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¿Quién es Pablo Hasél, el rapero encarcelado tras polémicos tuits?

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Pablo Hasél, rapero español, fue detenido este martes. Foto: Reuters

POLÉMICA

Unos 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto en su defensa.

Símbolo para algunos de la libertad de expresión en España, el rapero catalán de 32 años Pablo Hasél, era relativamente anónimo antes de que sus problemas judiciales llevaran a su detención y encarcelamiento este martes para cumplir una pena de nueve meses por la publicación de tuits atacando la monarquía y las fuerzas de seguridad.

"¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!", gritaba con el puño alto Hasél mientras la policía lo escoltaba fuera de la universidad de Lérida, en la región nororiental de Cataluña, donde se había atrincherado la víspera con decenas de jóvenes.

"Muerte al Estado fascista", vociferó instantes antes de que los agentes lo introdujeran en el vehículo policial, entre abucheos de activistas que protestaban en esta ciudad a 150 km de Barcelona.

De allí fue llevado directamente al centro penitenciario de esa localidad, donde ingresó de inmediato, informó la policía.

Condenado a nueve meses de cárcel por unos tuits publicados entre 2014 y 2016, Hasél tenía plazo hasta el viernes para entregarse voluntariamente y empezar a cumplir sentencia por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las fuerzas de seguridad.

En los mensajes, el rapero arremetía contra la monarquía y llamaba, por ejemplo, "mercenarios de mierda" a las fuerzas policiales y las acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.

Una pancarta dice "¡Libertad Hasel!" en las afueras de la Universidad de Lleida, este lunes, donde Hasél se atrincheró. Foto: AFP
Una pancarta dice "¡Libertad Hasel!" en las afueras de la Universidad de Lleida, este lunes, donde Hasél se atrincheró. Foto: AFP

En 2014, el cantante ya había sido condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, por unas canciones donde pedía la muerte de la familia real o ensalzaba a grupos extremos responsables de acciones violentas.

En esa ocasión, el encarcelamiento no se ejecutó porque el rapero no tenía antecedentes y la pena no superaba los dos años.

Largo historial judicial

Hijo de un empresario, este rapero vive en su ciudad natal de Lérida, en Cataluña (noreste), donde su padre fue dirigente del club de fútbol local.

En 2018 explicó a la prensa que, como tenía problemas para encontrar un empleo estable, iba a trabajar durante la vendimia en Francia.

Los polémicos tuits no fueron su primer encuentro con la justicia. Sus elogios a la organización armada izquierdista Grapo - acusada de más de 80 asesinatos o tentativas entre 1975 o 2003 - le valieron pequeñas condenas desde 2011 que también generaron polémica y muestras de apoyo al rapero.

En 2014 fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo pero no llegó a ser encarcelado porque no tenía antecedentes penales y la pena no superaba los dos años.

Y el pasado junio recibió otra sentencia de seis meses de cárcel por rociar con un líquido de limpieza a un periodista.

Abonado a la polémica, el viernes, cuando terminaba su plazo para entregarse, publicó su última canción arremetiendo contra el gobierno de izquierdas español y el actual rey Felipe VI.

"Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI", cantaba.

"Una falsa democracia"

En una entrevista telefónica con AFP, Hasél había dicho el viernes que no se entregaría.

"Tendrán que venir ellos a secuestrarme y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia", dijo, desafiante.

El lunes, ante los rumores de una detención inminente, se atrincheró en el edificio del rectorado de la universidad de su ciudad natal junto a decenas de jóvenes que querían dificultar su arresto.

Los agentes policiales llegaron sobre las 06H30 (05H30 GMT) y, pese a encontrarse algunas barricadas y contenedores para impedir su acceso, pudieron ir desalojar los activistas sin "incidentes graves", comentó un portavoz.

En Madrid y en Barcelona se han celebrado manifestaciones de apoyo a Hasél, que se podrían repetir en la tarde del martes.

Unos 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto en su defensa.

Incomodidad del gobierno

El escándalo incomoda al gobierno de izquierdas del socialista Pedro Sánchez, cuya portavoz María Jesús Montero reconoció la semana anterior que no había "proporcionalidad" en la condena al rapero.

La vicepresidenta Carmen Calvo evitó pronunciarse este martes sobre la decisión judicial, pero reiteró la voluntad del gobierno de revisar este tipo de delitos para que no sean sancionados con penas de cárcel.

"En el ámbito de la libertad de expresión debe haber una horquilla de comprensión y tolerancia propia de una democracia madura como la nuestra", dijo tras la reunión del Consejo de Ministros.

Su socio minoritario en la coalición, la izquierda radical Podemos, salió en tromba contra el arresto.

"Todos aquellos que presumen de esta 'plena normalidad democrática' y se consideran progresistas, deberían sentir vergüenza", tuiteó la formación.
El mensaje evoca unas recientes declaraciones de su líder y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, quien aseguró que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España".

Sus comentarios, que generaron discordia dentro del gobierno, se referían a la situación de los nueve dirigentes catalanes que cumplen entre 9 y 13 años de cárcel por el fallido intento de secesión de 2017.

El caso de Hasél recuerda al del rapero español Valtonyc, quien en 2018 se marchó a Bélgica horas antes de entrar en prisión para cumplir una condena por injurias al rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones.

Bélgica ha rechazado la extradición solicitada por España hasta el momento, alegando que sus acciones no constituyen delito bajo la ley belga. El caso está pendiente de un proceso de apelación.

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