Luego que el fiscal federal Guillermo Marijuan pidiera el miércoles que se cite a declarar en indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Economía Axel Kicillof en el marco de la causa que investiga el supuesto ocultamiento de grandes operaciones bancarias vinculadas a Lázaro Báez, el caso avanzó ayer en Santa Cruz, la provincia natal de la exmandataria.

Es que el juez Sebastián Casanello ordenó un operativo en la sede del Banco Santa Cruz en Río Gallegos, que figura en una lista de entidades financieras vinculadas a transferencias al exterior.

Según informó el diario Clarín, se solicitó documentación sobre transferencias al exterior desde el 2007, el año en que asumió el poder Cristina Kirchner.

Los delitos por los que acusa a la expresidenta son incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia. El fiscal solicitó además la prohibición de salida del país para Cristina Kirchner.

La causa, iniciada el 10 de junio pasado, tenía hasta ahora como principal acusada a la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona. La hipótesis es que la oficina a su cargo recibió de los abogados que representan a la Argentina en los litigios contra los fondos buitres en los Estados Unidos, información sobre sospechosos movimientos de dinero de Lázaro Báez, sus empresas y gente vinculada con él y que la ocultó dolosamente.

Ahora, Marijuan pidió que en el marco de esta misma causa sean citados Cristina Kirchner (Abbona fue procuradora del Tesoro durante su gobierno) y Kicillof, que habría estado al tanto de la información que tenían los abogados del Estado.

Fuentes judiciales relataron que Marijuan sostiene su acusación en que, a su juicio, es evidente que Cristina Kirchner sabía de la información recibida porque la procuradora del Tesoro —jefa de los abogados del Estado— dependía de ella; porque se trataba de un tema muy sensible que había tomado enorme difusión pública y por los vínculos que tenían los Kirchner con Báez. 

CORRUPCIÓN K