La decisión de la Asamblea Legislativa de Nicaragua de destituir a la mayoría de los diputados opositores sumerge al país en una grave crisis política a tres meses de las elecciones generales de la que solo se favorece el presidente Daniel Ortega.

Los diputados removidos son los mismos que encabezan la principal coalición opositora y que, afectados por una serie de fallos judiciales que los dejaron sin partido, decidieron no participar en esos comicios que califican de "farsa" y en los que el presidente Ortega buscará su cuarto mandato y tercero consecutivo.

Los legisladores expulsados pertenecen a la Coalición Nacional por la Democracia que desde el año pasado protestan en las calles todos los miércoles para exigir elecciones libres, transparentes, incluyentes y con presencia de observadores. También acusan a Ortega de "dictador" y de querer instaurar un régimen de partido único.

El Consejo Superior de la Empresa Privada criticó la medida por considerar que debilita la democracia.

Por su parte, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, estima que la destitución de los legisladores profundiza "la crisis política e incertidumbre que vive el país", y afecta el clima de negocios.

CRISIS EN NICARAGUA