Un tema de campaña electoral

Carrió y Vidal no están de acuerdo; juez frenó la medida en Buenos Aires.

El nuevo reglamento sobre el uso de armas de fuego por parte de la policía, que habilita a disparar a un delincuente sin previo aviso cuando hay gente en peligro, abrió una fuerte polémica en Argentina y una grieta en la coalición oficialista Cambiemos, ratificando que la seguridad pública será uno de los grandes temas del año electoral 2019 donde el presidente Mauricio Macri pretende ir por la reelección.

El lunes, una resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, derogó una serie de pautas que limitaban el uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. En el caso de los policías, la nueva norma dispone que se utilizarán armas de fuego "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos" pero que podrán disparar sin dar la voz de alto y sin sufrir agresión previa. El uso de armas letales es válido en "defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" sostiene el nuevo reglamento.

"Ahora podrán tirar cuando antes no lo podían hacer sino cuando el delincuente disparaba", justificó Bullrich, quien salió políticamente fortalecida por el exitoso operativo de seguridad durante la Cumbre del G20 de la semana pasada en Buenos Aires.

"Les damos armas (a los agentes) y en una situación de peligro inminente no las pueden usar", se lamentó la ministra, cuyo nombre comienza a barajarse como compañera de fórmula de Macri para las presidenciales de 2019.

Las interpretaciones y reacciones sobre esta medida surgieron de inmediato. "Esta resolución es una trampa para (captar votos en las) elecciones porque la policía no puede pasar por arriba de las leyes. Si cometen un delito de gatillo fácil, van a ir presos. Pero, el gobierno aparece colocándose del lado de la policía y de las víctimas (de la delincuencia) y empuja a la oposición a colocarse del lado de los delincuentes", opinó el analista Raúl Timerman, del Grupo de Opinión Pública, a Radio 10.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina llamó ayer miércoles al gobierno de Macri a revisar la polémica resolución, "en tanto representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos", señaló en un comunicado.

Esta posición se vio reforzada por la resolución del juez Roberto Gallardo, que prohibió ayer miércoles la aplicación del nuevo protocolo en la ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó ayer a este juez. "Tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia", afirmó Garavano en diálogo con Radio La Red.

"No sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en una reglamentación de fuerzas federales", consideró Garavano.

"Ya están pensando que el policía se va a poner el cuchillo entre los dientes y va a salir a matar", ironizó el jefe de la Policía federal, Néstor Roncaglia.

De su lado, la influyente diputada Elisa Carrió, abrió una grieta en el seno del bloque oficialista. "La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministro Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo", tuiteó Carrió.

Más preocupante para el presidente Macri fue la posición adoptada por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, un de las figuras de mayor proyección nacional dentro de Cambiemos. Vidal no tiene pensado aplicar el protocolo que dispuso Bullrich, informó ayer el diario La Nación.

La gobernadora se diferencia así de Macri, que defendió la resolución en una reunión de Gabinete, y del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció que acompañará la medida. La administración porteña propone además crear un reglamento para las fuerzas antidisturbios.

Bajo este clima, ayer en Buenos Aires miles de mujeres marcharon en repudio de la absolución de dos hombres acusados de drogar, violar y matar a una adolescente en 2016 en Mar del Plata, un caso que conmocionó a los argentinos. "No podemos permitir más eso, la terminaron de violar los jueces. Los jueces la violaron con la condena que dieron", lanzó Marta Montero, madre de la joven al cierre de la manifestación en la Plaza de Mayo.

Los hombres, de 25 y 43 años, habían sido imputados por abuso sexual seguido de muerte de la joven Lucía Pérez, de 16 años. La semana pasada un tribunal los condenó solo a ocho años de prisión por venta de estupefacientes. Un tercer acusado, 61, fue absuelto.