BRASIL

Brasil está pasando por su mayor crisis hídrica en 91 años. Esto obligó al gobierno de Jair Bolsonaro a disponer el ahorro de entre un 10% y un 20% de la energía que consumen las oficinas públicas.

La medida abarca a todos las edificaciones del Gobierno federal. El decreto, que impone como meta un ahorro de hasta el 20% mensual en el consumo de energía entre septiembre de este año y abril de 2022, incluye recomendaciones y alternativas para reducir el uso de equipos que consumen energía en dependencias públicas, como la disminución del aire acondicionado, de luces en horarios diurnos y hasta de computadores.

Por ejemplo, los aires acondicionados deben programarse a no menos de 24 °C, y las computadoras deben estar programadas para entrar en modo de espera cuando el usuario se va.

También se dispone la reducción en la iluminación de pasillos y garajes, y que las licitaciones prioricen equipos más eficientes energéticamente.

Las medidas no se aplican a las empresas estatales.

Igualmente determina que todos los organismos públicos creen comités internos que se responsabilicen por las medidas de reducción del consumo de energía que tendrán que funcionar hasta el 30 de abril de 2022, dentro de ocho meses.

Los órganos públicos tendrán que publicar en internet su consumo de energía mes a mes, con comparaciones desde 2018, y ofrecer explicaciones en caso de que no cumplan la meta de ahorro.

El Gobierno federal de Brasil administra cerca de 23.000 edificaciones públicas propias o alquiladas, incluyendo escuelas, hospitales, universidades y predios administrativos.

Pese a que el Gobierno ha descartado por ahora la posibilidad de imponer un racionamiento para reducir el consumo de energía o el riesgo de un apagón, los analistas han alertado sobre la crítica situación de las hidroeléctricas, responsables por la mayor parte de la energía generada por el país.

El Ministerio de Minas y Energía afirmó que se ha producido un “deterioro relevante” en el suministro energético.

El Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico (CMSE) señaló que “como se ha visto en los últimos meses, predomina la degradación de los escenarios observados y las perspectivas a futuro, con un deterioro relevante”. Por ello, consideró “imprescindible” la adopción de medidas para preservar el abastecimiento.

Aunque la crisis hídrica ya se refleja en un alza en el precio de la electricidad en los hogares, debido al uso de energía termoeléctrica más cara, el gobierno solo ha pedido a la población un consumo consciente, evitando medidas de racionamiento domiciliario.

En 2001, el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso se vio forzado a aplicar un racionamiento de energía cuando una situación de sequía similar a la actual afectó el nivel de las usinas hidroeléctricas.

Bolsonaro ha reconocido la gravedad de la que definió como “la mayor crisis hidrológica de la historia”, que ha puesto a Brasil ante “un problema serio”.

La intensa sequía y la escasez de las lluvias en los últimos meses dejaron las represas de gran parte de las hidroeléctricas de Brasil en niveles mínimos y obligó a activar plantas térmicas, más costosas y contaminantes.

Como consecuencia de la mayor crisis hídrica en los últimos 91 años, las represas de las hidroeléctricas en las regiones sureste y centro-oeste del país, responsables por el 70% de la energía hidráulica generada por Brasil, están con sus niveles de agua por debajo del 23% de la capacidad.

Brasil tiene una capacidad instalada para generar 186 gigavatios de energía, de la cual un 65% es hidráulica, la fuente más barata y menos contaminante, y un 17% térmica. Según los especialistas, las medidas voluntarias de ahorro podrán evitar que el Gobierno sea obligado a imponer un impopular racionamiento eléctrico.

Marcha indígena en Brasilia

Miles de indígenas marcharon ayer miércoles en Brasilia hacia el Supremo Tribunal Federal (STF), que tiene previsto analizar un caso clave sobre los derechos sobre tierras. Sus organizadores afirman que es la mayor movilización indígena en la historia de Brasil, con 6.000 participantes de 170 etnias acampando desde el domingo en la capital brasileña.

Vistiendo trajes típicos, al son de cánticos e instrumentos tradicionales, los manifestantes marcharon a inicios de la tarde hacia el STF. El martes realizaron una vigilia nocturna con miles de velas dispuestas en la Plaza de los Tres Poderes, rodeada por los edificios de la Presidencia, el Congreso y el STF.

El caso gira en torno al derecho de los indígenas a ocupar y preservar sus tierras ancestrales, que les fue asegurado en la Constitución brasileña de 1988. En particular, el STF debate una causa sobre una reserva en el estado de Santa Catarina, pero tendrá repercusión general y podrá afectar numerosas otras tierras en disputa.

Los indígenas también protestan contra lo que consideran una “persecución sistemática” por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. “Este gobierno está atacando a los pueblos indígenas”, dijo a la agencia AFP el cacique Syrata Pataxo, de los indígenas Pataxo, originarios de Bahía. “Toda la humanidad hoy clama por la protección de la Amazonia. Pero este gobierno quiere que la selva, el pulmón de nuestro planeta, sea reemplazada por soja y minería”, añadió el líder indígena de 32 años.