MANIFESTACIONES

Sangre y surrealismo se mezclaron en una trágica noche para Perúque amenaza con ser la puntilla para el Gobierno de transición del presidente Manuel Merino, que a menos de una semana de asumir renunció, un régimen que nació sin apoyo popular el lunes y que amaneció el domingo herido de muerte entre el repudio y dolor de casi todo el país.

En una semana, los promotores de la destitución del expresidente Martín Vizcarra, fueron incendiando cada vez más lo ánimos con sus constantes muestras de desprecio a la opinión popular y tratar de reprimir como fuerza las manifestaciones en su contra.

Desde el mismo lunes se sucedieron las protestas en todo el país contra la maniobra del Parlamento, que destituyó a Vizcarra para que así asumiera la Presidencia de Perú el presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, un parlamentario elegido con apenas 5.000 votos por la región norteña de Tumbes.

Las manifestaciones contra Merino, que personifica los intereses de varios partidos presentes en el hemiciclo contrarios a la lucha anticorrupción y la reforma universitaria impulsadas por Vizcarra, tuvieron su punto álgido en la trágica noche de este sábado, donde la movilización nacional más multitudinaria acabó con al menos tres muertos.

Claves para entender lo que está sucediendo en Perú:

El Congreso de Perú dio inicio el pasado lunes 9 de noviembre al proceso de destitución del presidente peruano, Martín Vizcarra, por presunta "incapacidad moral", a raíz de las denuncias de supuesta corrupción cuando dirigió el Gobierno regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.

Vizcarra acudió al pleno del Parlamento para hacer personalmente su defensa ante un Poder Legislativo mayoritariamente opositor y que lo intenta destituir por segunda vez en menos de dos meses.

"Respetamos lo que establece la Constitución Política y hoy estaremos interviniendo respetando el tiempo dado por el Congreso, sin excedernos en la hora que tenemos para exponer", dijo Vizcarra al llegar al Legislativo.
La soledad del exmandatario, que no contaba con un solo diputado oficialista en el Congreso que hiciera de juez y parte en este juicio político, habilitó que cualquier resultado pueda producirse en esta votación, marcada además por la filtración constante de documentos de la investigación contra Vizcarra que alimentan su debilidad.

El pasado 18 de septiembre se filtró una serie de declaraciones a la fiscalía de varios aspirantes a colaborador eficaz -delatores que ofrecen información a cambio de beneficios legales- en las que acusaban a Vizcarra de actos de corrupción cuando éste era gobernador de la región de Moquegua (2011-2014).

Vizcarra habría recibido, según estas acusaciones, hasta 2,3 millones de soles (unos 650.000 dólares) para conceder dos obras públicas, el hospital regional de Moquegua y una de irrigación.

Las acusaciones, ni corroboradas ni aceptadas aún por la Fiscalía como válidas, provienen de tres testigos cuyo nombre no ha sido hecho público, si bien todo indica que entre ellos se encuentra José Hernández, exministro de Agricultura en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y amigo personal de Vizcarra.

Hernández habría sido el contacto del mandatario con los empresarios que pagaron la coima y coordinó reuniones en las que, entre otras cosas, el presidente habría recibido el dinero en efectivo.

Vizcarra niega las acusaciones y las considera un intento de desestabilizar al Gobierno y, entre otras cosas, afirmó que su relación con Hernández no va más allá de contactos profesionales.

Sin embargo, en la noche del pasado domingo otra filtración dio a conocer al país conversaciones privadas entre Vizcarra y Hernández que revelan una proximidad mucho mayor que la reconocida hasta el momento por el mandatario.

Finalmente, ese mismo día se decidió la destitución de Vizcarra.

El Congreso de Perú depuso el lunes 9 de noviembre al presidente Martín Vizcarra, después de que el pleno del Parlamento lo declarara "incapaz moral", en el juicio político abierto en su contra y decretara su destitución.

Con 105 votos a favor, la moción de vacancia impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014), superó el número de apoyos que exige la Constitución (87 sobre 130 diputados) y automáticamente abrió el paso para despojar al mandatario de su poder.

La resolución parlamentaria declaró la "permanente incapacidad moral del presidente" y por tanto "la vancancia de la Presidencia de la República".
Sorpresa en Perú por la destitución de Vizcarra

De la sorpresa al desconcierto y la indignación se expresaron el pasado lunes en Perú ante la decisión del Congreso de destituir al presidente Martín Vizcarra por "incapacidad moral" tras someterlo a un juicio político por acusaciones de corrupción que aún están en proceso preliminar de investigación.

Mientras que la ciudadanía aún no salía de su asombro, aunque comenzaba a manifestar su reacción indignada en redes sociales, el rechazo inicial fue expresado por políticos, constitucionalistas, analistas y hasta representantes de la iglesia Católica.

Precisamente, una de las opiniones más duras contra esta medida fue expresada por el Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien pidió al Congreso que rectifique su decisión y consideró que su país afronta "un aborto, no un renacimiento".

"Llamo a que rectifiquen la medida que han tomado", exigió Castillo en una comunicación con la emisora RPP Noticias, donde dijo que "el bien común es algo fundamental en un país" y criticó la inestabilidad "gravísima" en que se puede sumergir su país en plena pandemia de la covid-19.

En paralelo, en la céntrica plaza San Martín comenzaron a concentrarse gran cantidad de ciudadanos que manifestaron opiniones divididas, ya que algunos apoyaron la decisión del Congreso y otros su abierto rechazo.

El líder del liberal Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró en Twitter que "toca salir a defender la democracia e impedir que caiga en las manos de golpistas", por lo que convocó a sus seguidores a reunirse en la Plaza San Martín.

"El Perú está indignado por lo que pasa en el Congreso. Su lucha contra la corrupción es una mentira: están negociando ministerios y nuestro derecho democrático a elegir en el 2021. Lo que no se defienda en el Parlamento va a ser defendido en las calles", enfatizó Guzmán, cuyo partido ha apoyado muchas de las decisiones del Gobierno de Vizcarra.

Otra posición fue manifestada por el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien aseguró que la medida del parlamento "no es una noticia feliz" y dijo que cualquier acusación contra Vizcarra "era un tema que debía haberse dilucidado en el Ministerio Público y no en el Congreso".

"El Congreso ha tomado una decisión en mi opinión equivocada", enfatizó en la emisora RPP antes de decir que el presidente del Parlamento, Manuel Merino, quien debe asumir la jefatura del Estado, tiene que asegurar "que no varíe" el calendario de las elecciones generales convocadas para abril próximo.

"Este ha sido un error muy grave para el país y probablemente la población no lo perdone", remarcó.

Tan solo ocho meses después de haber sido elegido presidente del Congreso, el empresario Manuel Merinode Lama se convertirá este martes 10 de noviembre en el nuevo presidente de Perú, con el difícil encargo de asegurar la transición democrática en pleno bicentenario de la independencia nacional.

Merino, quien integra la bancada del partido centro derechista Acción Popular (AP), está llamado a suceder constitucionalmente a Martín Vizcarra, después de que este fuera destituido este lunes por el pleno del Congreso bajo la acusación de "incapacidad moral".

Replicará, de esa manera, una historia que también protagonizó otro militante de AP, el ya fallecido legislador Valentín Paniagua, quien presidía el Congreso y asumió un Gobierno de transición en el año 2000 tras la destitución de Alberto Fujimori (1990-2000).

Ahora, Merino también conducirá el destino de Perú durante ocho meses, en los que deberá asegurar que se celebren los comicios generales ya convocados para abril próximo y el cambio de mando presidencial del 28 de julio de 2021, el mismo día en que su país celebrará 200 años de independencia.

Merino es un empresario con estudios inconclusos de Agronomía, que nació hace 59 años en la región norteña de Tumbes, fronteriza con Ecuador.
En paralelo a tareas privadas vinculadas con el sector agrícola en su región, desde 1979 se vinculó con el partido centrista Acción Popular (AP) y en el 2000 presidió el Frente de Unidad Nacional, integrado por varios partidos y movimientos políticos.

Un año después fue elegido congresista de AP por primera vez, en representación de Tumbes, una función que cumplió hasta 2006, en un período legislativo en el que su actividad más destacada fue la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor.

En 2011 volvió a ser elegido parlamentario por AP, como parte de la Alianza Electoral Perú Posible, lo que le permitió ser vicepresidente del Congreso en el período 2011-2012, presidir la Comisión de Vivienda entre 2012 y 2013 y ocupar la vicepresidencia del Parlamento Amazónico en el periodo 2011-2013.

Tras ser electo nuevamente en los comicios legislativos extraordinarios de enero pasado, convocados después de que Vizcarra disolviera el anterior parlamento, Merino fue nombrado presidente del Congreso este 16 de marzo, el mismo día que se decretó la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.

El legislador presidió una lista "multipartidaria" integrada por Luis Valdez, de la centrista Alianza para el Progreso; Guillermo Aliaga, de Somos Perú, y María Teresa Cabrera, de Podemos Perú.

Al asumir el cargo, aseguró que el Congreso debía "recuperar y fortalecer la confianza ciudadana" y que, por ese motivo, los legisladores tenían que "dar el ejemplo y tener una actitud responsable, transparente y eficaz”.

Centenares de manifestantes se congregaron el pasado martes en el centro de Lima y marchan hacia el Congreso en protesta contra la inminente juramentación de su titular, Manuel Merino, como nuevo presidente de Perú, tras la destitución de Martín Vizcarra.

Movilizados a través de las redes sociales, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, se reunieron desde primera hora de la mañana del martes portando banderas y carteles en protesta por la destitución de Vizcarra y por la asunción que realizará Merino en los próximos minutos, a quien califican de golpista y usurpador.

La Policía Nacional levantó cercas de metal para impedir el paso peatonal hacia la sede del Parlamento, cerca de la céntrica plaza San Martín, y anticipándose a la movilización de la ciudadanía, que manifestó su indignación por la decisión del Congreso a través de las redes sociales, en donde las críticas a la decisión del Congreso son un clamor.

En varios puntos de accceso al centro histórico de Lima, grupos de jóvenes se enfrentaron con la Policía para avanzar hacia el Congreso, lo que es impedido por los agentes con el uso de gases lacrimógenos.

El enojo de amplios sectores de la ciudadanía por la destitución de Vizcarra se vio reflejado durante la noche del lunes en el masivo apoyo recibido por un joven detenido por la Policía por darle un puñetazo en el rostro al legislador Ricardo Burga, del partido Acción Popular, uno de los que promovió la destitución presidencial.

En pocas horas, las redes sociales del agresor multiplicaron sus seguidores por varios miles, quienes expresaron respaldo y admiración.

Banderas con señales de luto, carteles con la mención de "Este presidente no me representa" o "Congreso usurpador" son algunas de las muestras de repudio que portan los manifestantes en el centro de la capital peruana.

La destitución de Martín Vizcarra como presidente de Perú por "incapacidad moral" no solo ha generado el rechazo de gran parte de los peruanos, sino que también ha llevado a expertos e instituciones a manifestar su preocupación ante una posible concentración de poder en manos del Legislativo.

La alerta ha sido lanzada después de que el martes pasado asumiera la jefatura del Estado el presidente del Congreso, Manuel Merino, ya que el destituido Vizcarra no tenía vicepresidente.

En ese contexto, constitucionalistas y medios locales recordaron que, a pesar de que el sistema político peruano plantea una clara división de poderes, existe una ley hasta ahora prácticamente olvidada que mantiene al presidente del Congreso en funciones cuando asume la jefatura del Estado.

Aunque la conducción del Congreso fue asumida este martes por el primer vicepresidente, Luis Valdez, se considera que el balance de poderes en el país será puesto en riesgo si en el próximo gabinete de ministros hay miembros de las bancadas parlamentarias que destituyeron a Vizcarra.

En ese contexto, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola remarcó que se debe garantizar la división de poderes para evitar que Perú se convierta en una autarquía, mientras el politólogo Fernando Tuesta no dudó en afirmar que "este es un Gobierno del Congreso".

Para muchos, la destitución de Vizcarra se concretó por "intereses subalternos" de políticos y partidos que también están involucrados en denuncias e investigaciones por presuntos actos de corrupción o por haber vulnerado leyes de gran apoyo en el país, como las dirigidas a mejorar la educación universitaria.

Este tema fue tocado directamente por Vizcarra al defenderse este lunes ante el pleno del Congreso, donde afirmó que 68 de los 130 congresistas actuales son investigados por el Ministerio Público, lo que motivó que algunos legisladores lanzaran reclamos, silbidos y golpearan sus mesas y escaños.

El tema también ha generado la preocupación de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este martes llamó "a garantizar la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos" en Perú.

En ese sentido, el organismo urgió al país andino a resolver "su actual crisis política en observancia a los estándares interamericanos sobre separación de los poderes y el respeto al Estado de Derecho, y mediante la realización de elecciones generales en las fechas programadas".

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifestó, a su turno, "su más profundo rechazo" a la destitución de Vizcarra y consideró que "la gravedad de esta decisión afecta el equilibrio de poderes y propicia la toma de decisiones populistas y en respuesta a intereses particulares, las cuales no van a tener un contrapeso en el poder Ejecutivo".

Al respecto, la secretaria general de la FIDH y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh Perú), Gloria Cano, sostuvo que los legisladores "han entregado el poder a grupos con intereses particulares sobre la educación, el tráfico de terrenos, el transporte, la trata de personas, entre muchos otros".

Manuel Merino tenía las horas contadas al frente de Perú, un fin que llegará ya sea por su dimisión o porque será destituido por el Congreso que hace menos de una semana lo elevó al poder, el mismo del que saldrá ahora con las manos manchadas de sangre.

El saldo trágico de, al menos, dos muertos en las marchas de protesta contra su Gobierno hace virtualmente imposible su permanencia en el poder, ante el visceral y profundo rechazo de la población a su figura y a la de quienes lo apoyaron en su fulgurante subida, y caída, de la oficina presidencial.

Sus aliados en esta drama político, convertido en una tragedia nacional que todo el mundo pudo ver venir pero que desde el Gobierno no se hizo el menor esfuerzo por evitar, ya han comenzado construir el ataúd administrativo por el que se despedirá de la presidencia.

El domingo en la mañana la Junta de Portavoces del Congreso ya se reunirá para evaluar la destitución del mandatario, un paso que se dará salvo que antes, como pide la gran mayoría del panorama político peruano, Merino presente su dimisión.

"Lo que sucede es gravísimo. Muertos. El señor Merino tiene que irse, no tiene autoridad siquiera para llamarse presidente interino. Nadie nunca lo reconoció, este pueblo menos. No puede seguir al frente del gobierno con las manos manchadas de sangre", dijo a Efe la diputada Mirtha Vázquez, del izquierdista Frente Amplio.

Vázquez, una de los pocos legisladores que votó en contra de la destitución de Vizcarra, apuntó entre lágrimas que "las horas del señor Merino está contada, no resiste una hora más, el país está reventado. Su presencia en el Gobierno ha llegado a su fin".

"Estoy consternada realmente, porque lo advertimos, y estos resultados trágicos son producto de esta necedad, de esta prepotencia... Realmente nos indigna mucho, pudiendo haberse evitado esta víctimas fatales, no se quiso", se lamentó la diputada.

Vázquez afirmó además que el Congreso será nuevamente el responsable de destituir al presidente de la República, como la única autoridad capaz de resolver la situación en el marco de la Constitución en caso de que Merino no dimita.

Pese a esa reacción, también pesará sobre ellos la "sangre" de los muertos.
"Todos tienen una corresponsabilidad, todo aquel que votó por esta medida, desde mi punto de vista tiene manchadas las manos de sangre. Todos sabían lo que iba a suceder, era previsible, absolutamente previsible", se lamentó en referencia a los 105 legisladores que permitieron esta situación.

Finalmente, el presidente de Perú renunció.Manuel Merino, anunció este domingo su renuncia cinco días después de haber asumido, en medio de masivas protestas en su contra y luego de que el Congreso lo exhortara a dimitir bajo amenaza de destituirlo de todos modos.

"Quiero hacer reconocimiento a todo el país que presento mi renuncia", declaró Merino en un mensaje al país por televisión, lo que desató una celebración en las calles de Lima, al día siguiente de la violenta represión de unas protestas que dejó dos muertos y un centenar de heridos.

El Gobierno del presidente interino de Perú, Manuel Merino, se tambaleaba el domingo tras la dimisión de más de la mitad del gabinete de ministros y una ola de reclamos para que renuncie al cargo luego de una noche de manifestaciones que dejó al menos dos muertos y centenares de heridos.

Las víctimas, las primeras desde el inicio de las protestas tras la destitución el lunes del presidente Martín Vizcarra por denuncias de corrupción, habían participado en la manifestación del sábado que terminó en choques con la policía en el centro de Lima, según fuentes médicas y sus familiares.

Tras las muertes, al menos 11 de los 18 ministros anunciaron de forma separada -algunos por Twitter- su renuncia al gabinete, entre ellos los encargados de las carteras de Justicia, Interior, Comercio Exterior y Energía y Minas.

En tanto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que reúne a las autoridades del interior del país, difundió un comunicado por Twitter "exigiendo la renuncia inmediata del señor Merino, responsable político de los hechos de violencia".

La protesta del sábado era pacífica, pero en la noche algunos manifestantes encapuchados que buscaban ingresar a una avenida en el centro de Lima que conduce al Congreso comenzaron a lanzar piedras y bombardas contra una barrera de la policía, que respondió con bombas lacrimógenas.

La estatal EsSalud informó en un comunicado la muerte de dos jóvenes "por heridas de proyectil de arma de fuego" y el ministerio de Salud dijo que 63 personas se encontraban hospitalizadas por golpes e inhalación de gases tóxicos. Nueve presentaban heridas de bala, refirió.

La abogada de la local Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, dijo por su parte que tienen registrados 102 heridos y que al menos 41 personas estaban desaparecidas.

El presidente del Congreso, Luis Valdéz, solicitó la renuncia de Merino, un pedido al que se sumaron figuras políticas como el alcalde de Lima y algunos posibles candidatos presidenciales.

El Congreso y el Tribunal Constitucional de Perú buscaban el lunes nombrar a un nuevo presidente encargado tras la renuncia de Manuel Merino luego de una gestión de apenas cinco días, en un intento por aplacar la convulsión política marcada por una extendida ola de protestas.

En las últimas horas del domingo, el Congreso no pudo elegir a la persona que liderará al país para completar el actual mandato gubernamental hasta julio del 2021, debido a la falta de consenso en torno a la legisladora de izquierda Rocío Silva-Santisteban, quien fue la única aspirante al cargo.

La propuesta para que la activista de derechos humanos asuma la presidencia interina del segundo mayor productor de cobre del mundo sólo recibió 42 votos a favor, mientras que 52 congresistas sufragaron en contra y 25 se abstuvieron de votar.

"Hay una inmadurez política de algunos y falta de autocrítica de otros frente a lo que ha pasado en el país en la última semana", dijo a periodistas el legislador Alberto De Belaunde, del centrista Partido Morado, antes de abandonar el Congreso unicameral en la madrugada del lunes.

El Congreso, con representantes de partidos de izquierda, centro, derecha, grupos radicales y hasta de un movimiento teocrático, convocó para las 14.00 hora local (1900 GMT) del lunes a un nuevo proceso de elección del sucesor de Merino.

De Belaunde dijo que su partido presentará al legislador Francisco Sagasti, un ingeniero industrial de 76 años y exfuncionario del Banco Mundial, como candidato a la presidencia interina y confía en el apoyo del parlamento. "Lo principal para Perú es retomar la estabilidad y que esta pesadilla termine".

El presidente interino Merino anunció el domingo su renuncia tras una intensa protesta contra su gobierno que dejó al menos dos muertos, decenas de heridos y desaparecidos y que llevaron al país a una nueva crisis política.

Merino había asumido la presidencia el martes luego de que el Congreso dominado por la oposición destituyó a Martín Vizcarra por denuncias de corrupción, lo que generó multitudinarias manifestaciones contra la decisión.

Con la designación de un nuevo mandatario interino, Perú tendrá tres presidentes en casi una semana.

El Tribunal Constitucional (TC) planea también una audiencia en las próximas horas para analizar una demanda pendiente presentada por Vizcarra en septiembre que podría anular -según algunos expertos sobre el tema- su vacancia presidencial.

La consultora Citi Research dijo en una nota que el regreso de Vizcarra era posible, aunque sería inusual que la máxima corte de Perú invalide la reciente actuación el Congreso.

"Creemos que en caso de que el TC decida de una manera que permitiría el regreso de Vizcarra, los mercados lo tomarían bien. Si Sagasti es elegido, eso podría ser suficiente para resolver la los nervios del mercado también", dijo Citi.

Sin embargo, el legislador Sagasti no percibe la posibilidad de la vuelta de Vizcarra. La sentencia "ya no tendría un efecto retroactivo y creo que la ciudadanía no está dispuesta de aceptar un regreso de Vizcarra y menos aún de Merino", dijo.

En este contexto, los mercados reaccionaron. La moneda local el sol , bajaba a mínimos históricos, aunque el referente de la Bolsa de Lima estaba estable.

El ingeniero y legislador centrista Francisco Sagasti fue elegido el lunes por el Congreso como mandatario interino de Perú, en busca de apaciguar una crisis política tras fuertes protestas y la salida de dos presidentes en una semana.

Sagasti, parlamentario del centrista Partido Morado, recibió 97 votos de apoyo y 26 en contra para encabezar una nueva junta directiva del Congreso unicameral, lo que constitucionalmente significa que asumirá la presidencia del país.

La elección se realizó un día después de la renuncia del mandatario encargado Manuel Merino y en medio de una ola de protestas que dejó dos muertos y decenas de heridos, luego de la impopular decisión del Congreso de destituir hace una semana a Martín Vizcarra por denuncias de corrupción.

"Hoy no es un día de celebración", dijo Sagasti, en sus primeras palabras en el Congreso, en relación a las dos muertes y heridos en la protesta. "No podemos retroceder, volverlos a la vida, pero si podemos desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar acciones para que esto no vuelva a suceder", manifestó.

Sagasti, de 76 años y exfuncionario del Banco Mundial, deberá completar el mandato gubernamental que culmina en julio del 2021 y que incluirá la celebración de elecciones presidenciales y congresales el 11 de abril.
El político se convierte en el cuarto presidente de Perú en menos de tres años, tras la renuncia de Merino y la destitución de Vizcarra -los dos en una semana- y de la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, por acusaciones de corrupción.

La designación de Sagasti apunta a calmar las protestas lideradas en su mayoría por jóvenes cansados de los políticos tradicionales, pero también a los mercados financieros.

El sol peruano cayó el lunes, antes de la elección de Sagasti, un 0,63% a 3,663/3,667 unidades por dólar, un mínimo histórico; mientras que el referente de la Bolsa de Lima cerró con una alza de 0,98%.

Poco después de su elección, Sagasti salió de la sede del Legislativo y se acercó a decenas de personas que esperaban la decisión del Congreso en el frontis para saludarlos con la mano en alto, gesto que fue aplaudido por los manifestantes.

Aunque la votación pareció calmar las tensiones, la desconfianza hacia los políticos aún persiste y en la noche del lunes centenares de personas volvieron a marchar por las calles de Lima, así como en otras regiones del país.

"Nueva Constitución", "Justicia para los caídos", gritaban algunos manifestantes según reportes de la televisión local.

El centrista Francisco Sagasti juró este martes como nuevo presidente de Perú y de inmediato pidió "perdón" a las familias de dos jóvenes muertos en las protestas de los indignados ciudadanos que hicieron caer a su efímero antecesor.

"Juro por la patria y todos los peruanos que ejerceré el cargo de presidente", declaró en una sesión plenaria del Congreso el ingeniero de 76 años, que debe gobernar hasta el 28 de julio de 2021.

A continuación pidió "perdón a nombre del Estado" a las familias de los dos manifestantes muertos el sábado, aparentemente a manos de la policía, en las protestas contra su antecesor, Manuel Merino.

"No podemos devolverles la vida a estos jóvenes", dijo el nuevo presidente sobre Inti Sotelo, de 24 años, y Jack Pintado, de 22, cuyos padres estaban presentes en la sesión del Congreso.

El flamante mandatario prometió que las elecciones generales del 11 de abril de 2021, de las que saldrá su sucesor, se realizarán "sin contratiempos" y serán "absolutamente limpias".

Dijo, además, que hará lo posible "para reducir los contagios de la pandemia, pero sin afectar la economía", que se encuentra en recesión tras un confinamiento nacional obligatorio de más de 100 días.

El 91 % de los peruanos desaprueba la destitución del expresidente Martín Vizcarra a manos del Congreso que se produjo el pasado día 9 de noviembre, mientras que un 78 % de ellos responsabiliza exclusivamente al Parlamento por la crisis política que se desató en consecuencia.

Así se desprende de la primera encuesta publicada sobre la gravísima crisis política y social que dejó dos muertos, decenas de heridos, casos de desaparecidos y la sucesión de dos presidentes en menos de una semana, realizada por el Instituto de Estudios Peruanos y difundida por el diario La República.

Los datos de la encuesta coinciden con la apreciación evidente en las calles del rechazo masivo a los pasos del Congreso que llevaron a la asunción de Manuel Merino como jefe del Estado y su ilegitimidad.

La encuesta se realizó por vía telefónica entre los días 12 y 15 de noviembre, aún bajo el mandato de Merino y antes de su dimisión, y cuenta con un margen de error de +/- 3,9%.

En otro dato significativo, la desaprobación de la gestión del Congreso alcanzó el 90%, mientras que la aprobación de Vizcarra al momento de su destitución fue del 77%, un registro récord en la vida política peruana y pese a las graves acusaciones de corrupción que pesan en su contra.

En octubre, la desaprobación del Congreso era del 65%.

El 83% de los peruanos considera además que la decisión de la vacancia se dio exclusivamente por los intereses políticos o personales de los congresistas y no por su compromiso en la lucha contra la corrupción.

Tal es así que un 56% de la población, siempre según esta encuesta, considera que este Congreso es peor aún que el disuelto en septiembre de 2019, un paso que fue decretado por Vizcarra y que también contó con un respaldo abrumador entre la población.