La autoridad electoral prometió pronunciarse el lunes ante la presión.

La oposición venezolana salió ayer a las calles para exigir al poder electoral que active el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, cuyo gobierno busca anularla como actor político para evitar que avance el proceso. "Revocatorio ya", gritaban seguidores de la oposición que se reunieron en dos sectores del este de Caracas para intentar marchar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pretenden entregar una carta con su petición.

Barricadas y efectivos antimotines de la policía civil y militarizada bloqueaban algunas vías para impedir el avance de la manifestación. Las autoridades del CNE advirtieron el martes que pararán el proceso si hay violencia y que no permitirán "presiones".

La MUD convocó la movilización para reclamar al CNE, al que acusa de servir al gobierno, que fije la fecha de recolección de cuatro millones de firmas, necesarias para convocar el referendo. Pero el CNE ni siquiera ha anunciado si se puede pasar a esa segunda etapa del largo proceso. El pasado martes, la oposición quedó esperando que el órgano comicial le confirmara que reunió las 200.000 rúbricas que son requisito inicial para activar el referendo y cumplir la primera fase.

A última hora, el CNE anunció que será el lunes 1° de agosto próximo cuando analizará la validez de las firmas, sin aclarar si se pronunciará ese día sobre la activación de la consulta.

"Como el gobierno está desesperado, le teme a la consulta popular, utilizará todos los ardides" para evitar el referendo, afirmó el jefe del Parlamento —de mayoría opositora—, Henry Ramos Allup, quien encabeza una concentración en La Florida, también en el este.

La tensión subió el martes cuando el chavismo pidió al CNE anular la inscripción de la MUD como partido político, alegando que cometió un "fraude gigantesco" en la recolección de las 200.000 firmas.

"A nosotros no nos extraña nada de lo que hagan", aseguró Ramos, al señalar que la MUD no es un "parapeto" sino que representa a un sector de la población que exige su derecho al referendo. Para algunos analistas, la petición es improcedente, pero reconocen que podría retrasar el proceso, ya de por sí con los tiempos muy ajustados para que el referendo sea este año. La MUD busca que la consulta se haga antes del 10 de enero de 2017, pues si Maduro pierde en ese momento habrá elecciones. Pero si ocurre después de esa fecha, y es revocado, los dos años de mandato que le faltarían los completará su vicepresidente.

"El argumento para ilegalizar a la MUD no tiene sustento práctico, pero como estrategia para demorar el proceso puede servirle al chavismo, los lapsos empiezan a cerrarse de forma peligrosa", comentó a la AFP Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales.

En su carrera contrarreloj, la MUD debe lograr que el CNE fije pronto la fecha para recoger —en tres días— las cuatro millones de firmas, pues luego el CNE se tomará 15 días hábiles para contabilizarlas y tres meses más para organizar la consulta. Para el constitucionalista José Ignacio Hernández la petición oficialista de ilegalizar a la MUD "jurídicamente no tiene mucho sentido". "Será un pote de humo o un golpe más duro al referendo", afirmó. El analista Luis Vicente León dijo que la solicitud del chavismo es "totalmente destemplada e insólita", y que luce "como un distractor y un mensaje más para los propios cuadros internos".

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en Buenos Aires las detenciones arbitrarias de disidentes políticos en Venezuela —21 desde mayo—, la "gravedad" de las violaciones de derechos humanos que se cometen y la falta de una justicia independiente.

"Venezuela está regido por un régimen cívico militar", aseveró en la capital argentina el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, durante la presentación a la prensa de un informe sobre la situación de los disidentes políticos.

El documento, construido a partir de testimonios de familiares, abogados y víctimas, revela que desde mayo de este año se han producido al menos 21 detenciones "arbitrarias" de disidentes políticos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional.

Según Vivanco, los detenidos denunciaron abusos, torturas y tratos "crueles e inhumanos" como intentos de violación, amenazas de muerte, asfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas o golpes "brutales" por parte de las fuerzas de inteligencia "sin respeto al debido proceso", que luego "no son investigados".

El objetivo es "castigarlos" e "intimidarlos" para arrancarles confesiones y que se autoinculpen de delitos "que no han cometido", agregó antes de destacar que normalmente se les imputan cargos basados en documentación "ilícita" o escasa.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pidió ayer a Argentina que se sume a la invocación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Venezuela para frenar las detenciones "arbitrarias" y las "violaciones" de derechos humanos en el país. "Los avances que se pueden producir deben estar vinculados a una presión enérgica por parte de la comunidad internacional a través de la Carta Democrática", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, durante la presentación de un informe sobre la situación de los disidentes políticos en Venezuela. Vivanco denunció la "gravedad" de las violaciones de derechos humanos que se cometen, la "sistematicidad" con que los agentes del Estado venezolano incurren en ataques "brutales".

Henry Ramos Allup - Presidente de la asamblea nacional.

"Lo que pretendemos hoy es entregar una carta de la MUD haciendo un recuento de que hemos cumplido todas las exigencias y que (...) el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue, fraudulentamente, impidiendo el ejercicio de ese derecho", dijo a los periodistas el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Henry Ramos Allup, durante la movilización ante la autoridad electoral.

Advirtió a la rectora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, de que si el lunes el CNE falla a este compromiso, ella deberá hacerse responsable por las consecuencias de lo que pudiera pasar en el país. "Nos vamos a retirar, pero ya hay un compromiso, el lunes dijeron que iban a dar respuesta", señaló el también gobernador del estado Miranda (centro).

Ajeno al problema que moviliza a miles de venezolanos, el mandatario habló del que a él lo desvela. "Realidades virtuales como el nuevo juego que hay por ahí, Pokémon Go, ¿ustedes lo conocen? Miles de jóvenes, miles de personas, terminan viviendo en una realidad virtual", agregó durante su programa semanal de televisión. El popular juego aún no está disponible para Venezuela.

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