NICARAGUA

Prohíbe a beneficiados seguir en las protestas; impide castigar por reprimir

El Congreso de Nicaragua aprobó ayer sábado, con el voto mayoritario del oficialismo, una ley de amnistía que favorece a los opositores presos y cierra la posibilidad de castigar a los responsables de la represión de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

“Se aprueba en lo general la ley de amnistía”, anunció el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, al cerrar la votación que contó con el apoyo de 70 legisladores del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) y el rechazo de 15 opositores.

La ley favorece a “todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018”, cuando estallaron las protestas y abarca a las personas que han sido o puedan ser investigadas o estén cumpliendo sentencias.

Incluye a los opositores que están presos por participar en las protestas, quienes deberán ser liberados “de forma inmediata” cuando la disposición entre en vigencia, con su publicación en la gaceta oficial.

Establece, además, que los beneficiados deberán “abstenerse” de volver a participar en protestas.

Con la aprobación de la amnistía, se cierra la posibilidad de investigar y castigar a quienes reprimieron las protestas que estallaron en abril de 2018 contra Ortega, tras una cuestionada reforma de la seguridad social, que se transformó en una demanda de salida del mandatario, en el poder desde el 2007.

“El camino de la paz y la reconciliación solo puede ser a través del perdón, y nos duele tener que amnistiar a asesinos confesos de policías”, pero “la patria es primero”, argumentó el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del oficialista FSLN, que promovió la ley.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que reúne a más 70 grupos opositores, consideró que la amnistía “pretende proteger los crímenes que ha cometido (el gobierno) a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares”.

A su vez, a Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del gobierno en la mesa de negociación con la que esperan superar la crisis, criticó la nueva ley, en una declaración.

“La Ley de Amnistía presentada por el régimen es una ley de impunidad porque pretende proteger los crímenes que ha cometido a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares”, señaló .

Según la versión de la Alianza Cívica, en Nicaragua, a partir del 18 abril de 2018, -fecha señalada en la nueva ley- “el régimen implementó una política de violenta represión y sistemática violación contra la población que ejercía su derecho constitucional a la protesta cívica y pacífica”, por lo que busca proteger a los suyos.

La oposición observó que el texto es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita y ratificada por el Estado de Nicaragua, “ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, ni prescriben”.

Asimismo, la Alianza Cívica insistió en crear una Comisión de la Verdad imparcial y creíble, una fiscalía especial, y la instalación de un sistema de justicia transicional y el compromiso del Estado de no repetición.