BRASIL

Alcalde advierte por incidentes durante las marchas del PT.

La alcaldía de Porto Alegre, ciudad en la que tendrá lugar el juicio en segunda instancia por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pidió ayer jueves refuerzos del Ejército para garantizar la seguridad el día de la audiencia ante el temor de protestas violentas.

El juicio está previsto para el 24 de enero en el Tribunal Regional Federal para la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre, en medio de manifestaciones en defensa de Lula convocadas por dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y de varios movimientos sociales como el de los campesinos sin tierra (MST).

La solicitud de envío de refuerzos tanto del Ejército como de la Fuerza Nacional de Seguridad fue hecha en un oficio formal enviado al presidente brasileño, Michel Temer, por el alcalde de Porto Alegre, Nelson Marchezan.

El objetivo de la petición es "garantizar la seguridad de la población y la preservación del patrimonio público, especialmente en el área central de la ciudad", explicó la alcaldía en un comunicado.

En las redes sociales Marchezan agregó que decidió pedir refuerzos del Ejército debido a que "líderes políticos están convocado a una invasión en Porto Alegre".

El presidente del PT, Rui Falcao, respondió inmediatamente también en las redes sociales y atribuyó la petición del alcalde de Porto Alegre a un intento de "intimidar a los manifestantes" que marcharán en defensa de Lula.

Lula fue condenado en primera instancia en julio pasado a nueve años y medio de prisión en un proceso por corrupción en el que se le acusó de haber sido favorecido por una de las constructoras que se adjudicó millonarios contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras. Según el juez federal Sergio Moro, responsable por la investigación del gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras y que condenó al exjefe de Estado, las pruebas demostraron que la constructora OAS, beneficiada por las corruptelas, le entregó a Lula un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de ser favorecida en los contratos.

La prisión de Lula depende de que la condena sea confirmada en segunda instancia, decisión de la que también dependen las aspiraciones del exmandatario a disputar las elecciones presidenciales de octubre próximo.

Lula, de 72 años, lidera todas las encuestas de intención de voto, ha manifestado repetidamente su deseo de aspirar nuevamente al cargo que ocupó entre 2003 y 2010.