CRISIS POLÍTICA

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, alejó el fantasma del juicio político tras la anulación ayer jueves de un acuerdo energético con Brasil, detonante de una crisis que le ha tenido una semana contra las cuerdas y que le costó el cargo al canciller Luis Alberto Castigioni y a otros cuatro altos funcionarios.

Ambos países dejaron sin efecto el acta bilateral de compra de energía de la represa de Itaipú, en una reunión en la Cancillería paraguaya entre el nuevo canciller, Antonio Rivas, y el embajador brasileño, Carlos Simas Magalhaes.

Desde el Palacio de Gobierno acompañado de su esposa, Silvana López Moreira, y sus hijos, Abdo Benítez -que el 15 de agosto cumplirá un año en el cargo- anunció ayer mismo nuevas destituciones y dijo que no tolerará la corrupción. Además, agradeció el apoyo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. “La democracia ha triunfado”, afirmó.

La oposición paraguaya ha acusado al gobierno de Abdo Benítez de “secretismo” y de entregar la soberanía a Brasil, y por eso había impulsado en el Congreso un juicio político contra él y su vicepresidente, Hugo Velázquez.

Ayer jueves, luego del anuncio de la Cancillería de la cancelación del acuerdo, el movimiento Honor Colorado, la facción del oficialismo que lidera el expresidente Horacio Cartes, retiró su apoyo al juicio político. “Nos retiramos de la intención de iniciar el juicio político contra el Presidente de la República. Creemos que con el documento que deja sin efecto el acta bilateral, el daño está reparado”, anunció en su cuenta de Twitter el diputado Pedro Alliana. “Estamos con la postura de no avanzar con el proceso de juicio político, por lo menos por el momento”, remarcó Alliana, referente del sector de Cartes.

Sin el sector de Cartes, la oposición no cuenta con los votos para destituir al presidente.

Abdo Benítez recibió también el respaldo del gobierno de Brasil, según un comunicado de la Cancillería en la que se afirma que el presidente de Paraguay reúne “todas las condiciones” para “continuar conduciendo” el proyecto de desarrollo de su país.

En el polémico acuerdo, firmado en mayo pasado pero solo hecho público la semana pasada, se definió la contratación anual de distribución de la energía de la hidroeléctrica de Itaipú, segunda mayor del mundo y compartida por Paraguay y Brasil.

El desencadenante de la crisis fue el hasta entonces presidente de la Administración de Electricidad de Paraguay (ANDE), Pedro Ferreira, quien presentó su dimisión y denunció que el acuerdo conllevaba consecuencias desventajosas para el país debido a un incremento en la compra de magawatios que hasta entonces se adquirían a menor precio. Técnicos de la ANDE aseguraron que ello supondría un sobrecosto de unos 250 millones de dólares, además de un incremento de las tarifas eléctricas. Con la rectificación, ahora los técnicos deben definir el cronograma de potencia a ser contratada por ANDE y la brasileña Electrobas.

Una de las críticas de la oposición paraguaya era que el “pacto secreto” no anticipaba buenas señales para el país en la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, en 2023, relativo al costo de la energía que Paraguay vende a precio de costo a Brasil.