El escándalo de corrupción golpea de lleno al Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, se convirtió ayer en indagado de la Justicia, después de que la Corte Suprema aceptó las denuncias que lo acusan de haberse beneficiado de las corruptelas en la estatal Petrobras.

Cunha es el primer político que el Supremo lleva al banquillo de los acusados por su supuesta participación en la red de corrupción petrolera y también el primer presidente de la Cámara Baja que, en pleno ejercicio de ese cargo, deberá responder a un juicio penal.

Por las corruptelas en Petrobras, que según la empresa reconoció en sus propios balances, le causaron perjuicios por 2.000 millones de dólares. La corte ha recibido denuncias contra medio centenar de políticos, entre quienes también está el presidente del Senado, Renán Calheiros.

La decisión de acoger las denuncias contra Cunha, acusado de ayudar a amañar contratos para la compra de dos buques petroleros que le habrían rendido "al menos" cinco millones de dólares en comisiones ilegales, fue tomada por unanimidad por los once magistrados del Supremo.

La corte negó todas las alegaciones de la defensa de Cunha, que hasta esgrimió que merecería "trato de jefe de Estado", ya que como presidente de la Cámara de Diputados es el segundo, por detrás del vicepresidente, en la línea sucesoria en caso de una renuncia o destitución de la presidenta Rousseff.

El camino hacia el recibimiento de las denuncias fue trazado por el magistrado Teori Zavascki, instructor del caso, quien en una sesión realizada este miércoles recomendó al pleno de la corte dar luz verde a la investigación.

"Hay indicios robustos" para aceptar la denuncia, dijo Zavascki, lo que ayer fue respaldado por los otros 10 miembros del Tribunal Supremo.

El magistrado Celso de Mello, decano de la corte, hizo un duro pronunciamiento al emitir su voto y se declaró "sorprendido" frente a "estos episodios criminales, estos fragmentos de la delincuencia que componen un vasto y osado panel de asalto y tentativa de captura del Estado por parte de una organización criminal".

Cunha, un ferviente evangélico de talante conservador, pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, pero el año pasado anunció su decisión "personal" de pasar a la oposición.

En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, a fines del año pasado aceptó un pedido formulado por la oposición para dar inicio a un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, fundamentado en maniobras contables que el Gobierno supuestamente hizo para maquillar sus resultados en 2014 y 2015. El proceso llegó a comenzar, pero fue suspendido por el Supremo debido a unos "errores de procedimiento" y deberá ser reiniciado en las próximas semanas.

Tras conocerse la decisión del Supremo, Cunha declaró que el hecho de estar procesado "no supone culpa" y que tampoco le obliga a dejar la presidencia de la Cámara Baja.

"Seguiré ejerciendo mis funciones con normalidad, porque será muy fácil demostrar mi inocencia", dijo a periodistas, a pesar de que en el Congreso se han multiplicado las voces de parlamentarios de todas las tendencias políticas que exigen su renuncia al cargo.

Al momento de anunciarse la decisión de la corte, en la tribuna de la Cámara Baja pronunciaba un discurso el diputado Rubens Bueno, jefe del grupo del Partido Popular Socialista (PPS), quien comentó de inmediato la nueva situación de Cunha. "Que sepa que estamos pidiendo su renuncia, para que la Cámara de Diputados pueda respirar aliviada. No podemos seguir mirando hacia otro lado como si no pasara nada, porque todo cambió a partir de hoy", declaró Bueno, que fue ovacionado por los legisladores.

El senador Delcidio Amaral, exjefe del oficialismo brasileño en el Senado e investigado por las corruptelas en la estatal Petrobras, dijo ayer que no confirma las denuncias que le atribuyó una revista contra la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor Lula da Silva. Según una nota firmada por el senador, "en principio, ni el senador Delcidio ni su defensa confirman el contenido del reportaje" publicado ayer por la revista Istoé, según la cual Amaral acordó cooperar con la Justicia a cambio de una futura reducción de pena, e hizo graves acusaciones contra Rousseff y Lula. "Desconocemos el origen y tampoco reconocemos la autenticidad de los documentos anexados al texto" publicado por Istoé, indica la nota, firmada por Amaral, quien se encuentra en régimen de prisión domiciliaria. Istoé dijo haber tenido acceso a una supuesta declaración que Amaral hizo a la Justicia después de que fue detenido, en noviembre pasado, por haber intentado sobornar a un implicado en la corrupción petrolera a cambio de que se negara a colaborar con la Justicia. La revista, que publicó algunos de esos documentos, indica que Amaral reveló que Rousseff intervino en el nombramiento de miembros del Supremo Tribunal a fin de favorecer "la liberación" de algunos empresarios detenidos por el caso. Y confesó que trató ese asunto "personalmente" con Rousseff en su residencia oficial y también con uno de los jueces que se habría "comprometido" a colaborar con la liberación de los presos. EFE

Crece el escándalo Petrobras