado de emergencia decretado por Piñera y vigente en los primeros 9 días de protestas. Ante esta ola de denuncias, Piñera afirmó ayer miércoles: “Establecimos transparencia total en las cifras, porque no tenemos nada que ocultar”.

El mandatario aseguró que con la misma contundencia que se sancionará a los manifestantes que provocaron disturbios violentos, saqueos y dañaron más de 70 estaciones de Metro se hará con “cualquier exceso que se haya cometido” en el uso de la fuerza.

Sebastián Piñera. Foto: AFP
Sebastián Piñera. Foto: AFP

La justicia por su parte anunció que admitió a trámite una querella para investigar la supuesta responsabilidad de Piñera en crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las protestas sociales.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto 181 acciones judiciales por homicidio, torturas y violencia sexual supuestamente cometidas por policías y militares. El Colegio Médico, en tanto, contabiliza más de un centenar de heridos oculares por el uso de perdigones en las protestas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que realizará una visita al país, sumándose a la misión de la Alta Comisionada de ONU para los DDHH que ya se encuentra en Chile. El miércoles, además, varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial Contra la Tortura, arribaron al país para investigar las denuncias.

Junto a varios de sus ministros en la sede presidencial de La Moneda, Piñera firmó un proyecto de ley que eleva -financiado por el Estado- el salario mínimo hasta los 350.000 pesos chilenos (467 dólares), en el marco de la agenda social con la que busca aplacar el malestar.

Piñera también aumentó 20% la jubilación básica y anunció un impuesto a las personas con ingresos mensuales superiores de US$ 11.000 y medidas para aliviar el gasto que significan los medicamentos.

Desde asambleas populares, planteos para cambiar rumbo

La misma energía que ha impulsado a millones de chilenos a salir a protestar a las calles en las últimas semanas está siendo canalizada a través de cabildos y asambleas populares, donde los vecinos buscan modelar el futuro de Chile con sus propias manos.

“El primer acto de revolución que uno puede hacer ante el sistema es juntarse, porque el sistema te quiere individual y te quiere individualista”, afirma Cristian Díaz, una de las miles de personas reunidas en una cálida tarde de sábado en el barrio de Yungay, en el centro de Santiago. Vecinos que apenas habían hablado entre sí antes del estallido social, dos semanas atrás, participaban ahora en un profundo debate sobre el camino político que quieren forjar para Chile. La escena se repite con múltiples variantes y formatos en comunas de todo el país, con mapas que muestran en internet dónde son las reuniones.

Más de 10.000 personas participaron en unos 300 encuentros solo en la pasada semana, según datos de la Mesa de Unidad Social, una organización que engloba a grupos estudiantiles, sindicales, de derechos sexuales y medioambientales.

A mediados de octubre, el habitualmente tranquilo Chile se vio sacudido por una ola de protestas generada en el alza en el pasaje del metro.

La revuelta iniciada por los estudiantes se convirtió en una gran movilización popular, que también derivó en disturbios que llevaron al gobierno a decretar el estado de emergencia al que siguieron varios días de toque de queda.

La ciudadanía empezó a exigir con fuerza cambios en el modelo económico neoliberal. El núcleo de las reivindicaciones se agrupa en torno a la elaboración de una nueva constitución que invalide la vigente desde la dictadura, mejores pensiones y salarios, acceso equitativo a la salud, una reforma tributaria que suba la carga a las rentas altas y nuevas condiciones en servicios básicos.

Con información de Reuters

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