Esperan 11 millones de votos en rechazo a Constituyente; chavismo hace ensayo electoral.

El proceso de reforma constitucional que impulsa el Gobierno de Venezuela mantiene movilizado al chavismo, que afinó su maquinaria para practicar hoy domingo las elecciones a la Constituyente, y a la oposición, que prevé que 11 millones de personas expresarán en esta jornada su rechazo al cambio de la Carta Magna.

Los venezolanos están llamados a expresar su apoyo o rechazo a la Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro, en una consulta convocada al margen del Gobierno por la oposición, que ve este proceso como un intento del oficialismo de "consolidar la dictadura" y aspira a detenerlo.

Pero, hoy también se moviliza el chavismo, que hará un simulacro, convocado por el Poder Electoral, sobre las elecciones del próximo 30 de julio, día en que se escogerán a los redactores del nuevo y eventual ordenamiento jurídico del país.

El jefe de campaña del oficialismo para la elección de la Constituyente, Héctor Rodríguez, ha dicho que para este simulacro hay 2.000 puntos instalados en todo el país, y 2.000 máquinas electorales.

Ante esta actividad, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a su estructura de movilización, con la que pretende probar la maquinaria electoral.

"Esta es una instrucción a todos los comandos de campaña, que este domingo, aparte de hacer el simulacro, vamos a aprovechar el Comando Zamora para probar toda la maquinaria electoral", dijo Rodríguez en un encuentro con la militancia, en referencia al comando de campaña para la Constituyente. Agregó que el operativo será para "corregir" todo lo que deba corregir, "y llegar al 30 de julio en una elección perfecta".

Rodríguez, que además es candidato en este proceso, pidió a los movimientos sociales y a los partidarios de la llamada "revolución bolivariana" seguir "afinando los 1x10", un mecanismo que orienta a cada militante a movilizar al menos a diez electores.

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Mientras tanto, los opositores realizan su consulta popular, un proceso sin aval ni logística del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que las autoridades han considerado ilegal.

Los expresidentes Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia), Laura Chinchilla y Miguel A. Rodríguez (Costa Rica) llegaron ayer a Caracas para estar presentes en la votación.

El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela Henrique Capriles señaló, apoyándose en un estudio de la encuestadora Datanálisis, que se espera la participación de al menos 11 millones de personas en esta consulta.

"Eso sin contar a quienes viven en el exterior. Si salen 11 millones de venezolanos, el día lunes pasaremos a una etapa de más presión. La hora cero depende de la contundencia de este 16 de julio. Las próximas horas son decisivas", dijo el líder opositor.Además, resaltó que los venezolanos ofrecerán "un mensaje bien claro" y que el Gobierno "tendrá que respetar esa decisión".

La oposición ha instalado 14.300 mesas de votación en Venezuela y 500 en 80 países, incluido Uruguay.

Miembros del gobernante PSUV han adelantado que la oposición pretenderá inflar los números de participación ya que, a pesar de que el proceso contará con el aval de observadores internacionales, ninguna institución estatal lo supervisa.

Y, ya que la votación se hace de forma manual y los electores no tendrán un centro de votación específico a diferencia de unos comicios regulares, la propia oposición ha pedido "conciencia cívica" para que los electores sufraguen una sola vez haciendo valer la máxima de "un elector, un voto".

El plebiscito simbólico de hoy es presentado como un acto de "desobediencia civil" contra Maduro, a quien la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrátioca (MUD) desconoce invocando un artículo constitucional que consagra el derecho a rebelarse contra gobiernos autoritarios. Si bien no es legalmente vinculante, la votación busca hacer notorio el rechazo a la Constituyente, que se sitúa en el 70%, según la encuestadora Datanálisis. La oposición arrasó en las elecciones parlamentarias de 2015 —la última elección en Venezuela— con una diferencia de 2,1 millones de votos sobre el chavismo.

La MUD considera que con la consulta que se efectúa hoy, comenzará la fase decisiva para sacar del poder a Maduro, acosado por protestas que ya han dejado 95 muertos desde el 1° de abril, y por una situación económica adversa que causa penurias a la población.

Maduro fue elegido hasta enero de 2019, pero la oposición teme que la Constituyente pueda cambiar el sistema electoral para perpetuar al chavismo. Por ello, asegura que el plebiscito marca la "hora cero" de su ofensiva final.

El presidente Nicolás Maduro dijo que respeta a sus compatriotas que no votarán en la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

"Hay gente que no va a votar (en la ANC), está bien, los respeto (...), son libres, pero tienen que saber que el 30 de julio se define el destino de Venezuela, si queremos paz o va a haber una guerra en este país", dijo Maduro en un acto con simpatizantes chavistas en Caracas."Hay gente que con tanta campaña, con tanta guerra, se confunde, y nosotros tenemos que tener clarita la conciencia, no queremos nuevamente un país de ricos y pobres", añadió.

Maduro dijo que desea que la plenaria de la ANC redacte una "ley constitucional" con el "más alto rango", para que las herramientas jurídicas surgidas de esta instancia estén "por encima" de las leyes orgánicas marco y que ofrezca una "protección legal" a los planes sociales del gobierno.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, veterana chavista que rompió con el presidente Nicolás Maduro, aseguró que no teme someterse al detector de mentiras como pidió el máximo tribunal, que evalúa enjuiciarla y eventualmente destituirla.

"No tengo ningún temor de someterme a la prueba del polígrafo, pero no puedo hacerlo si esa prueba es dirigida por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegítimo, cuyo poder no reconozco", expresó en un video que compartió en Twitter. Afirmó que el polígrafo está tan cuestionado "como la tortura", porque viola "los derechos humanos, el debido proceso y la dignidad de las personas".

Sin embargo, aclaró que está dispuesta a pasar por el detector de mentiras si el TSJ reconoce que esa prueba viola los derechos humanos y se compromete a no realizarla de nuevo.

"Estoy dispuesta a sacrificar mi propio derecho para proteger al resto del país a semejante abuso de poder", añadió.

La corte, acusada de servir al gobierno de Nicolás Maduro, citó a la funcionaria para someterla a la prueba mañana lunes en la policía científica, como parte del proceso para decidir si le realiza un juicio por supuestamente haber mentido al afirmar que no aprobó la selección de 33 magistrados.

El diputado oficialista Pedro Carreño solicitó enjuiciarla y destituirla.

La fiscal asegura que nunca firmó el acta de selección de esos magistrados, que fueron designados por el Parlamento en diciembre de 2015, cuando el chavismo aún lo controlaba.

Ortega considera que el proceso en su contra se ha vuelto una "persecución penal", pues el TSJ le prohibió salir del país y le congeló sus bienes.

Ortega se distanció de Maduro hace tres meses y medio, tras denunciar una "ruptura del orden constitucional" por decisiones del TSJ que socavaron las competencias del Legislativo, hoy de mayoría opositora. Se ha convertido en férrea adversaria de Maduro, oponiéndose a la Asamblea Constituyente. Fuente: AFP

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