CLIMA

Coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, entró ayer jueves en vigor el Acuerdo de Escazú, el primer pacto ambiental de América Latina, que ratificaron 12 países. El acuerdo fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y obtuvo en enero las dos firmas que le faltaban para hacerse oficial, las de México y Argentina.

Para la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, este acuerdo es “importantísimo para la región” y nació como “un pacto con una sociedad que está pidiendo una nueva forma de organización económica y social”.

La idea emana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (2012), pero este acuerdo no se materializó hasta el 4 de marzo de 2018, cuando se firmó el compromiso en la ciudad costarricense de Escazú. Tres años después, el tratado entra en vigor con propuestas para garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y de la Justicia en asuntos ambientales y con una pionera agenda para proteger a los ambientalistas.

El acuerdo llega 5 años después de la muerte de Berta Cáceres, indígena hondureña asesinada tras enfrentarse a un polémico proyecto hidroeléctrico y un rostro que se hizo visible durante las negociaciones del tratado.

América Latina es, según la ONG Global Witness, la región más mortífera para los defensores ambientales. La región acumuló 148 de los 212 asesinatos cometidos en el mundo a estos activistas en 2019. Colombia lidera el listado, con 66 homicidios, y salvo Filipinas que ocupa el segundo lugar, en los primeros puestos están Brasil, México, Honduras, Guatemala y Venezuela.

Para Graciela Martínez, encargada de campañas para ambientalistas de la oficina regional de Amnistía Internacional (AI), este tratado supone un “paso histórico”, pero “todavía debe recorrer un largo camino” y “lograr la adhesión de algunos países muy peligrosos para los ambientalistas como Honduras, Guatemala y Colombia”, señaló a la activista a EFE.

Además de Argentina y México, también ratificaron el pacto Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Brasil encabeza la clasificación de las naciones que más bosques primarios perdieron durante 2020, según un reciente informe de Global Forest Watch, y Perú y Colombia, ocupan el quinto y sexto lugar de ese ránking respectivamente. Pese a ello, ninguno de estos tres países ha suscrito todavía el Acuerdo de Escazú, que inicialmente fue firmado por 24 países y que solo ratificaron 12.

“Creemos que existe un lobby empresarial, que nos preocupa, que está pensando que este acuerdo les va a impedir seguir delante con sus actividades, y no deberían verlo así”, agregó Bárcena, la directora de la Cepal.

La extracción de metales es, según un informe difundido en 2020 por la organización World Resources Institute, la actividad más letal en términos ambientales y una gran “amenaza” para ecosistemas y comunidades.

En la cuenca amazónica, esta actividad vierte químicos a más de 30 ríos, ocupa más del 20% de territorios indígenas, y “pone en peligro ecosistemas críticos por la creciente deforestación”.

En Chile, la minería extractivista se suma a una grave crisis hídrica y diversas organizaciones de derechos humanos están pidiendo al Gobierno, un cambio de postura y que se sume al acuerdo. (Con información de EFE)