LA CRISIS POLÍTICA EN ESPAÑA

La extrema izquierda presiona que declare el jueves la independencia; los empresarios le piden que ceda.

AFP 

BARCELONA

El independentismo catalán inició ayer lunes una semana decisiva en su enfrentamiento con el gobierno español, con crecientes llamamientos a la desobediencia y a declarar la secesión.

Los partidos independentistas en Cataluña convocaron a una sesión del parlamento regional el jueves para responder a la intervención de la autonomía propuesta por Madrid que el Senado español debe aprobar el viernes.

"El pleno (...) determinará qué respuesta como país tenemos que dar a esta decisión del gobierno", dijo el portavoz de la mayoría parlamentaria Lluís Corominas.

El conflicto se agudizó con el referéndum del 1° de octubre, en el que un 90% de los electores apostaron por la secesión. A pesar de la baja participación (43%), el gobierno regional se comprometió a declarar la independencia.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, suspendió su aplicación para buscar un diálogo con Madrid pero podría optar por seguir adelante ante las presiones de sus aliados. La pequeña formación de izquierda radical CUP, clave para asegurar la mayoría independentista con sus diez diputados sobre 135 en el parlamento regional, pidió que la república se proclame "cuanto antes". Incluso ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), aliada del partido conservador PDeCAT de Puigdemont, defendió que la mejor respuesta a la intervención de Madrid "es la República catalana".

Pero el líder en Cataluña del Partido Popular de Rajoy, Xavier García Albiol, respondió que "no se le va a permitir" a los independentistas proclamar la secesión.

Al amparo del artículo 155 de la Constitución española, nunca usado hasta ahora, el presidente Mariano Rajoy decidió intervenir en Cataluña y convocar elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses.

El Senado español, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría, debe aprobar estas medidas el viernes. Antes Puigdemont puede presentar sus alegaciones en la cámara pero su asistencia no está decidida todavía, informó un portavoz del gobierno catalán.

La medida, interpretada por el independentismo como una vuelta a la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) que eliminó el autogobierno regional, puede generar fuertes protestas en la región.

Si se aplica el 155 "encontrará una respuesta en forma de desobediencia civil masiva por parte de la ciudadanía", afirmó la CUP en su comunicado.

Pero en medio de la escalada entre ambas partes, también surgen ruegos para evitar la ruptura de una sociedad dividida casi a partes iguales sobre la secesión y frenar la sangría económica causada por esta crisis.

Desde el referéndum, más de 1.300 empresas anunciaron que se irán de Cataluña, entre ellas algunas emblemáticas como el banco CaixaBank, la productora de cava Codorniu o la editorial Planeta.

"Las consecuencias (de declarar la independencia) son imprevisibles pero en cualquier caso dramáticas", advertía en una nota el influyente foro empresarial catalán Círculo de Economía, pidiendo la convocatoria "inmediata" de elecciones regionales.

Pero de momento, esta opción reclamada también por los principales periódicos de la región "no está sobre la mesa", según dijo el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull.