LOS CASOS SON DE ESTE AÑO

Expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas dijeron ayer miércoles que estaban investigando 200 muertes presuntamente cometidas este año por fuerzas policiales venezolanas, en medio de preocupaciones por posibles ejecuciones sumarias.

Expresando inquietud por las muertes, los expertos aseguraron que las autoridades no entregaron los certificados de defunción, cobraron honorarios por las autopsias y entregaron los cadáveres en un “ataúd cerrado, con la instrucción de no ser abierto”.

Marta Valinas, jefa de una misión de investigación de la ONU, dijo que el saldo de 200 decesos incluyó a personas muertas en un gran operativo policial en el barrio La Vega de Caracas, del 7 al 9 de enero.

“Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los muertos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, dijo Valinas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Al menos 23 personas murieron ese fin de semana en un enfrentamiento entre la policía y las pandillas, según informes de prensa y activistas, mientras el gobierno se enfrentaba al escrutinio internacional por asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad.

En Caracas, la cancillería afirmó en un comunicado que rechazaba “las falsas acusaciones realizadas por la mal llamada Misión Internacional de Determinación de los Hechos”.

“Esta pseudo Misión (...) es muestra palpable del doble rasero y el uso político de los mecanismos internacionales de derechos humanos con la sola finalidad de seguir atacando a las instituciones venezolanas”, agregó la cancillería en su comunicado divulgado por el ministro Jorge Arreaza.