DEBATE POLÍTICO

El Frente Guasu, la mayor fuerza de izquierda de Paraguay, está promoviendo un juicio político al presidente Mario Abdo Benítez a causa de las negociaciones secretas con emisarios del líder opositora venezolano Juan Guaidó para reducir la deuda con la petrolera estatal de Venezuela.

La semana pasada el Gobierno reconoció que mantuvo contactos con emisarios de Guaidó, en los que se planteó una oferta que habría representado un ahorro de 160 millones de dólares de la deuda que reclama Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a Petróleos Paraguayos (Petropar).

La admisión del Gobierno se dio tras una publicación del diario The Washington Post, lo que motivó críticas de varios partidos de oposición, y desde dentro del oficialismo, al no haberse informado públicamente de esas gestiones.

El Frente Guasu menciona como argumentos de su iniciativa varios escándalos de corrupción que estallaron durante el Gobierno de Abdo Benítez, del Partido Colorado.

Además, recuerda la negociación secreta mantenida con Brasil, expresada en un acta de compra de energía de Itaipú, que tuvo al mandatario al borde del juicio político en agosto de 2019. Esa amenaza se desactivó al no estar apoyada por el sector colorado que lidera el expresidente Horacio Cartes, entonces enfrentado con el sector de Abdo Benítez.

El comunicado del Frente Guasu coincide con la convocatoria al Congreso a Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete de la Presidencia y la persona que se entrevistó con los emisarios de Guaidó en noviembre de 2019 en Asunción.

Villamayor compareció la semana pasada en dos ruedas de prensa para responder sobre esos contactos, que según su versión partieron del entorno de Guaidó y en los que participó Javier Troconis, el comisionado nombrado por el líder opositor venezolano para la gestión y recuperación de activos del país caribeño en el extranjero.

De acuerdo con Villamayor, se trataba de una oferta generosa para Paraguay, cuyo Gobierno reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Sin embargo, explicó que el proceso no avanzó al no existir garantías de que un posible preacuerdo fuera validado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, donde fue derivado el caso hace dos años por el régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con Villamayor, el borrador preveía una quita del 50% del capital, dejando la deuda en 132.940.000 dólares, y que Venezuela “renuncia a todos los intereses moratorios, compensatorios, judiciales y extrajudiciales”.

Según ese testimonio, el borrador negociado también comprometía a la parte venezolana a asumir el pago de 26 millones de dólares al equipo del abogado argentino Sebastián Vidal, que acompañó a Troconis en la reunión con Villamayor.