En la filmación, varias personas, entre ellos el hijo de un empresario cercano al kirchnerismo, aparecen contando millones de dólares.

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Un juez federal de Argentina prohibió hoy salir del país, en el marco de la investigación de una supuesta red de lavado de dinero, a varias personas, entre otros el hijo de un empresario cercano al kirchnerismo, que aparecen en un polémico vídeo contando millones de dólares.

En concreto, las imágenes, que datan de 2012, muestran a Martín Báez, hijo del contratista de obra pública Lázaro Báez, extrayendo de una bolsa grandes sumas de dólares que son contadas por una máquina en la oficina que tenía la financiera SGI en un edificio del lujoso barrio capitalino de Puerto Madero, el mismo en el que la expresidenta argentina Cristina Fernández compró dos inmuebles.

Es así que el juez federal Sebastián Casanello prohibió hoy salir del país a Baéz, a Daniel y Sebastián Pérez Gadín, y a Fabián Rossi, y dispuso la inhibición general de sus bienes, según explicaron fuentes judiciales a la agencia oficial Télam.

Las mismas detallaron que la resolución alcanza a los cuatro hombres, a los que ayer se llamó a prestar declaración indagatoria entre el 18 y 21 de abril próximos.

En la resolución en la que resolvió indagarlos, el juez afirmó que hay pruebas que permiten "inferir la ilicitud del origen de los fondos involucrados" en las imágenes donde se ve a Martín Báez y a otros imputados contando una gran cantidad de dinero en efectivo.

Ya el pasado junio, el fiscal Guillermo Marijuán pidió a Casanello indagar a Lázaro y a Martín Báez, y al financista Federico Elaskar, entre otros.

La investigación se inició en 2013 cuando Elaskar dijo en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.

En la causa se investiga si el dinero fue sacado en efectivo, en aviones privados, a Uruguay, desde donde presuntamente era girado por transferencias a Suiza a cuentas de sociedades panameñas.

Báez, dueño de la firma Austral Construcciones, fue el principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz durante el kirchnerismo.

El empresario investigado era un estrecho colaborador del fallecido exgobernador de esa provincia y expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007).

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