LA PANDEMIA EN LA REGIÓN

El laboratorio estadounidense Pfizer no llegará a un acuerdo con Argentina para la compra de dosis contra el COVID-19 hasta que el país no modifique su ley de vacunas, según afirmó su portavoz local ayer martes en una exposición ante el Congreso de la Nación.

“Hoy el marco legal no es compatible con alguno de los aspectos contractuales que está proponiendo Pfizer”, dijo el gerente general de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, en una reunión en la Cámara de Diputados, a la que fueron convocados representantes de laboratorios que proveen de vacunas a Argentina o están en negociación.

El portavoz del laboratorio estadounidense explicó que “incluyen en todos sus contratos cláusulas de inmunidad y otras protecciones que son consistentes en todo el mundo”.

Consultado por el diputado del oficialista Frente de Todos Pablo Yedlin sobre los inconvenientes que según la empresa tiene la ley actual para llegar a un acuerdo, Vaquer añadió que “tiene que ver con la indemnidad y otras protecciones que son parte del marco contractual”, e informó que esas inquietudes ya se están conversando con las autoridades del Gobierno.

Si bien en julio de 2020 Argentina autorizó a Pfizer a realizar un ensayo de fase 3 en el país y en diciembre el regulador aprobó el uso de la vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense y la alemana BioNtech, hasta el momento no se ha logrado llegar a un acuerdo para recibir vacunas de esa farmacéutica.

Todo, a pesar de que en septiembre de 2020 se iniciaron las negociaciones contractuales y se aprobó después una ley con ciertas condiciones normativas exigidas por Pfizer y otros proveedores para facilitar el proceso.

Sin embargo, el Gobierno argentino dijo que el laboratorio estadounidense objetó un artículo de esa ley referente a las responsabilidades en caso de negligencia, añadiendo nuevas condiciones en la negociación, y el entonces ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que la farmacéutica “se comportó muy mal” con el país.

Esta situación ha generado en los últimos meses una fuerte polémica con el principal grupo opositor, Juntos por el Cambio, que acusa al Gobierno de lentitud en la vacunación, de no haber sabido gestionar la llegada de vacunas en forma masiva y de no aclarar el porqué no se ha logrado un contrato con Pfizer como lo han hecho otros países.

Hasta tal punto llegó la controversia que Patricia Bullrich, presidenta del Propuesta Republicana (PRO), que integra la coalición opositora, llegó a afirmar que el Gobierno pretendía cobrar un soborno por la compra de vacunas a Pfizer, lo que llevó al presidente Alberto Fernández a anunciar acciones legales contra ella.

Vaquer aclaró ayer que “durante toda la negociación en ningún momento hubo pagos indebidos o exigencias de intermediarios” y subrayó que la empresa tampoco “tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado”.

Según indicó el Ministerio de Salud argentino, el laboratorio Pfizer reconoció que son dos los motivos por los cuales aún no se cerró un acuerdo. El primero fue el planteo de excluir la negligencia no solo del contrato, sino también de la ley aprobada. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior.

En este sentido, Vaquer enfatizó que “en ningún momento hubo pedidos de pagos indebidos o exigencias de intermediarios” en las negociaciones, al tiempo que afirmó que “Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado, esto incluye los recursos naturales, reservas del Banco Central, activos militares, activos estratégicos o culturales”, descartando las versiones y denuncias en ese sentido.

Pese a los obstáculos contractuales para avanzar en las negociaciones con Pfizer, el oficialismo no tiene previsto modificar la ley vigente. “Con el marco normativo que hoy contamos, tenemos para las personas mayores de edad vacunas de alta calidad y seguridad que son suficientes. La oposición presentó una iniciativa de modificación (de la ley), a nosotros nos parece que no es necesario por el momento”, sostuvo el diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

La oposición reaccionó indignada y advirtió que el Gobierno deliberadamente quiso excluir a la empresa Pfizer de la provisión de vacunas al país para beneficiar a los laboratorios ruso y chino, proveedores de las vacunas Sputnik V y Sinopharm. Alertó que esta decisión le privó al país de contar con vacunas de Pfizer antes de fin del año pasado.

“El representante de Pfizer dejó en claro que explicitaron los requerimientos de contratación y que el gobierno decidió no invitarlos a participar del proceso legislativo. Cuando se incorporó la palabra ‘negligencia’ se sabía que dejaban afuera a Pfizer”, asestó la diputada Karina Banfi, de Juntos por el Cambio. (Con información de EFE y La Nación).