Con las encuestas ligeramente a favor de Keiko Fujimori, los peruanos deciden mañana si le dan una nueva oportunidad al clan de inmigrantes japoneses 16 años después del fin abrupto del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, actualmente en la cárcel.

"Estoy preparada", ha dicho la candidata que mañana mismo podría convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia de Perú en su segundo intento.

Una victoria de esta hija de japoneses limpiaría el nombre de la familia, asociado por la mitad de los peruanos con la corrupción y la represión que vivió el país durante el gobierno de su padre entre 1990 y 2000.

En este duelo de la derecha, se acortaban las distancias entre la candidata de Fuerza Popular (FP), de 41 años, y el otro finalista de la primera vuelta, Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio (PPK).

Los últimos sondeos difundidos ayer dan un empate técnico tras una mejora de Kuczynski en los últimos días. El exministro de Economía y exitoso hombre de negocios ha recibido el apoyo de casi todos los principales candidatos que quedaron desbancados en la primera vuelta, entre ellos, la popular líder de izquierda Verónika Mendoza.

Unos 23 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para reemplazar a partir del 28 de julio a Ollanta Humala. En Perú el sufragio es obligatorio y la clave de la victoria estará en el comportamiento de un 5% de los electores que muestran un voto cambiante, según los últimos sondeos.

La hija del autócrata que purga una condena de 25 años por corrupción y crímenes de lesa humanidad sigue generando muchas resistencias en cerca de la mitad de la población, pese a que su partido logró mayoría absoluta en el Congreso en los comicios del 10 de abril.

"Hay que quererse poco para votar por Keiko", dice el periodista César Hildebrandt en el editorial de su revista.

Sin renunciar plenamente al pasado paterno, Fujimori ha tratado de insuflar una imagen de modernidad e independencia a su campaña, así como mucha cercanía con el pueblo, aunque algunos de sus estrechos colaboradores están en la mira de la justicia por presunto lavado de dinero y corrupción.

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