BRASIL

La Operación Lava Jato condicionaría la reforma jubilatoria.

El arresto del expresidente brasileño Michel Temer por sospechas de corrupción enturbia el clima político, agita una creciente crisis jurídica y puede obstaculizar el trámite de proyectos fundamentales para el gobierno de Jair Bolsonaro.

Aunque era esperada desde el pasado 1 de enero, cuando le entregó el poder a Bolsonaro y perdió el fuero que impedía que respondiera ante los tribunales por diversas acusaciones, la prisión de Temer este jueves reavivó una crisis de múltiples aristas que hace ya cinco años sacude al país, con serios impactos en lo económico.

La irrupción en marzo de 2014 de la operación Lava Jato contra la corrupción, que ahora ha llegado a Temer, desarboló a los partidos tradicionales y dio alas a Bolsonaro, quien ganó el año pasado los comicios presentándose como candidato antisistema.

La crisis política desatada por esa operación se ha reactivado en momentos en que Bolsonaro intenta construir una base parlamentaria sólida para impulsar proyectos clave, entre los que figura una reforma del régimen de jubilaciones similar a una que Temer intentó promover sin éxito.

Ese nuevo sistema de jubilaciones enfrenta resistencias hasta en el Partido Social Liberal (PSL), que sirvió de plataforma electoral a Bolsonaro y que, a pesar de ser la primera minoría en la Cámara de Diputados, sólo cuenta con 54 de los 513 escaños.

En el mercado financiero, esa reforma es considerada la única forma de acabar con un crónico déficit fiscal y las consecuencias políticas que pueda acarrear la prisión de Temer repercutieron en forma negativa en la bolsa de San Pablo, que perdió el jueves un 1,34 % y este viernes caía cerca del 2 % a media sesión.

El proyecto de reforma jubilatoria apenas está comenzando a tramitarse en el Parlamento, pero en medios políticos se teme que el arresto de Temer, quien aún conserva influencia en partidos de centro y derecha, complique más el clima y genere presiones que se mezclen con lo judicial.

La detención de Temer también coincide con discordias entre los responsables de la operación Lava Jato y la Corte Suprema, que ha decidido que, en los casos de corrupción en los que haya también delitos de financiación ilegal de campañas, la competencia no será de la Justicia penal, como ha sido hasta ahora.

Según el Supremo, en esas situaciones deberá primar la Justicia electoral, que en el ámbito jurídico es considerada más blanda y tiende a aplicar más sanciones pecuniarias que penales.

En la Cámara baja y en el Senado hay parlamentarios que están en la mira de la Operación Lava Jato y algunos reclamaron que Temer sea detenido por un asunto que pudiera implicar financiación ilegal de campañas, pese a que eso fue negado por el juez que ordenó su arresto.

El senador Renan Calheiros, adversario de Temer e investigado por la Lava Jato, fue uno de los que alzó la voz y dijo que el Supremo “es la ley” y “la institucionalidad”, dando a entender que, a su juicio, el expresidente debe responder ante la Justicia electoral.

En medio de ese turbio panorama político-judicial, el presidente Bolsonaro se verá obligado a proseguir su esfuerzo para consolidar su base en el Parlamento, así como deberá reforzar la propia imagen del Gobierno, que ha comenzado a menguar a pesar de que aún no cumple tres meses.

Según una encuesta divulgada esta semana por la firma Ibope, la confianza en el Gobierno ha caído 15 puntos porcentuales desde que Bolsonaro llegó al poder y se sitúa hoy en un 34%, frente al 49% de enero pasado.

Aunque también perdió puntos, la imagen personal de Bolsonaro tuvo un índice de aprobación del 51%, frente al 57% de enero pasado, y según muchos analistas esa puede ser la base para que el presidente intente recuperar apoyos en medio de la ya prolongada borrasca política que afecta a Brasil.

Temer tendrá que esperar hasta la próxima semana para saber si la Justicia otorga o no el habeas corpus solicitado por su defensa para conseguir su libertad, tras la decisión del tribunal de estudiar el recurso colectivamente.

Temer, acusado de liderar una organización criminal que recibió sobornos a cambio de favorecer empresas ya condenadas por la Lava Jato en contratos ilícitos con la estatal Eletronuclear, fue arrestado el jueves en San Pablo y trasladado a Río de Janeiro donde permanece preso en una celda adecuada especialmente para él, en la sede de la Policía Federal.

Con la decisión conocida ayer viernes, el exmandatario vio truncada la posibilidad de que la justicia le otorgara ayer mismo la libertad y tendrá que esperar hasta la próxima semana, cuando el recurso será estudiado de forma colegiada, según determinación del magistrado António Ivan Athié, del Tribunal Regional Federal de Segunda Instancia (TRF-2).

El juez, instructor del caso, prefirió que el análisis del recurso se hiciera en conjunto con todos los miembros de ese Tribunal y fijó el miércoles 27 como la fecha para estudiar el recurso.

En el despacho, el magistrado también dio un plazo de 24 horas para que el juez de primera instancia Marcelo Bretas, quien solicitó el arresto de Temer, informe si mantiene la decisión tras analizar los argumentos de la defensa del exmandatario.

Para la defensa no existe “fundamento” para que Temer esté preso y según sus abogados no hay pruebas de que el ex jefe de Estado haya participado en la trama de sobornos en las obras de la estatal Eletronuclear.