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Con una deuda de casi US$2.800 millones), Odebrecht enfrenta también una crisis financiera. La constructora cerró un acuerdo en mayo con cinco bancos y consiguió una línea de crédito de US$655 millones. Con el préstamo, logró retirar bonos emitidos en el exterior y que habían vencido en abril.

Sin embargo el mayor desafío es recuperar su reputación, para reabrir los mercados en el exterior. Antes de la Operación Lava-Jato, la diversidad geográfica de las obras ayudaba, incluso, a reducir el impacto del aumento de los costos. De los 14 países donde la empresa mantenía oficinas en 2014, apenas tres estuvieron fuera de la Lava-Jato: Portugal, Emiratos Árabes y Libia.

En los países donde el grupo aún debe firmar acuerdos de lenidad con la Justicia, las trabas políticas se mezclan a los impases causados por la legislación local. Es el caso, por ejemplo, de Perú, donde el acuerdo preliminar con el Ministerio Público fue consolidado en enero de 2017, la colaboración está en pleno funcionamiento, pero la ley impedía nuevas contrataciones a empresas que hubieran reconocido la práctica de ilícitos.

Las leyes peruanas dificultan incluso la capacidad de Odebrecht de deshacerse de activos, como la hidroeléctrica de Chaglla y el proyecto de irrigación Olmos.

Las peculiaridades de cada país vuelven todavía más lento el proceso de negociación y, además, las denuncias por corrupción terminaron por generar cuestionamientos al valor de los contratos.

En Venezuela, tienen varias obras pero el gobierno de Maduro no paga.