INFORME PRESENTADO EN LA OEA

Primer trimestre del año en Venezuela ha sido "el más duro y cruel", dijo abogada disidente

Almagro subrayó que la propia OEA documentó en un informe propio "cientos de personas con torturas psicológicas y físicas sádicas, incluyendo golpizas, descargas eléctricas, asfixia, violación y otra forma de violencia sexual en contra de hombres y mujeres".

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto con la abogada Tamara Suju. Foto: AFP
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto con la abogada Tamara Suju. Foto: AFP

La abogada disidente venezolana Tamara Suju denunció ese miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que el primer trimestre de 2019 se ha convertido en "el más duro y cruel" en Venezuela, con alrededor de 40 casos de presunta tortura denunciados y al menos ocho fallecidos.

"La represión sistemática y la comisión de crímenes de lesa humanidad han marcado este primer trimestre del 2019 como el más duro y cruel", aseguró Suju durante la presentación ante la OEA de un informe sobre las denuncias documentadas por el Instituto CASLA de Praga, del que la letrada es directora ejecutiva.

CASLA es un centro especializado en estudios de América Latina que recibe fondos del Estado checo y que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) varios expedientes con hasta 600 casos de torturas atribuidos a responsables del gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Suju, que reside como exiliada política en la República Checa desde 2014 y que está acusada en Venezuela de "traición a la patria" y de "desestabilización", denunció hoy ante la OEA, con sede en Washington, "detenciones arbitrarias" masivas y la "tortura y violencia sexual contra detenidos y personas perseguidas" en el país.

La especialista en derechos humanos indicó que tiene conocimiento de "40 nuevos casos de torturas de víctimas directas", entre ellos menores de entre 13 y 16 años, que, apuntó, ocurrieron entre el 10 y el 23 de enero.

Y recordó, en declaraciones posteriores a los periodistas, que en noviembre pasado ya advirtió ante la OEA de que hasta esa fecha habían documentado 106 casos de tortura en el país.

En su intervención, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó que a pesar de los avances en la legislación internacional en el hemisferio se siga utilizando la tortura no solo como instrumento de castigo y fuente de inteligencia, sino que se haya expandido.

En alusión a Venezuela, Almagro subrayó que la propia OEA documentó en un informe propio "cientos de personas con torturas psicológicas y físicas sádicas, incluyendo golpizas, descargas eléctricas, asfixia, violación y otra forma de violencia sexual en contra de hombres y mujeres".

El secretario general aludió igualmente al "involucramiento de Cuba en Venezuela" y destacó que "el régimen cubano lleva años interviniendo en los asuntos internos" de ese país

ONU investiga ejecuciones judiciales.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este miércoles al gobierno de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.

"Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país y considero que esta es una primera medida positiva", destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que "es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones".

También pidió al gobierno de Nicolás Maduro que no haya represalias "contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos", sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: Reuters
Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: Reuters

La alta comisionada indicó por otro lado que las sanciones de Washington a Caracas, que afectan entre otros aspectos la venta de crudo venezolano a EEUU, "pueden contribuir a agravar la situación económica".

Añadió que su oficina continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 solo en las protestas del pasado enero, coincidiendo con la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.

"La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada", explicó Bachelet.

"También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela", subrayó la alta comisionada, quien denunció que la "ley contra el odio" aprobada por el régimen en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.

En lo social, Bachelet dijo que los recientes apagones en Venezuela "simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país", donde un millón de niños han dejado de ir a la escuela por problemas económicos de familias y escuelas o por la simple falta de docentes, muchos de los cuales han emigrado a otros países.

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