DOS PAÍSES EN CRISIS

Los presidentes de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez y de Chile, Sebastián Piñera, abordan la difícil misión de restablecer la armonía social en sus países, ante crisis que tienen origen diferente. Los restantes países de la región están atentos al desarrollo de los acontecimientos.

En Bolivia, la crisis surgió como consecuencia del fraude electoral que había determinado un cuarto mandato del presidente Evo Morales y derivó en la renuncia de éste cuando la OEA dejó en evidencia la manipulación del escrutinio y las Fuerzas Armadas le retiraron su respaldo.

En Chile, las protestas, que alcanzaron extremos violentos por la acción de grupos de vándalos, surgen de una situación de desigualdad advertida por gran parte de la población, a la que el presidente Piñera plantea respuestas.

La flamante presidenta Áñez nombró ayer una nueva cúpula militar y negó haber llegado al poder mediante un “golpe de Estado”, como lo afirma Morales, asilado en México.

“No hay un golpe de Estado en Bolivia, hay una reposición constitucional”, afirmó Áñez en una rueda de prensa en el Palacio Quemado, la casa de gobierno, al día siguiente de asumir el poder. La dirigente reiteró que convocará a elecciones “en el plazo más breve posible”.

“El único golpista de este país ha sido Evo Morales”, dijo Áñez, aludiendo a que el exmandatario izquierdista indígena desconoció el veredicto popular en un referendo que se opuso a la reelección indefinida en 2016 y en los comicios del 20 de octubre, en los que ganó una polémica reelección, que la oposición atribuyó a un “fraude”, lo cual desató las multitudinarias y violentas protestas que condujeron a su renuncia.

“No aceptaré ninguna salida que no sean unas elecciones democráticas”, afirmó la presidenta derechista, quien era segunda vicepresidenta del Senado al momento de tomar las riendas del país el martes.

Su asunción se dio dos días después de la dimisión de Morales, quien había permanecido casi 14 años en el poder.

La abogada, de 52 años, asumió el poder en una controvertida sesión legislativa, sin quórum reglamentario, llenando el vacío de poder creado con las renuncias de Morales y de los demás funcionarios en la línea sucesoria.

Su proclamación fue avalada por el Tribunal Constitucional, mientras que los jefes militares y policiales le declararon su lealtad.

Una de sus primeras acciones fue designar una nueva cúpula militar, de cinco oficiales, nombrando como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al general Sergio Carlos Orellana, del Ejército.

El “Estado nos necesita más que nunca para mantener la paz”, dijo Orellana en un discurso, en el que pidió a los seguidores de Morales que “depongan sus actitudes intransigentes”.

La mandataria también nombró un nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, así como nuevos comandantes en jefe del Ejército, de la Armada (marina de guerra) y de la Fuerza Aérea.

Áñez elogió “la disposición democrática de las Fuerzas Armadas y la Policía”.

En las primeras horas del día, La Paz, sede del gobierno, parecía retornar tibiamente a la normalidad, con la reactivación del comercio, la banca y servicio público de transporte, tras días de interrupción.

Pero en la tarde, las tensiones volvieron a estallar con violentos enfrentamientos entre partidarios de Morales y efectivos policiales y militares, que sacaron a las calles al menos una tanqueta.

Los choques se registraron a tres cuadras de la plaza Murillo, donde simultáneamente Áñez nombraba a su nuevo mando militar.

Con siete muertos y unos 400 heridos desde el inicio de las manifestaciones tras las elecciones del 20 de octubre, la pacificación se presenta como un reto inmediato para Áñez.

Las tensiones fueron trepando desde el mediodía, cuando bajó desde El Alto una columna de cientos de partidarios de Morales hacia La Paz.

Seguidores de Morales realizaron manifestaciones en algunos de sus bastiones como El Alto y el Chapare, cuna política en el centro del país del exmandatario boliviano.

Los seis sindicatos cocaleros del Chapare llamaron a partir de este miércoles “a nivel nacional, a una contundente movilización”, según el líder sindical Andrónico Rodríguez, que denunció la proclamación “inconstitucional” de Áñez.

Piñera va por reforma y acuerdo por la paz

Al cabo de una de las jornadas más violentas desde el inicio de las protestas, la noche del martes el presidente de Chile, Sebastián Piñera ratificó su propuesta para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que se ha mantenido en 30 años de democracia, sin que prosperara ningún proyecto para reemplazarla.

Asimismo, planteó acuerdos por la paz y la justicia.

Además de estas propuestas, Piñera ya impulsó medidas para mejorar los ingresos de los activos y los jubilados.

En un mensaje ampliamente esperado, el presidente aseguró que el cambio se haría dentro del marco de la “institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, y con un plebiscito ratificatorio”.

Pero no mencionó la realización de una “Asamblea Constituyente”, como pide la oposición y agrupaciones gremiales y que había sido descartada en la víspera por la vocera oficial, Karla Rubilar. La apuesta del gobierno va por un “Congreso Constituyente”.

Esa opción “se aleja de la demanda popular por participación y deliberación”, dijeron en una declaración 14 partidos de la oposición, entre ellos el Partido Socialista (PS), el Comunista, Radical y la Democracia Cristiana, además de la izquierda radical agrupada en el Frente Amplio. “Nos parece imprescindible que la gente sea protagonista”, ratificó ayer el presidente del PS, Álvaro Elizalde.

Piñera sostuvo una serie de reuniones con distintos grupos de la sociedad civil, gremios y organismos sociales e intentaba en el Congreso avanzar hacia un acuerdo Constitucional, en busca de una salida política a esta crisis, que mantiene semiparalizado al comercio, la educación y otras actividades como el fútbol.

La llamada “Mesa Social”, que reúne a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), gremios de la salud pública y empleados fiscales, y que el martes llamó a una huelga general acatada parcialmente, le dio un “ultimátum” al gobierno, con una amenaza de paro indefinido si no acepta convocar a una Asamblea Constituyente.