ARGENTINA

Cristóbal López y De Sousa; procesaron a Ricardo Echegaray.

Un juez argentino ordenó ayer martes la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por presunto fraude millonario al Estado por evadir impuestos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El magistrado Julián Ercolini ordenó embargos sobre López y De Sousa hasta cubrir la suma de 17.042 millones de pesos (967,22 millones de dólares) y procesó sin prisión preventiva al exdirector del Fisco, Ricardo Echegaray.

La decisión de detener a López y De Sousa, su socio, se produce después de que en octubre de 2016 el fiscal Gerardo Pollicita pidiera el procesamiento de ambos, así como de Echegaray y de otras 19 personas "por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

En el caso se investiga a exfuncionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) —que ocuparon cargos durante el kirchnerismo a las órdenes de Echegaray— por posibles maniobras para favorecer "ilegítimamente" a los empresarios de la firma Oil Combustibles S.A., perteneciente al Grupo Indalo, presidido por López.

Según el expediente, la AFIP se prestó a irregularidades en el otorgamiento de planes de facilidades de pago respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos que dicha firma debía ingresar al Fisco y que, en cambio, utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo. En concreto, se acusa a los procesados de adeudar 8.000 millones de pesos argentinos (alrededor de 454 millones de dólares).

Los hechos investigados van de mayo de 2013 a diciembre de 2015, cuando Echegaray abandonó la AFIP.

La investigación, cuyos imputados ya prestaron declaración ante el juez, se inició en 2008 a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió por presunta asociación ilícita contra el expresidente Néstor Kirchner, funcionarios de gobierno y un grupo de empresarios, entre ellos López, De Sousa y Lázaro Báez, este último detenido desde hace año y medio en otra causa por presunto lavado de dinero.

No obstante, López está afectado en otras causas, principalmente por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante el Gobierno de Fernández.

Es así que junto a Báez y la propia exmandataria está acusado de formar una asociación ilícita por los supuestos negocios irregulares cometidos en torno a esas concesiones.